Le pido que haga un esfuerzo por representarse dos situaciones que retratan las miserias e hipocresías de la política, haciéndonos juzgar y valorar de manera muy diferente según nuestros intereses o convergencias ideológicas.
Primera escena. Este gobierno asume la tarea de modificar nuestra Constitución para adecuarla al momento que vive el país, reforzando el rol del Estado y limitando la acción del mercado. De esa forma, Bachelet convoca a una comisión constituyente compuesta por ocho personas, todas de izquierda, para que en un breve plazo redacten un texto que deberá ser aprobado por ella y después sometido a una consulta. La ausencia de participación ciudadana se ve agravada con las restricciones a la libertad de informar que pesan sobre la prensa, cuyos pocos periodistas disidentes son arrestados, encarcelados y los respectivos medios de comunicación cerrados de forma temporal o definitiva. En contraste, y por el canal de televisión estatal, todos los días se exhiben imágenes sobre las bondades del Gobierno y su nueva carta fundamental, demonizando a sus detractores, los que a su turno son perseguidos y silenciados. Ya conocido y aprobado el texto por la Presidenta, decide convocarse a un plebiscito sin registros electorales o ninguna otra garantía que asegure la más mínima imparcialidad. En un gesto de benevolencia, el Gobierno de izquierda permite que la oposición realice un único acto político en el teatro Caupolicán, el que a su turno es transmitido sólo por una radio emisora (la Agricultura). Todos los otros actos, en Santiago y regiones, son duramente reprimidos y sus convocantes detenidos. Se impone el “Sí” en el plebiscito.
Segunda escena. A mediados del gobierno de Sebastián Piñera se desata un gran movimiento estudiantil, que detrás de la consigna de una educación gratuita y de calidad, también enarbola la necesidad de una democracia más justa y menos desigual. Pese a la contundencia y masividad de las protestas, el Gobierno acusa un proceso de desestabilización de la causa neoliberal, reprimiendo duramente a los estudiantes en jornadas que contabilizan una decena de muertos cada una. Como la presión no cede, el régimen decide detener a su principal líder, Gabriel Boric, quien después de un procedimiento completamente irregular, es acusado de atentar contra las bases fundamentales del mercado y se le sentencia a 14 años de prisión. Pese a la condena internacional por los acontecimientos y al repudio incluso de los máximos líderes de la derecha en el mundo, el Gobierno no sólo no cede, sino que agudiza sus acciones y amenazas contra los disidentes. En un hecho inédito, uno de los fiscales que condenó al dirigente estudiantil sale de Chile junto a su familia y denuncia que todo el juicio fue una farsa, a resultas de la presión e instrucciones que provinieron de La Moneda, lo que se repetirá contra otros opositores. Como si fuera poco, y pese al clamor de su familia y organizaciones humanitarias, el Gobierno y también algunos pocos líderes de derecha en la región, denuncian una ilegítima interferencia en los asuntos internos del país.
Puestas así las cosas, ¿no le parece razonable discutir sobre una nueva Constitución y condenar lo que está ocurriendo en Venezuela?
