El ministro de la Corte Marcial, Omar Astudillo, solicitó un equipo especial de la PDI para investigar el millonario fraude cometido en el Ejército que, según se estima, podría ser superior a los $3.300 millones por pagos fraudulentos a empresas proveedoras que no efectuaron los trabajos supuestamente contratados.
Según publica La Tercera, citando fuentes del caso, una de las primeras determinaciones del ministro Astudillo, nombrado en el caso el 13 de noviembre pasado por la Corte Suprema, fue pedir a la PDI que forme un equipo especial de detectives para indagar la emisión de facturas ideológicamente falsas a las empresas proveedoras del Ejército involucradas en los hechos.
La PDI destinó a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y el magistrado solicitó que el grupo estuviera integrado por los mismos detectives que trabajaron con él en la investigación del caso EFE por fraude al Fisco, ocurrido entre 2003 y 2005. Astudillo también indagó el caso Mirage, por comisiones ilegales, en 2008.
En abril de 2014, el Ejército denunció irregularidades en la unidad Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) que, en ese momento, bordeaban los $103 millones, monto que ha ido aumentando a medida que avanza la investigación.
Estas irregularidades consistirían en el pago de facturas a empresas proveedoras privadas, por concepto de adquisición y contratación de servicios e insumos para reparaciones de vehículos militares.
Los trabajos eran falsos y las facturas las pagaba el Ejército a través de su tesorería, con cargo a los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
En la investigación ya han declarado miembros del alto mando, entre ellos el general Héctor Ureta, ex comandante de la División de Mantenimiento, quien pasará a retiro a fines de este mes.
