Por la investigación penal que la Fiscalía abrió para dilucidar cómo el equipo del Presidente Gabriel Boric tuvo acceso a una denuncia que encuentra desformalizada y bajo reserva, – y de la cual no habían registros en los sistemas del Poder Judicial y el Ministerio Público- fueron consultados tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como el subsecretario de la cartera, Luis Cordero.
La indagatoria nace luego que Presidencia haya develado la existencia de una acusación de una mujer contra el Presidente Gabriel Boric -y quien resulte responsable- por la difusión de imágenes privadas. Una acción por la cual, el abogado del Mandatario, Jonatan Valenzuela, remitió una serie de correos que la denunciante envió a Boric entre julio del 2013 a 2014, y que juicio del Gobierno, constituyen una actitud de hostigamiento.
En el marco de actividad para informar del inicio de la fiscalización de armas inscritas activas a cargo de personal del Ejército en la Región Metropolitana, la ministra Tohá fue requerida por el acceso de los asesores a la denuncia.
«La verdad ayer el abogado del Presidente entregó toda la información sobre esta temática, también se refirió la ministra vocera. Nosotros como Gobierno no tenemos más antecedentes que agregar a lo que se ha planteado y cuando los haya, va a estar en manos del abogado entregarlos, entonces probablemente, próximamente va a tener información a propósito de su consulta de parte del abogado del Presidente», afirmó.
Consultada respecto a si la denuncia contra el Mandatario influyó en su respuesta sobre el caso Monsalve, y si puede descartar que el Presidente le comentó al entonces subsecretario que existía esta acusación en su contra, Tohá sostuvo que «no es necesario que me refiera a ninguna de esas dos preguntas porque ayer se le plantearon a la ministra vocera y las contestó, entonces son temas que están ya contestados».
Sí respondió la ministra sobre el impacto que ambas tramas judiciales pueda tener en la relación del Gobierno con la oposición. «Lo que es importante, creo yo, ante un Gobierno, ante cualquier institución pública, es que cuando hay investigaciones, cuando se plantean denuncias de cualquier tipo, haya un comportamiento apegado a las normas y al mandato institucional que tenemos, y como Ejecutivo podemos decir tajantemente que así hemos actuado en todos los casos, afecten a quien afecten«, aseguró.
Y añadió que «cuando han sido personas cercanas, lejanas al Gobierno, el criterio siempre ha sido el mismo y por lo tanto lo que nosotros esperaríamos es que esto, si tiene alguna, digamos, presencia en el debate público, sea para mejorar y profundizar la capacidad de las instituciones de responder con transparencia, apegados a la justicia, sin ningún tipo de interferencia cuando hay casos de esta naturaleza. En ese sentido no creemos que haya ninguna razón por la cual esto deba trabar o dificultar el trabajo legislativo».
Cordero Fue en el Palacio de La Moneda, tras encabezar el Comité Directivo del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Drogas, que al subsecretario del Interior, Luis Cordero, se le preguntó por la investigación penal que abrió la Fiscalía para saber cómo el equipo del Mandatario se enteró de la denuncia. «Yo lo que me puedo referir sobre ese punto es que este es un asunto entregado a los abogados personales del Presidente de la República, quienes están a cargo con un mandato del Presidente sobre su monitoreo en general, porque el Presidente ha tenido, hay acciones que se han ejercido, que son conocidas de todos ustedes, y respecto de ese asunto se van a referir los abogados del Presidente», respondió.
En ese sentido, adujo que «el Gobierno no tiene nada que referirse sobre ese punto porque es un asunto que son ellos los que han estado a cargo de esa gestión y que tienen mandato del Presidente para abordar esas causas».
En cuanto a si es más adecuado que el Ejecutivo espere la resolución de la justicia antes de enjuiciar la denuncia como «sin sustento», Cordero apuntó a dos elementos. «El Gobierno nunca hace declaraciones y ha sido siempre bien respetuoso de las decisiones jurisdiccionales y sobre todo de las competencias privativas».
Sin embargo, agregó que «la ministra Vallejo se ha referido a la opinión que tiene el Ejecutivo sobre los hechos que se presentan en esa denuncia. El Ejecutivo, de hecho, desconoce una serie de antecedentes que se divulgaron el día de ayer y que, en algún sentido, sustentan la opinión que realizó la ministra Vallejo». (Emol)
