“Existiendo las mismas condiciones económicas, sociales o de vulnerabilidad, la situación migratoria no será una circunstancia de ventaja con respecto a los nacionales”.
Esa frase podría ser incluida en distintos artículos de la Ley n°21.325, de migración y extranjería, de aprobarse en el Senado la propuesta que esta semana despachó la Cámara de Diputados.
A través de un proyecto de ley que modifica esa normativa legal, los diputados de oposición incluimos esa norma buscando responder a una necesidad de miles de familias chilenas que ven mermadas sus posibilidades de acceso a educación y salud, entre otras, por la priorización que los migrantes ilegales tienen.
Sí, aunque parezca difícil de creer, si un extranjero ilegal quiere conseguir un cupo para una sala cuna Junji, su situación migratoria lo pone en el primer lugar de acceso, dejando –por ende- menos vacantes para aquellos que sí cumplen la ley, para las familias chilenas e, incluso, para quienes están en situación de discapacidad.
Así, a pesar de los parlamentarios oficialistas, que se restaron de gran parte de la discusión y votación de este proyecto de ley en la Comisión de Gobierno Interior, la propuesta que despachamos a segundo trámite no hace más que imponer el sentido común.
Junto al Ejecutivo, y aunque se nos acuse permanentemente de obstruccionismo, los diputados de oposición acordamos una serie de modificaciones a la legislación migratoria, consiguiendo que ésta pueda ser más robusta y vaya terminando, de una vez por todas, con la romantización de la migración ilegal que la izquierda ha promovido.
En este sentido, el texto que sale de la Cámara de Diputados no sólo permite proteger de mejor manera los derechos de los nacionales, sino que también aumenta al doble (de 5 a 10) la cantidad de años para nacionalizarse; genera mayor control y sanciones respecto del ingreso y salida de migrantes; pone mayores trabas o derechamente impide la regularización de personas condenadas por delitos de diversa gravedad; resguarda a los menores de edad en lo relativo a su situación migratoria; genera consecuencias pecuniarias hacia los expulsados, y establece sanciones mucho más duras hacia quienes colaboran con el tráfico de migrantes, por ejemplo, respecto de quienes presten los medios de transporte para el ingreso ilegal.
Chile vive una verdadera invasión de inmigración ilegal y, más allá del romanticismo y voluntarismo con que algunos todavía intentan tratar este tema, lo cierto es que nuestra frontera se ha convertido en un verdadero colador. ¿Y quiénes pagan las consecuencias? Ciertamente, no son las familias ricas, aquellos que viven en los barrios más acomodados o los políticos que tomamos estas decisiones, sino las personas que viven en los barrios más vulnerables y que tienen que enfrentar el crimen organizado y la inseguridad, y ven cómo el extranjero ilegal se salta la fila por los privilegios que el actual oficialismo conscientemente les ha entregado.
Ahora, aunque vemos un avance en las normas propuestas -que, insisto, aún deben ser refrendadas por el Senado-, la necesidad de fortalecer la frontera con medidas físicas, como podría ser una zanja, un muro o una reja, es evidente; de lo contrario, la migración ilegal va a seguir siendo un problema grave para nuestro país.
En otras palabras, mientras no enfrentemos con firmeza el problema que vive nuestra frontera y no se ponga un límite físico que efectivamente impida el ingreso ilegal, todos los esfuerzos que hagamos al interior van a ser meras declaraciones de intenciones. (El Líbero)
José Carlos Meza
