El Demre informó que para el proceso de admisión 2025, las postulaciones a carreras de Pedagogía disminuyeron 1,5%. Esta cifra nos dice que estamos más o menos igual que años anteriores; el interés de los postulantes a la educación superior por la enseñanza se mantiene estable bajo las reglas actuales. Es obvio decir que, si no se hace nada diferente, esto seguirá igual. Por lo tanto, la preocupación por la profesión docente no debiera abandonarnos.
En efecto, el gobierno prepara un proyecto de ley para marzo sobre los requisitos para el acceso a Pedagogía. Esta iniciativa tiene su origen en externalidades negativas de políticas públicas pasadas. Para mejorar el rendimiento académico promedio de los postulantes a Pedagogía, se exigieron puntajes mínimos en las pruebas de selección, lo que redujo el número de profesores que el sistema forma. Según organizaciones especializadas como Elige Educar, esto podría llevar a un déficit nacional de profesores, que se suma al déficit existente en algunas regiones y especialidades. La acreditación obligatoria y exigente de las carreras de Pedagogía aumentaron los costos de impartirla, mientras que la política de gratuidad redujo el financiamiento disponible para las universidades formadoras.
Alguien podría preguntar ¿cómo fue posible que este problema no se previera? Lo cierto es que sí se consideró, pero al mismo tiempo se asumió que el significativo aumento de las remuneraciones que implicó la ley de Carrera Docente (aproximadamente 13% real en promedio) aumentaría el atractivo de la carrera, e incentivaría a estudiantes de mayor puntaje (es decir con una mayor diversidad de carreras para elegir) a preferir la Pedagogía. Se supuso que esto ponderaría la mayor selectividad, pero no ocurrió.
Probablemente la discusión de marzo se centrará en la variación de parámetros, pero dentro de un marco conocido que, probablemente, no altere mucho la situación actual. Quizás es momento de pensar algo diferente, o complementario.
Por ejemplo, en lugar de regular centralizadamente los sueldos de los profesores, permitir que sean los directores los que premien con incentivos a los docentes más destacados (según su evaluación laboral). En lugar de prohibir los despidos y eternizar a los docentes de bajo rendimiento, permitir que sean desvinculados, como ocurre en cualquier otro trabajo. En lugar de tratar de “manejar” las postulaciones de los estudiantes para que elijan la Pedagogía, mejorar el ambiente laboral docente con más recursos para las escuelas. Quizás tendríamos más y mejores profesores si, en lugar de usar recursos públicos para pagarles la gratuidad universitaria, estos se usaran para remunerar terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos y tantos otros profesionales esenciales para aulas cada vez más diversas.
Esto es difícil, porque el diseño de la Carrera Docente está desequilibrado hacia el estatismo. Como las otras reformas de Bachelet II, confía en el Estado y desconfía en las personas. En educación, el Estado es notoriamente torpe al momento de manipular realidades, mucho menos transformarla, como argumentan sus defensores. Es interesante pensar fuera de esa caja. Y no es que el Estado no puede cambiar nada: sino que muchas veces genera más problemas que los que soluciona. Hacer políticas que confiaran en las personas, eso si sería histórico. (La Tercera)
Daniel Rodríguez Morales
