Una de las paradojas de nuestra sociedad es que la izquierda, que está casi siempre en el gobierno, nunca abandona el discurso contestatario propio de la oposición y la derecha, que está casi siempre en la oposición, no deja la actitud propositiva que es propia del gobernante. El resultado es, cómo negarlo, sencillamente fantástico: estamos acostumbrados a tener una coalición gobernante que denuncia los problemas y una de oposición que, con actitud culposa, promueve las soluciones.
En el último tiempo esto se ha visto en el tema de la delincuencia. La inseguridad ha aumentado, los delincuentes actúan con más violencia y de manera más audaz, al punto que hemos llegado a los asaltos masivos en restaurantes en horas de alta concurrencia.
La oposición, en una disposición colaborativa digna de elogio cívico, ha tomado el problema como un tema país, proponiendo soluciones, felicitando al ministro del Interior por alguna señal positiva en la materia y organizando movimientos a los que se invita, por igual, a dirigentes oficialistas y de la Alianza. Se dice que la delincuencia es un problema de todos y, por lo tanto, todos tenemos la obligación de contribuir a su solución.
Comparto la actitud y celebro que los dirigentes opositores actúen de esta manera, especialmente después de la forma en que los partidos de la Nueva Mayoría se comportaron con el gobierno del Presidente Piñera, porque no se puede caer en los mismos vicios que se critica. Sin embargo, reconozco que tengo una diferencia, no con la actitud de colaboración, sino con la manera de analizar el problema que está detrás del discurso opositor.
En las causas y soluciones de todo problema social hay dos niveles de responsabilidad: el de la gestión y el de la política. La gestión tiene que ver con las políticas públicas que, en esta materia, presentan fallas importantes y atávicas. Burocracia, descoordinaciones, ausencia de datos fidedignos y de sistemas de control saltan a la vista. Este es el ámbito en que gobierno y oposición pueden y deben actuar unidos.
Pero las causas profundas y las soluciones de fondo no se encuentran en las políticas públicas, sino en la visión que se tiene del ser humano, del Derecho y, por ende, de un orden social justo. El punto es que, respecto de la delincuencia, derecha e izquierda se encuentran en las antípodas y la responsabilidad de lo que está ocurriendo se radica nítidamente en la visión socialista. Es incomprensible que la oposición renuncie a expresar esta diferencia de una manera políticamente relevante.
Al menos hay tres factores propiamente políticos en el incremento de la inseguridad:
Primero, el discurso socialista que describe una sociedad escandalosamente desigual y, por ende, esencialmente injusta lleva a considerar al delincuente como una víctima de su entorno. Así todo el sistema de persecución penal actúa bajo el complejo de someter al delincuente a una forma de revictimización. Esto ha permeado mucho más allá de los políticos, ha calado en jueces de garantía que aplican un celo garantista que es más la expresión de una visión ideológica, antes que de la defensa de las garantías procesales del imputado. ¿Puede combatir eficazmente la delincuencia una sociedad que siente y declara que los delincuentes son víctimas?
Segundo, el sistema político tiene que definir si opta por una actitud de respaldo hacia la policía o de inquisitiva desconfianza; pero nadie puede pretender que los carabineros se sientan empoderados si ante cualquier incidente en una marcha son linchados públicamente.
Además, la policía sabe que sobre ellos está siempre el ojo inquisidor del Instituto de Derechos Humanos, órgano estatal que coloca en textos escolares que nuestros carabineros son algo así como la reencarnación latinoamericana de las SS hitlerianas. ¿Se puede esperar la actuación eficaz y con mística de la policía en este entorno político?
Tercero, hace décadas que la legislación penal se reforma bajo el espíritu subyacente de que el problema del país no es la acción de los delincuentes, sino el abuso policial. Los legisladores han menguado sistemáticamente las atribuciones de la autoridad.
Esta es la dimensión política del problema y no es razonable que la oposición prescinda de ella, no sólo porque importa renunciar a un ámbito de confrontación perfectamente legítimo en democracia, sino porque es una manera efectiva de avanzar en aspectos centrales para la solución.
Una cosa es colaborar para que el Estado sea eficiente en la gestión y otra muy distinta es renunciar a la esencia de los valores que inspiran a la centroderecha y al debate político respectivo; prefiriendo, en cambio, tomarse de la mano con la izquierda cantando kumbayá y diciendo que este es un problema de todos.
La delincuencia es un problema para todos, pero el orden y la seguridad pública es responsabilidad del gobierno, no de todos.
