Las amenazas de la oposición de llevar la glosa de gratuidad a revisión ante el Tribunal Constitucional (TC) apuntan no sólo a cuestionar la forma en que el gobierno pretende implementar el beneficio a partir de 2016, sino que hay mucho más en juego. Según explicó el abogado constitucionalista de la UDI, Jorge Barrera, por un lado está “el tema del cuestionamiento constitucional al financiamiento de las universidades del Cruch en desmedro de otros planteles privados”. Y además, “el precedente constitucional que se puede generar para efectos de la reforma a la educación superior y cómo se regula la autonomía universitaria”.
Barrera planteó que en esto hay mucho más en juego que la gratuidad, puesto que incluso se podría poner en duda todo el sistema de financiamiento público a las Universidades Privadas del Cruch. “Nunca se ha evaluado la constitucionalidad de beneficios como el Crédito Fondo Solidario, considerando que se entrega a un grupo cerrado de universidades, incluidas nueve privadas, no permitiendo el ingreso de otros planteles. Dicho financiamiento vía ley de presupuestos, nunca ha pasado por el TC”, afirmó el abogado.
Además, explicó que “el problema es cuál es el criterio objetivo o no discriminatorio en base al cual se le entregan recursos para financiar estudiantes igualmente vulnerables a estas universidades privadas y no a otras. El argumento que te van a dar es que existe un criterio histórico, que siempre se ha hecho así, lo cual por ningún motivo descarta que exista una discriminación arbitraria y por tanto inconstitucional”.
Una de las propuestas que surge del oficialismo para evitar el paso por el TC apunta a modificar la glosa de gratuidad y remitir el beneficio sólo en los planteles estatales. Idea que ha sido levantada por el senador socialista Carlos Montes, presidente de la subcomisión mixta de Presupuestos.
Pero la senadora de la UDI, Ena von Baer, advirtió que “nadie nunca ha cuestionado la discriminación que genera la entrega de beneficios a las instituciones del Cruch y no hay como sustentar esa discriminación arbitraria”.
Von Baer añadió que tratando de partir sólo por las universidades estatales “se les va a enredar mas la discusión, porque se va a producir una discusión fuerte en las regiones donde los parlamentarios se van a alinear de una forma distinta, defendiendo a universidades como la U. de Concepción, la U. Austral o la U. Federico Santa María y así. El problema en el fondo está en intentar partir una política sin discutir todo el sistema de educación superior”.
El abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil explicó, por su parte, que “todo este debate demuestra la inconveniencia de una reforma sustantiva a la educación superior por la vía de una glosa presupuestaria”. Y subrayó que “el Estado puede beneficiar a sus universidades estatales sin hacer discriminación, pero si la política tiene por objeto favorecer a los alumnos más vulnerables económicamente, el criterio central no puede ser otro que la vulnerabilidad económica”.
Según el senador Montes la subcomisión dejará pendiente la votación de la glosa de gratuidad, inicialmente planificada para este lunes, a la espera de una nueva propuesta del gobierno que permita evitar los votos en contra de los dos parlamentarios de la Alianza (Von Baer y el diputado RN Alejandro Santana), más el diputado de la DC, Ricardo Rincón.
El jefe de la División de Educación Superior del Mineduc (Divesup), Francisco Martínez, dijo al respecto que “el Congreso hace proposiciones, solicita opiniones -como ha estado ocurriendo- y finalmente esto decanta en una discusión parlamentaria en la cual pueden haber indicaciones, tanto de los parlamentarios como del gobierno”.
Otra alternativa que están gestionando algunos parlamentarios es la división de la glosa de gratuidad para diferenciar a las universidades estatales de los planteles privados. Esta iniciativa fue rechazada por el Consejo de Rectores (Cruch), que ayer tuvo su sesión mensual en la U. de Talca. Según afirmó su vicepresidente, Aldo Valle, “creemos que esto tampoco sería un remedio a la decisión de quienes forman parte de la contrareforma en educación superior”.
Francisco Martínez agregó que son temas “no se trata de estar especulando respecto de cuál situación vamos a enfrentar. Los propios actores se darán cuenta en su momento en la discusión de que no todo es factible y de tal manera que convergeremos a una propuesta final que será el presupuesto y ahí se implementarán las acciones correspondientes”.
