La condena a Jovino Novoa (reconoció su culpabilidad en delitos tributarios, para financiar la política) dio origen a algunas exageraciones.
Una de ellas fue la del fiscal Gajardo:
«Se ha condenado por primera vez en esta investigación -declaró- y se (…) ha sentado una verdad judicial, de que ha habido financiamiento político irregular».
¿¿ ??
Hasta donde se sabe, el financiamiento irregular de la política -dar o recibir dinero por vías distintas a las formales en una campaña- no es un elemento del tipo delictual por el que se condena a Novoa. La verdad judicial es que Novoa cometió delito tributario; el resto es, como dicen los abogados, un obiter dictum , una consideración accesoria. Y es que Novoa fue condenado no por el fin que perseguía (financiar irregularmente campañas de miembros de la UDI), sino por el medio que empleó (en concomitancia con los donantes, emitir y solicitar boletas ideológicamente falsas). Se le condenará, pues, por un delito tributario. Y esto es lo que hace el derecho: no rechazar los fines que persigue la gente, sino detenerse en los medios. Lo que Novoa reconoció (y el tribunal castigará) fue que había empleado medios delictivos.
Pero si el derecho acepta todos, o casi todos, los fines, y solo rechaza los medios empleados para alcanzarlos, ¿qué decir acerca de los primeros? ¿Sale bien o mal parado Jovino Novoa cuando se atiende a los fines que tuvo a la vista?
No sale del todo mal parado. El caso Soquimich es peor que el caso Penta.
Políticamente hablando, el caso Penta casi equivale a la captura de un partido, la UDI, por parte de un grupo empresarial. Nadie podía dudar, sin embargo, que entre ambos había convergencia ideológica. Penta financiaba a aquellos cuyas ideas coincidían con las suyas. Y los receptores de su generosidad creían en las ideas que Penta les ayudaba a promover. Penta y la UDI, en otras palabras, estaban del mismo lado y ningún observador podría equivocarse en eso. El caso Soquimich es exactamente lo contrario. El controlador, Julio Ponce Lerou, financiaba a quienes tenían ideas opuestas a la suya. Los receptores de su generosidad eran severamente críticos de su trayectoria y del origen de su fortuna. Cada uno, donante y mendicante, estaban en un lado distinto. ¿Qué explica que alguien done a sus rivales y estos acepten la donación? Bastante obvio: uno lograba callar la crítica y el otro se dejaba callar.
En otras palabras, desde el punto de vista de la integridad política -y mal que pese- el caso Soquimich es peor que el caso Penta. El juicio político debe ser más drástico para los involucrados en el caso Soquimich que para Novoa. ¿Alguien imaginaba que Julio Ponce Lerou, mediante Soquimich, era el financista de la centroizquierda, quien ayudaba a preparar la campaña y financiar sus cuadros intelectuales? Si el juicio político consiste en decidir quién traicionó de modo más flagrante las expectativas que sembró en el electorado, entonces no cabe duda: fueron los mendicantes de la Nueva Mayoría beneficiados por Soquimich.
Pero -ya se dijo- los fines últimos no son objeto del reproche legal en este caso, sino los medios empleados para alcanzarlos. ¿Y qué ocurre ahora cuando, atendiendo a los medios usados, se compara el caso Penta con el caso Soquimich?
Tanto el caso Penta, por el que Novoa ha sido condenado, como el caso Soquimich, son estrictamente análogos. En ambos hay emisión de boletas ideológicamente falsas, en consonancia con el donante, a fin de respaldar la obtención de recursos con fines políticos. En ambos casos hay un sujeto que conviene con el donante irregular la entrega de ciertos montos de dinero y emite boletas, o solicita a terceros que las emitan, simulando haber prestado un servicio. Los casos son dos gotas de agua.
Lo correcto, entonces, será tratarlos con el mismo rigor.
Y aquí el caso Novoa mostrará su principal resultado: su condena por delitos tributarios pone la vara a una altura incómoda. La igualdad exigirá someter a todos los involucrados en el caso Soquimich (desde Peñailillo a Marco Enriquez-Ominami) a la misma sospecha y tratamiento de los involucrados en el caso Penta. Y si eso no se hace, quedará a la vista el uso de la persecución penal como arma de maltrato político.
No cabe duda: al confesar su delito y condenarse, Novoa también condenó políticamente a todos los demás.
Es algo así como la venganza perfecta.
