Se ha puesto fin a una gran injusticia. Durante su campaña la Presidenta Bachelet prometió la gratuidad universal a los estudiantes de educación superior. “Una reforma permanente de esta magnitud necesita ser financiada a través de una reforma tributaria de verdad”, aseguró en junio de 2013 y sin duda fue su principal promesa electoral, fundada en la necesidad de crear una sociedad más inclusiva y con mayor igualdad.
El año pasado se aprobó la reforma tributaria en el Congreso con el propósito -entre otros – de obtener los recursos para financiar el gran compromiso asumido. Durante todo lo que lleva el 2015, y dado que los recursos proyectados fueron menores, hemos visto distintos anuncios sobre la forma en que se pretendía dar cumplimiento a la gratuidad en la educación superior. La misma Presidenta en su discurso del 21 de mayo comprometió que la gratuidad alcanzaría al 60% de los alumnos más vulnerables el 2016.
Pero todo ha sido una improvisación gigantesca. Sólo en las últimas 48 horas de tramitación de la Ley de Presupuesto se estableció en una glosa que la gratuidad sólo alcanzaría al 50% de los alumnos vulnerables pertenecientes únicamente al CRUCH.
Pero lo más grave no es la improvisación, con la cual este gobierno ha sido muy consecuente, sino la completa injusticia en el otorgamiento de este beneficio. Se excluyó a los alumnos vulnerables del mismo 50% pero matriculados en centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades privadas. Con esa decisión, sólo 3 de cada 10 estudiantes tendrían acceso a la gratuidad. El resto, del mismo nivel socioeconómico y con iguales méritos académicos, quedaron fuera.
Es difícil concebir una forma de otorgar un beneficio que genere mayor desigualdad y exclusión como la que diseñó este gobierno. Estudiantes con las mismas condiciones, pero unos sí y otros no. No digan que las alarmas no sonaron pues desde la oposición y también voces del oficialismo plantearon que esta “forma” de gratuidad era discriminatoria pero el Gobierno presionó hasta terminar aprobándola en el Congreso.
Es esta injusticia la que el Tribunal Constitucional ha señalado como contraria a la Constitución por establecer un acto de discriminación arbitrario. No puede el Estado, con los recursos de todos los chilenos, otorgar beneficios a unos y no a otros sólo por criterios discrecionales de quienes ejercen el poder.
El fallo del TC es favorable para la sociedad chilena y para cientos de miles de estudiantes que ahora están en igualdad de condiciones para recibir los beneficios de gratuidad o becas, independiente de la institución educacional, y eso será gracias a la acción responsable de la oposición. Es un fallo justo y el llamado a “actuar con menos ineptitud” por parte del presidente del Partido Radical, ratifica los errores de quienes están en el Gobierno. Respecto a la reacción de la Presidenta Bachelet, está equivocada en su argumento: nadie quiere frenar la gratuidad de los alumnos vulnerables, sino que por el contrario, queremos que se haga en forma justa.
Me alegro por los estudiantes que ya no serán discriminados. No se puede segregar de forma arbitraria y eso es lo que nuestra Constitución y los valores democráticos exigen.
