Desde el punto de vista del debate público, el tema de la falta de infraestructura hospitalaria parece que “pasó de moda”. Ya no es noticia. Pero el problema -y los afectados por su falta de solución- siguen estando ahí.
¿Qué muestran los hechos? Que quienes se atienden en el sistema público de salud deben esperar a veces años para acceder a un tratamiento de mayor complejidad, que junto con la falta de especialistas esto se explica por carencias de infraestructura, que nuestro país ofrece la mitad de las camas hospitalarias que las demás naciones de la OCDE y que para tratar de suplir este déficit se arriendan en el sistema privado.
Habría que agregar que el precio del cobre se ha desplomado, que la economía sigue con un mediocre nivel de crecimiento, que la reforma tributaria no recaudará lo que se había previsto y que las restricciones presupuestarias son inevitables dado el déficit fiscal que acumula el país y cuyo incremento lo terminan pagando todos.
¿Qué se está haciendo? Más que priorizar la búsqueda de soluciones, nos enfrascamos en análisis y argumentaciones cuyo trasfondo no es otro que dilatar -y ojalá impedir definitivamente- que se ponga en práctica la única respuesta a este urgente problema: retomar la política de concesión de hospitales.
En Inglaterra se han desarrollado unos 150 hospitales mediante el mecanismo de asociación público-privada y en Chile, al evaluarse la experiencia que hay en el tema, se ha concluido que los hospitales concesionados no son más caros ni demoran más en ser construidos que los que se llevan adelante con recursos sectoriales. Por esto, no vemos razón para que las partes involucradas no puedan sentarse a debatir sobre el modelo y acordar los perfeccionamientos que sean necesarios. Pero, para desgracia de quienes más lo necesitan, esta conversación sigue pendiente y sin atisbos de querer concretarla.
Si el problema son los costos de operación y mantenimiento, la solución está en perfeccionar los nuevos contratos y asegurar que existan buenos mecanismos de control y verificación. Si el problema fueran eventuales fricciones entre lo público y lo privado, la solución sería mejorar la subordinación de los servicios a la dirección médica del hospital y generar sistemas que faciliten la resolución de controversias.
Incluso, en las actuales circunstancias, hemos propuesto revisar el alcance de estos ámbitos. Puede no ser la política óptima, pero para ofrecer una respuesta satisfactoria a las demandas de la población la concesión de hospitales podría circunscribirse por ahora sólo a la construcción y mantención de la infraestructura, no incluyendo la adquisición y renovación de equipamiento médico ni los servicios no clínicos. Opciones que podrían retomarse solo luego de que especialistas evalúen objetivamente la experiencia de los actuales hospitales concesionados.
Con voluntad de diálogo y adecuaciones como las mencionadas se podría iniciar en un breve plazo la construcción de hospitales de alta complejidad y no seguir postergando esta solución.
