La nación que lidera Luis Arce, busca aumentar los niveles de descarga de hidrocarburos por las costas de Arica, primero solicitando a la Armada de Chile que autorice descargar con olas de 1,5 metros de altura desde el terminal que tiene habilitado (YPFB).
También estudia el trazado de la tubería donde se implementaría el uso de bombas hidráulicas que permitan impulsar y lograr conducir los combustibles que se almacenan en los estanques Sica Sica, a través del oleoducto y en camiones cisterna, hasta las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz, en donde lo transformarían en gasolina y diésel, ambos carburantes claves para el funcionamiento del país altiplánico.
Por un lado, se adopta una decisión de Estado a espaldas de la ciudadanía, de forma inconsulta y sin advertir el impacto y alcance que eso puede tener en términos políticos y diplomáticos. Sobre todo, considerando que se trata de una nación vecina que ha mostrado una permanente hostilidad hacia Chile, y que no ha colaborado en absoluto con la reconducción y el permanente tráfico irregular de personas, productos, sustancias y contrabando de frutas y verduras que se registra desde Bolivia hacia nuestro territorio.
Este episodio levanta una serie de cuestionamientos e inquietudes, entre ellos, ¿por qué Difrol presta asistencia a una entidad extranjera? ¿Se cumple con las normativas ambientales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)? Y ¿cuál es el estado actual del oleoducto y su impacto en el medioambiente? Pues se trata de una infraestructura que data de 1957, y no se conoce cuál es su estado de mantención actual y si cumple con la normativa vigente.
La situación requiere una explicación por parte de Cancillería y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), ya que esto se está realizando de forma inconsulta y de manera “reservada”, pese a la incertidumbre que genera este tema entre los habitantes de Arica y Parinacota, que son los que resultan directamente afectados por este tipo de determinaciones.
Si bien se requiere una modernización de las instalaciones de hace casi 60 años, es necesario preguntarse de dónde saldrán los recursos para realizar esas obras, y qué compromisos le exigirá Chile a Bolivia que cumpla, ya que hasta ahora se ha impuesto una diplomacia unilateral, donde el país vecino no colabora con nuestra Nación, en las materias solicitadas, pero ahora que ellos requieren del Estado chileno, vuelven a establecer relaciones bilaterales.
Aquí debe primar el principio de reciprocidad, porque no se le pueden hacer concesiones de este tipo al país altiplánico, sin garantizar que ellos cumplirán con sus obligaciones y colaborarán con nosotros en un tema tan delicado para el país y las regiones de la zona norte, como es el permanente paso irregular de inmigrantes, muchos de los cuales llegan provenientes precisamente desde Bolivia.
Si Bolivia no está dispuesta a establecer reciprocidad en las materias solicitadas, mediante compromisos que queden legal y políticamente establecidos, el Estado de Chile no debe avanzar un ápice en esta petición de revertir el oleoducto.
Las relaciones bilaterales se construyen sobre la base del interés común de los países involucrados y no de una sola de las partes. La diplomacia chilena no puede caer en esta trampa y pensar que, haciendo un guiño a las autoridades altiplánicas, estas cesarán sus hostilidades hacia nuestro país. Aquello sería pecar de ingenuos.
Como senador de Arica y Parinacota voy a velar porque el actual gobierno del Presidente Boric actúe con total transparencia en esta materia, tal como se lo planteé al mandatario recientemente, en Cerro Castillo, haciéndole entrega de un oficio con estas aprehensiones por lo que exigiré toda la información pertinente de las conversaciones que se están sosteniendo con la empresa estatal boliviana, de manera que los intereses y la soberanía de Chile y sus habitantes quede debidamente resguardada.
Miguel Durana
