El 1 de septiembre se abre el período para postular al cargo de Fiscal Nacional. La sucesión del actual jefe del Ministerio Público, Sabas Chahuán, es crucial para el mundo político. Quien asuma el cargo tendrá sobre sus hombros los casos Penta, SQM y Corpesca de financiamiento irregular de la política, que tienen a actores del oficialismo y oposición en una situación crítica.
En la oposición hay quienes apuntan a que el nuevo Fiscal Nacional pueda “manejar con prudencia” las causas y “bajar la tensión” de los conglomerados políticos. No es menor. El hombre elegido tendrá poder de decisión sobre formalizaciones, nuevas aristas y acusaciones contra aquellos que participaron de las martingalas ya conocidas para financiar campañas políticas al margen de la ley.
La Corte Suprema deberá elaborar una quina para presentarle a la Presidenta Michelle Bachelet, la que elegirá uno de esos nombres y se lo propondrá al Senado. Para que haya humo blanco, 2/3 de los senadores deberán ratificarlo. Es decir, sí o sí deberá existir consenso político en torno al elegido. Hace ocho años, durante la elección de Sabas Chahuán, el mismo criterio político sacó de la carrera a dos postulantes.
Ahora, el debate se centra en si el nombre debe provenir desde dentro o fuera del Ministerio Público. El protagonismo alcanzado en los últimos meses por los persecutores ha colaborado en aumentar críticas que –aunque soterradas– no dejan de expresarse entre quienes tienen el poder de elegir al sucesor de Chahuán.
“El Poder Judicial ha asumido un papel importante en los mecanismos de control político y en la definición de la agenda. Como consecuencia, la política se ha judicializado y la justicia se ha politizado. Desde esta perspectiva ‒algo incómoda para el mundo político‒, la clase política aspirará a reencauzar la labor del Ministerio Público a un estricto rol de coadyuvante de la administración de justicia. Ojalá con menos figuración mediática y encauzando su labor al ámbito estrictamente institucional. Como dice el mundo político: ‘Imputar es gratis’. La máxima del mundo político se resumiría en que las instituciones funcionen: es decir, que el Gobierno gobierne, que el Ministerio Público investigue y el Poder Judicial administre la justicia”, explica el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno.
EL CRITERIO POLÍTICO
Aunque la tesis de que “las instituciones funcionan” es una máxima que las autoridades respetan cuando hablan en voz alta, a la hora de apagar los micrófonos se cuelan otras informaciones, las que no siempre dan cuenta del respeto a la autonomía institucional. Es el caso de la carrera por la sucesión de Sabas Chahuán como máximo jefe del Ministerio Público.
Fuentes de la Fiscalía señalan que esta “ya se desató”, a pesar de que el plazo inicial de inscripción recién comienza a regir el 1 de septiembre. Según señalan quienes conocen de cerca las jugadas realizadas por los que pretenden alzarse con la titularidad de la Fiscalía, los nombres que provienen de fuera del organismo corren con ventaja. Y razones hay varias.
Entre los jueces de la Corte Suprema existiría un nivel de reclamo importante sobre la actuación de los fiscales. Varios de ellos, en privado, han criticado que las indagatorias no están bien hechas y que, al momento de dictar sentencia, muchas veces deben sobreseer a quienes están involucrados en delitos, apareciendo frente a la opinión pública como los responsables de esa impunidad.
Es la misma versión que repiten en el oficialismo. Ahí creen que el próximo Fiscal Nacional deberá “entender la etapa que se viene” donde se consolidará la Reforma Procesal Penal y se implementará la recién aprobada ley de fortalecimiento del Ministerio Público.
Una señal importante en esa línea la dio la semana pasada el nuevo ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, quien criticó al Ministerio Público por los casos de delitos contra la propiedad. En su caso fue víctima de un robo en su departamento hace cuatro años. “Ni siquiera conocí al fiscal”, dijo Valderrama. Sus dichos despertaron suspicacias.
En concordancia con esas declaraciones, algunos en la Nueva Mayoría creen que uno de los puntos críticos estará en materia de seguridad, donde el sucesor de Chahuán “deberá rendir y tener la capacidad de concentrar el trabajo en los delitos de mayor concurrencia, como el de propiedad”.
Justamente la primera disputa será, según fuentes del Parlamento, respecto de si el candidato es interno o externo al Ministerio Público. “El Poder Judicial quiere a alguien externo porque creen que los fiscales han tomado mucho protagonismo y han intentado ser los héroes, pero no realizan bien la persecución y la culpa recae en los jueces”, dice el mismo parlamentario.
En la derecha coinciden en esta lectura. Afirman que en la Corte hay molestia por cómo se ha desarrollado la investigación por las platas políticas. Un alto dirigente de la Alianza menciona que a los jueces les irrita la filtración de información de las causas.
“Eso les cae muy mal, pero muy mal. Porque creen que no hay prudencia en el ejercicio de un cargo tan relevante como el de fiscal. Frente a ese escenario de filtración permanente de causas, y de cómo esto deja en la indefensión a las personas porque se las condena primero por los medios, ha ido creciendo la idea de ir a buscar a alguien de fuera”, asegura la misma fuente.
El reclamo de los jueces interpretados por la derecha es el mismo que han izado desde la UDI desde el comienzo del caso Penta, cuando solicitaron a la Fiscalía que se iniciara una investigación para determinar de dónde provenían las filtraciones que alertaron a la ciudadanía de que algunos políticos usaban trampas para financiar sus campañas.
El enojo en los partidos de la derecha es evidente, de hecho han acusado al Ministerio Público de tener un trato distinto con ellos y con los dirigentes del oficialismo involucrados en el escándalo. No por nada el lunes el presidente de la UDI, Hernán Larraín, se ausentó de la ceremonia donde se promulgó la ley de fortalecimiento del organismo.
Entre los dirigentes de la actual oposición política agregan que un factor relevante será el control que pueda tener el nuevo mandamás de los fiscales sobre sus subordinados. Un senador del sector asegura que aquellos jueces de la Suprema que se la juegan por elegir un nuevo jefe desde el interior de la Fiscalía argumentan que debe ser alguien capaz de controlar “a los que se creen estrellas”, en alusión al fiscal Carlos Gajardo, quien inició la indagatoria que hoy los tiene contra la pared.
“Hay que buscar un fiscal que este empoderado y que tenga conocimiento y no tenga temor de enfrentarse a un fiscal que se cree superestrella. Lo que se dice es que cómo va a ser posible que una persona amenace dos veces con renunciar y finalmente el Fiscal Nacional termine haciendo lo que le mandan”, asegura un dirigente de la Alianza.
EL CANDIDATO EXTERNO
El académico de la UDP Cristián Riego suena fuerte, aunque este asegura que “es algo que he considerado pero aún no he decidido”. “Entiendo que va a ser candidato y que la Corte lo está barajando”, dice un senador de la Nueva Mayoría.
Junto a él “corren” otros nombres: el “delfín” de Chahuán, Jorge Abbott (actual Director Ejecutivo Nacional, un cargo de relevancia en la institución); José Morales, a quien le pesa la remoción del caso Cascadas a petición de querellantes de esa causa; Raúl Guzmán Uribe, fiscal de la zona sur, quien convocaría a la oposición; y Xavier Armendáriz, quien suena desde enero de este año. También están José Luis Pérez Calaf –ex fiscal de la Región de O’Higgins– y el fiscal Luis Toledo.
En su favor Riego tiene las redes que ha construido. Sus cercanos son su ex compañero de Universidad, Juan Enrique Vargas –hoy decano de la Escuela de Derecho de la UDP– y Rafael Blanco –hermano de la ministra de Justicia y decano de la escuela de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado–, con quienes trabajó en la creación de la Reforma Procesal Penal.
Entonces los tres coincidieron con la ministra de Justicia, Soledad Alvear, quien dio el impulso definitivo para la reforma y son, según varios, “los pensadores” detrás del cambio de sistema penal. Este fue “importado” desde Alemania y era una de las exigencias solicitadas por algunos de los tratados de libre comercio que por esos años firmó Chile, asegura una fuente que conoció ese proceso.
La reforma permitió que Chile pasara de un sistema inquisitivo basado en la presunción de culpabilidad a uno acusatorio donde se presume inocencia. A la par se creó, en 1999, el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas (CEJA) donde desembarcaron los protagonistas de la reforma. Alvear fue consejera del organismo, Juan Enrique Vargas fue director ejecutivo y Cristián Riego lo sucedió en el cargo.
Algunas de las lecturas apuntan a que este grupo de personas que creó la reforma ha buscado “poner” a uno de los suyos a la cabeza del Ministerio Público. En esta línea, dicen, los hombres vinculados al CEJA buscarían regresar a la Fiscalía “a sus orígenes” para que se reoriente la persecución penal de delitos de alta frecuencia, que aumentan la percepción de victimización, en vez de los “casos políticos”.
Sin embargo, desde la derecha aclaran que si Riego se presenta y queda en la terna, no tendrá los votos del sector, ya que lo consideran “demasiado garantista”.
Una de las “fortalezas” de Riego, dicen, son sus redes políticas. Además de haber trabajado con Soledad Alvear, es cercano a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, vínculo que pasa por el hermano de esta, Rafael Blanco, quien fue coordinador general para la instalación de la Reforma Procesal Penal. Un dato no menor considerando el papel que debe jugar la ministra en la elección del próximo Fiscal Nacional.
Una vez que la Corte Suprema presente la quina de candidatos al cargo, Javiera Blanco deberá desplegar sus gestiones a nivel de Senado y generar un consenso en torno a un nombre antes de presentarle el candidato a la Presidenta Michelle Bachelet, quien lo anunciará públicamente.
La última fase es la materialización del consenso. Si no se logra, la Presidenta asume el “costo político”, señalan quienes conocen el funcionamiento, pero será la ministra de Justicia “quien pague con su cargo”. Por lo anterior, dice una fuente que conoce el funcionamiento, “los ministros se juegan totalmente por un candidato”.
EL “CRITERIO POLÍTICO” EN LA ASUNCIÓN DE CHAHUÁN
Durante su primer mandato, Michelle Bachelet tuvo que nombrar al sucesor de Guillermo Piedrabuena en la Fiscalía Nacional. Entonces el candidato cercano al CEJA fue Juan Enrique Vargas, apoyado por la ex ministra de Justicia y entonces senadora, Soledad Alvear, y su esposo, el también DC Gutenberg Martínez.
Una fuente que respaldó la postulación de Vargas señala que “fue una decisión coherente de un grupo de gente que estuvimos detrás de la Reforma Procesal Penal en sus inicios y creación y que pensábamos que podíamos ser un aporte para darle una orientación al Ministerio Público”. Aunque aclara que el CEJA “no tiene nada que ver con el proceso chileno y no tiene ningún interés institucional en la elección del Fiscal Nacional”.
Vargas tenía el viento a favor para convertirse en Fiscal Nacional en 2007, ya que había salido primero en la quina con 11 votos. Los otros candidatos eran Ricardo Israel, y los fiscales regionales Xavier Armendáriz, Sonia Rojas y Sabas Chahuán. Pero el escenario cambió rápido ante la sorpresa de muchos.
Fue el ex ministro de Justicia de Michelle Bachelet y recién electo senador, José Antonio Gómez, quien “operó” coordinado con el senador RN Alberto Espina para “generar un consenso” en torno a Chahuán, según una fuente que fue protagonista durante ese período.
“Gómez sentía que no había sido considerado en el tema. Tenía la idea que Vargas era producto de una movida de Soledad Alvear y que él estaba quedando al margen. Entonces operó con quien lo reemplazó como ministro de Justicia, el también radical Carlos Maldonado, que estaba bajo su dependencia, y con Espina para levantar el nombre de Sabas Chahuán”, dice esta fuente que conoció de cerca los hechos durante esos años.
Vargas fue la primera víctima del criterio político con que se elige a los jefes de los persecutores. Habría una segunda.
El 4 de noviembre de 2007 el nombre de Juan Enrique Vargas debía votarse en la sala del Senado. En la derecha comentan que se enteraron por una nota en El Mercurio, medio que respaldaba esa opción, aseguran las mismas fuentes. Entonces el senador de RN, Alberto Espina, y el entonces senador de la UDI, Andrés Chadwick, se coordinaron para hacer sentir su peso.
En una reunión con Carlos Maldonado, Espina y Chadwick vetaron a Vargas y propusieron a Xavier Armendáriz para asumir el cargo. Pero hubo un problema. Hace poco tiempo había finalizado el caso que condenó al olvido político al ex senador de la DC Jorge Lavandero por verse involucrado en un caso de abuso sexual. Los votos de los democratacristianos no estaban disponibles para elegir a Armendáriz. Segunda víctima.
Entonces, en la derecha aseguran que pusieron el nombre de Sabas Chahuán sobre la mesa. La tercera fue la vencida y Sabas se convirtió en el segundo Fiscal Nacional en la historia del Ministerio Público. Fue ratificado por 30 votos a favor, cinco en contra y una abstención: la de Soledad Alvear.
