Tanto el surgimiento evolutivo del lenguaje como la idea de conducirse con arreglo a leyes (divinas y/o laicas) y la posterior configuración del Estado como órgano único autorizado en el uso legítimo de la fuerza para obligar a cumplirlas, están en línea histórica con el propósito de una más eficiente y eficaz vinculación en la coordinación entre los individuos que conforman una sociedad, de manera de minimizar -lo más posible- el uso de la violencia como forma de resolución de conflictos.
Sin embargo, y a pesar de los miles de años que la especie ha manejado estos instrumentos, el uso de la violencia ha seguido siendo protagónico en el desarrollo de los múltiples y diversos tipos de sociedad que la humanidad ha ideado a lo largo de los años, alcanzando, en el pasado siglo XX, una de las más luctuosas y impúdicas cimas en el uso de la brutalidad, desde la caratulada como política -que arrojó más de 190 millones de muertos en dos guerras mundiales y gobiernos de dos ideologías totalitarias- hasta la violencia delictual y emocional impulsiva que ronda siempre en las relaciones humanas diarias.
Las diversas ciencias sociales han ofrecido múltiples razones para este fenómeno, aunque habitualmente ubicando sus causas en aspectos epilingüísticos tales como contradicciones de clase, lucha entre ricos y pobres, odios raciales, de género, o simple enfermedad o maldad, todos asociados a relatos que, no obstante utilizar el lenguaje, tienden a ubicar lejos de un raciocinio hacia su interior, las razones moral-emocionales profundas de las discordias que culminan en el uso de la fuerza para imponer la propia concepción de verdad que nos presenta nuestro pensamiento o juicio respecto del otro que plantea una distinta.
Las ciencias duras han logrado desarrollar cierta metodología que permite, una vez encontrado y definido un determinado buen experimento, demostrar o verificar una afirmación sobre los hechos que presenta el entorno natural, lo que la transforma en una aceptada definición (que es lingüística para poder comunicarla) por la comunidad científica, al menos hasta cuando nuevos datos surgen desafiando el paradigma instalado.
Sin embargo, en materia de ciencias sociales o humanas la configuración de un cuerpo de ideas, fenómenos o leyes de conducta de los sujetos de estudio -el hombre y la sociedad- presenta una incertidumbre mayor debido a su enorme complejidad y plasticidad, razón por la que resulta difícil y hasta arriesgado asegurar que, en determinadas condiciones social-individuales y entornos, se producirá tal o cual resultado, haciendo las predicciones sociales más endebles que las que se pueden hacer en los medios protegidos de los experimentos de laboratorio físicos o químicos.
De allí que, en materia social, las ideas “verdaderas” tienden a instalarse como “convicciones” merced a la especial experiencia del receptor individual y su respectiva programación lingüística producto de su entorno natural y cultural, es decir, revisando el mismo o con sus fuentes autorizadas, los sucesos históricos locales o globales, recientes o añejos que, repetidos en variados contextos, parecieran mostrar un determinado patrón de conducta, no obstante que, “Cherry picking” dixit, haya múltiples circunstancias en las que el comportamiento aludido no se haya producido o que ni siquiera se haya considerado en la recolección de datos. De allí la necesidad de “fé” en la doctrina asumida y el requerimiento de “convicción” para sus seguidores.
Las ideas “verdaderas” también se reproducen de modo que es el propio lenguaje en sus mecanismos internos el que se transforma en instrumento de verificación (o en la “trampa”), merced al grecolatino uso de silogismos o secuencias lógicas que sustanciados en algoritmos aristotélicos como “Si A es igual a B y B igual a C, A es igual a C -en los que estamos programados- dan a quien se encuentra “asido” a ellos, la sólida sensación de la “verdad” irrebatible de su pensamiento.
Pero tales “verdades” lógico racionales habitualmente entran en colisión con “verdades” morales anteriores que no surgen desde la perfección lógica, sino de las emociones animales de las que la especie es portador. De allí que el amor -dice el sabio- es injusto, discrimina y desiguala dada su propia naturaleza.
Así las cosas, en la polémica discusión sobre el destino y distribución que debería darse a un hipotético 6% que se cobrará a los empleadores para aumentar el ahorro previsional si se aprueba la reforma en negociación (acercándose así al nivel que se imponía en algunas de las antiguas cajas de previsión de 19%) se ha trabado una dicotomía política que, despejada, podría resolver un litigio que lleva más de una década. En ese lapso, el 6% adicional no ha fluido hacia ahorros previsionales, dañando así pensiones de miles de trabajadores que han seguido cotizando solo 10% a sus cuentas y asegurando, de ese modo, una baja jubilación, en especial dada la remuneración promedio que muestra el mercado laboral chileno.
La negociación se inició en 2012 desde los puntos extremos del diferendo: unos, exigiendo que el 6% vaya a un fondo solidario que permita mejorar las jubilaciones de quienes han cotizado menos; y otros alegando que la mayoría de los trabajadores prefiere que ese 6% vaya a su cuenta individual. Es decir, todo o nada. La distancia entre los respectivos propósitos era previsible pues, en teoría de la negociación, ambas partes saben que deben ceder si es que existe real disposición a converger. En las tratativas pacíficas nadie consigue el 100% y solo el uso de la violencia obtiene el total del objetivo, una circunstancia que hizo decir a los romanos: “Vae Victis” (Ay! de los vencidos).
Pasados varios años -revuelta intermedio- el gobierno anterior propuso una división del 6% en porciones iguales de 3% para un fondo solidario y 3% para las cuentas individuales. Pero los diversos fracasos políticos de la coalición gobernante durante el proceso llevaron a que la división del 6% pasara de 3% y 3% a 1% para financiar salas cunas y compensar a las mujeres por su mayor expectativa de vida en la forma de fondo estatal; un 2% para capitalización individual de cada trabajador y 3% para la creación de un seguro social que otorgue beneficios para mejorar las jubilaciones de los actuales pensionados, aunque en forma de un préstamo que se devuelve al trabajador propietario en el momento de su jubilación. Por su parte, Chile Vamos respondió con un 0,5% para un fondo de compensación para la jubilación de mujeres y 5,5% a las cuentas personales.
Pero el Partido Republicano se ha opuesto a la fórmula presentada por Chile Vamos, porque, como es “lógico”, quien no cree en un sistema de reparto no puede aceptar que ni siquiera 0,5% caiga en manos de un Estado que, en vez de modernizar su estructura y mejorar su eficiencia y tamaño para obtener los recursos que le permitan mejorar pensiones bajas con impuestos generales, prefiere hacerlo con el dinero de los mismos trabajadores, incluso aunque se trata de un “préstamo revolvente”, del que, por lo demás, no hay seguridad que pueda devolverse cuando corresponda jubilar a los prestamistas.
La acusación oficialista en contra de ese planteamiento es que apunta a proteger los intereses de las AFP, entidades que, sin embargo, han señalado que no rechazan un acuerdo político que redistribuya el 6% adicional entre capitalización individual y un fondo estatal. Pero la secuencia lógica no considera el hecho objetivo que incluso un mal acuerdo permitiría, aunque no al 100%, mejorar jubilaciones y PGU, al tiempo que, aún con 0,5% o 1% fuera de las cuentas individuales, se reimpulsaría de inmediato el flujo de miles de millones de pesos al ahorro previsional mensual, mejorando el actual entorno financiero para la reactivación económica en el próximo gobierno el que, por lo demás, una gran mayoría estima que podría ser de oposición, es decir, uno en que las sospechas de mala gestión o corrupción deberían reducirse.
El FA-PC, por su parte, ha rechazado las propuestas socialista democrática y de Chile Vamos por consideraciones “lógicas” opuestas, es decir, exigen un mínimo de 3% “solidario” -que resistieron en el Gobierno anterior- pues para ellos 1% o 0,5% son guarismos que impiden mejorar las pensiones, el 5,5% restante entrega aún mayores recursos a las odiadas administradoras y su oferta de cambio profundo o No + AFP habrá fracasado rotundamente, no obstante la serie de otros aspectos en los que ya hay acuerdos como ampliación del seguro de lagunas previsionales de fondo de cesantía; incremento del tope imponible; sistema centralizado de cobranza previsional; reemplazo de multifondos por fondos generacionales; cambios al régimen de comisiones indirectas, el aumento de la PGU a $250 mil y nuevo mecanismo de reajuste para la misma.
Se trata también de una secuencia lógica que no integra la realidad estadística de que la mayoría de los trabajadores prefiere ese ahorro adicional en sus cuentas individuales, una razón que, sin embargo, parece no importar a la elite de jóvenes iluminados que ven en esa preferencia egoísmo o simple “enajenación” capitalista y, por consiguiente, rechazar un acuerdo aprovechando el repudio republicano les permitiría dejarlo pendiente y traspasar al próximo Gobierno una irresolución que puede ser utilizada cuando vuelvan a ser opositores.
El acuerdo es pues, necesariamente, tarea de los más flexibles y moderados. Cualquiera sea el porcentaje que pudiera ir finalmente a caja fiscal (0,5%, 1% o 3%), la convicción moral que define la preferencia de unos y otros es que: o es cuestionable no ayudar al más vulnerable “dando hasta que duela”, aun cuando eso sea resultado de una obligación impuesta por el Estado; o es cuestionable expropiar a los trabajadores parte de sus esfuerzos, además de la expoliación de los impuestos generales que en Chile extrae a los contribuyentes entre tres y cinco meses de trabajo al año y, a mayor abundamiento, se ven como recursos malgastados que ya tienen sin plata al Fisco, generando un nivel de deuda crítico. Por eso la autoridad recurre a los recursos de los trabajadores como “préstamo”. Es decir, no obstante el valor ético implicado en los juicios de ambos grupos negociadores, el actual empate moral augura un feroz fracaso si los relatos político-racionales no se revisan bajo el criterio de concordar en lo menos malo recordando la vieja frase de Voltaire: «Le mieux est l’ennemi du bien» (NP)
