El pasado viernes 13 de noviembre se aprobó un protocolo de acuerdo entre la ministra de educación, Adriana Delpiano, el representante del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch), Aldo Valle, y el presidente de la comisión mixta de presupuesto, Andrés Zaldívar. Este acuerdo buscaba salvaguardar el presupuesto de las universidades pertenecientes al Cruch por la disminución del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que el gobierno pretendía hacer para implementar sus modelos de financiamiento de la enseñanza superior.
Este sistema se financia, entre otras fuentes, a través del aporte fiscal directo que el Estado realiza a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, es decir, a aquellas universidades existentes con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. En otras palabras, el único criterio para recibir este aporte monetario directo es meramente histórico y no contempla criterios que se extiendan por esa vía a otras instituciones creadas después de esa fecha, y que consideren temas como la calidad, investigación o cualquier otro factor académico.
Una segunda fuente de financiamiento consiste en el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que el Estado entrega anualmente a todas las instituciones de educación superior reconocidas por el Mineduc (universidades, centro de formación técnica e institutos profesionales). Destinando anualmente unos 24.500 millones de pesos a premiar a las instituciones que matriculan a los 27.500 mejores puntajes PSU del país.
Así las cosas, es bueno hacer notar que las universidades privadas son aquellas que más AFI recibieron el 2015, sin perjuicio que el listado se encuentra encabezado por dos instituciones del Cruch: la Universidad de Chile (pública estatal) y la Universidad Católica (pública privada) que matricularon cada una a más de cuatro mil alumnos destacados y se llevaron más de 9.600 millones de los 24.500 disponibles.
Del mismo modo, entre las 10 instituciones que más recibieron aporte por atraer a los mejores estudiantes del país, sólo dos son estatales: la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago; tres son privadas tradicionales tales como la UC, la Federico Santa María y la de Concepción y cinco son privadas no tradicionales: la Universidad Andrés Bello, Adolfo Ibáñez, de los Andes, del Desarrollo y la Diego Portales.
En vez de ayudar al financiamiento de todas las personas con especial énfasis en aquellas que son más vulnerables, con independencia de donde decidan estudiar, el gobierno opta nuevamente por discriminar a los estudiantes chilenos y elige un modo de financiamiento que solo beneficia a las Universidades del Consejo de Rectores, donde apenas estudia el 26% del total de la matrícula de educación superior según cifras del Consejo Nacional de Educación, pero que sin embargo se lleva el 45% de los recursos fiscales a pesar de que no estudian ahí los alumnos más vulnerables de Chile.
No contentos con esto, el gobierno pretende suplantar los recursos que quita al AFI, para destinarlos a través de asignaciones directas a las universidades del Cruch y a aquellas que opten por la gratuidad, según reglas fijadas arbitrariamente desde el Mineduc y sin que hubieran sido explicitadas en el programa de gobierno de Bachelet. Esto constituye una nueva discriminación y una presión indebida a aquellas instituciones que por salvaguardar su autonomía optan libremente por no sumarse al plan de gratuidad del gobierno.
Por último, el gobierno debe abandonar sus vicios discriminatorios y renunciar a su injusta política de financiamiento. Se requiere un sistema de financiamiento con equidad a través de becas para los alumnos con mérito y necesidad, sin discriminar arbitrariamente por el lugar donde ellos libremente quieran estudiar y con especial énfasis en los alumnos más vulnerables, estudien donde estudien. El Estado puede y debe fijar requisitos académicos y otros que sean de justicia para las instituciones, los que deben ser públicos, bien estudiados y aplicables a todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. El gobierno está tan habituado a discriminar que no tiene vergüenza en hacerlo a plena luz del día, con la firma entre importantes autoridades de la República y un acuerdo que consagra públicamente la defensa de intereses particulares en una discusión tan importante como la educacional.
Muchos dudamos en su momento del eslogan demagógico de educación pública, gratuita y de calidad. Pero no llegamos a imaginar que se iba a transformar en una discriminación legal, injusta y sin calidad. La reducción de los beneficios socioeconómicos prometidos el 2013 en plena campaña se debe seguramente a la falta de recursos en que ha caído el país; la fórmula ideada esta última semana tiene su origen en las continuas improvisaciones del Ministerio de Educación en los últimos dos años. Lo más lamentable es que la discriminación de personas vulnerables y de instituciones, a esta altura, sólo es explicable por la vocación discriminadora del gobierno de Chile.
