La Presidenta Bachelet acaba de nombrar un Consejo que supervisará el proceso constituyente en el que el Gobierno está ideológicamente empeñado. La nueva mayoría ha sostenido que la actual Constitución es ilegítima, es decir, no es democrática, y lo que literalmente se quiere es rediseñar nuestro nuevo modelo democrático. Este folklórico comité está efectivamente compuesto por distinguidas personalidades del país, de algunos pocos ámbitos de la sociedad. Quiero anticipar públicamente que este curioso comité, sacado del sombrero del Gobierno, es la semilla de la que saldrá en algún momento la asamblea constituyente en que va a terminar el proceso, y que es la carta oculta del Gobierno. La Presidenta, que hoy apenas logra el 26% de apoyo de la población, y por ende es colectivamente cuestionada, ha dicho textualmente que en este comité están “representados” la diversidad de opiniones y ámbitos de nuestra sociedad.
Ahí mismo empiezan las enormes contradicciones. La primera pregunta es obvia. ¿Cómo se seleccionaron las áreas de representación? ¿Entre quiénes fue la opción en cada caso? ¿Quién los propuso? ¿Por qué 17 y no 10 o 50? ¿Por qué no se dedican a tiempo completo? ¿Cuáles fueron los criterios utilizados por Bachelet para esas decisiones? Por ejemplo, ¿por qué se excluyeron los científicos, los médicos, los futuristas, los historiadores, los sacerdotes de diversos credos, las fuerzas armadas, los movimientos ambientalistas, los filósofos, los místicos, los pueblos originarios, y tantos otros? ¿Cómo quedan representadas las regiones? ¿Tendrán espacio los agricultores? ¿Qué pasa con los profesores, estudiantes y rectores? ¿Estarán realmente incorporadas las minorías de todo tipo? ¿Y las redes sociales tan relevantes hoy cómo estarán representadas? ¿O la tercera edad?
Son preguntas mínimas que hasta aquí no tienen respuestas porquenuevamente es un proceso improvisado, poco transparente, sin explicaciones del procedimiento y criterios, arbitrario y voluntarista. En suma, el proceso constituyente parte de manera muy antidemocrática, mirándolo por donde lo quieran mirar. Da la impresión de ser sólo un tema mediático y ciertamente sesgado. Es la misma tónica que estamos viendo en la gratuidad: improvisación, poca transparencia, discriminación. Es una tendencia en esta administración.
El macro diseño fue oscuro. Luego, Bachelet nos dice que estas personas distinguidas son “representativas” de áreas e ideas diversas de la sociedad, pero, curiosamente, son designadas en forma arbitraria y voluntarista por el Gobierno. De no creer. Léase así: en los hechos le dice “ustedes van a representar a sus pares, pero yo los designo”. Con o sin razón, la Nueva Mayoría fue extremadamente crítica a la institución de los senadores designados por ser anti democrática, exactamente la misma crítica a la Constitución actual, y, cara de palo, parten ese nuevo proceso con personas designadas. ¿Lindo o no? Lo curioso es que para bien o para mal el único órgano representativo que tiene la sociedad es el Parlamento, que ha sido elegido por las mayorías y no está representado tampoco en este comité ni ha participado en su diseño. Este nuevo órgano de 17 personas designadas a dedo por el Gobierno (todas muy distinguidas por cierto) en realidad no representan a nadie, salvo a sí mismas, y menos son iluminados para una tarea de esa magnitud. ¡Son designados! Es una especie de mini parlamento designado para observar y cautelar nada menos que el diseño de una nueva Constitución.
En mi opinión, si se tratara de un proceso de espíritu realmente democrático y bien elaborado, lo razonable es que si hay, por ejemplo, un artista, este fuera elegido por los propios artistas, o un deportista por los deportistas, o un trabajador por los trabajadores y no por el Gobierno de turno. Este nuevo “órgano social”, llamado a dar garantías societales, desde la partida carece absolutamente de legitimidad y representatividad democrática. El proceso, entonces, ha sido mal parido. Como decía Germán Becker, cuando se nota la intención, se pierde la ilusión.
Por todo esto es que las asambleas constituyentes son un fiasco para una tarea de la magnitud de redefinir las bases legales de la sociedad, y las premisas de su democracia. Aquí, por la vía de los hechos, de manera improvisada, sin consultar ni a la población, ni al Congreso, de manera claramente antidemocrática, el Gobierno ha mostrado la total falta de fundamentos del proceso y su objetivo final de controlarlo. Con este inicio antidemocrático, y un comité de designados, el pronóstico es realmente oscuro.
