La Corte Suprema acaba de elegir al ministro Hugo Dolmetsch como su Presidente por los próximos dos años; no es una tarea fácil la que le espera, pero puede ser de gran beneficio para ese Poder del Estado, así como para toda la sociedad, si en su gestión enfrenta los principales problemas de nuestra judicatura. Quisiera detenerme en el que, en mi opinión, es por lejos el más importante.
Con la llegada de la modernidad se alza la justicia como el criterio ordenador de la legitimidad del poder del Estado. La concepción medieval del gobernante como expresión terrenal de la voluntad divina en el cuidado y conducción de los gobernados, cede el paso a las visiones propias del liberalismo que reconocen en el titular del poder la facultad de organizar la vida en comunidad sólo para que cada individuo pueda buscar su propia felicidad, o llevar adelante su propio proyecto de vida, como quiera definirse.
A partir de aquí, la discusión política evoluciona hasta transformarse en un debate que gira esencialmente alrededor de la búsqueda de un orden social justo. Hoy la política no es otra cosa que la gran discusión sobre la justicia, Rawls y Hayek son el mejor testimonio de ello. El profesor de Harvard Michael Sandel, dice en su libro Justicia, que todo político debiera tener en su cabecera, que “preguntar si una sociedad es justa es preguntar por cómo distribuye las cosas que apreciamos: ingresos y patrimonios, deberes y derechos, poderes y oportunidades, oficios y honores. Una sociedad justa distribuye esos bienes como es debido; da a cada uno lo suyo. Lo difícil empieza cuando nos preguntamos qué es lo de cada uno, y por qué lo es”.
La respuesta a la pregunta gira inevitablemente alrededor de la ley, esa norma imperativa de conducta que nos dice cómo deben ser las relaciones entre las personas para que respondan a esta necesidad de justicia. Pero la ley tiene, por decirlo de alguna manera, dos puntas: en una, su origen, está el legislador estableciéndola; en la otra, su destino, está el juez aplicándola. Políticos y jueces están, por lo tanto, unidos y al mismo tiempo separados, por una suerte de cordón umbilical, que es el instrumento y la fuente de su poder: la ley.
Los políticos/legisladores tienen el poder de hacerla; los jueces de aplicarla. Si ambos hacen bien su tarea, entonces el Estado responde a la demanda capital de sus ciudadanos: justicia.
Para que el sistema funcione se requiere, sin embargo, que unos y otros actúen bajo una lógica y unas competencias absolutamente distintas. Así, el legislador, tiene que actuar bajo los criterios de la generalidad y la abstracción, mientras que el juez lo hace en lo particular y lo concreto. A uno y otro le está vedado salir de su campo, por ello el legislador no debe dictar normas de carácter particular, ni menos abocarse al conocimiento de causas pendientes; así como el juez sólo puede intervenir en los casos que la ley o las partes someten a su conocimiento y su decisión es esencialmente de alcance particular, afecta sólo a las partes del proceso.
El político no debe recorrer el camino de lo general hacia lo particular, porque ello deviene inevitablemente en corrupción y el juez tampoco debe andar la ruta contraria, porque si empieza a resolver los casos particulares bajo sus propias visiones de lo que es un orden social justo, prescindiendo de aquellos establecidos por el legislador, estaría convirtiéndose en político. Lo grave de esto es que se erosiona la garantía que otorga el carácter impersonal de la ley, se debilita la seguridad jurídica y, por ende, el Estado de Derecho.
Pienso que esto último está comenzando a suceder en Chile y es algo grave, muy grave. Permítame dar algunas razones de por qué pienso esto.
Hay algunas situaciones bastante obvias, aunque por si mismas no tan graves. El Congreso le consultó a la Corte Suprema por el llamado matrimonio igualitario y en la respuesta firmada por dos Ministros del máximo Tribunal, se afirma que esta materia es una deuda pendiente de la sociedad chilena. Puede que lo sea y los Ministros tengan razón y además tienen, qué duda cabe, el derecho a tener esa opinión personal, pero al expresarla como jueces, en representación de la Corte Suprema, están adhiriendo a un criterio general en la formación de un orden social justo, criterio al menos tan válido como otros diferentes. Eso es política.
La pretensión de que Chile intervenga para verificar la situación de los presos políticos de Venezuela (objetivo que comparto absolutamente) bajo el argumento de la vigencia de una jurisdicción universal de los derechos humanos, implica participar en la forma, los casos y la oportunidad en que el Estado de Chile se hace cargo de esa jurisdicción. Eso es política.
La situación a mi juicio más extendida y más grave, aunque la postulo a modo de hipótesis, es la que se da en la jurisdicción penal. Las víctimas que no encuentran justicia en el sistema reclaman por el exceso de garantismo del proceso penal. Discrepo de esa apreciación, aunque la comprendo y solidarizo con quienes la sostienen. El proceso penal debe ser garantista y los jueces deben aplicar la ley penal, particularmente las normas procesales, bajo ese criterio. El problema es otro.
Me parece que hay jueces que consideran que nuestra sociedad es estructuralmente injusta, discrimina y victimiza a ciertos grupos sociales, los empuja al delito y tiene, por lo tanto, una alta cuota de responsabilidad en la conducta de esos delincuentes. Consideran, por lo tanto, que aplicarles el rigor del sistema punitivo es una forma de revictimización del delincuente, al que ya ven en algún grado como víctima de la sociedad. Bajo esa convicción es que “hacen justicia”, no en un proceso de aplicación de la norma al caso concreto, sino anteponiendo su particular visión de las causas sociales del delito y, por ende, midiendo la imputabilidad en base a sus convicciones personales de lo que es socialmente justo. Eso no es la aplicación de criterios jurídicos de garantía, eso es política y se hace mediante una valoración muchas veces abusiva de los medios de prueba.
Algo muy semejante ocurre en las causas de violencia de connotación indígena en la Región de la Araucanía.
El problema no es que haya jueces de izquierda, ni de derecha. Es inevitable que personas bien formadas y con vocación por la justicia tengan puntos de vista propios sobre la organización de la sociedad. Están en todo su derecho, por lo demás. El punto es que esas visiones deben canalizarse exclusivamente como cualquier ciudadano en el secreto del voto cada cuatro años, pero nunca en el ejercicio de la jurisdicción, bajo una suerte de suplantación del rol propio del legislador.
El nuevo Presidente de la Corte Suprema, en entrevista concedida a La Tercera apenas designado por sus pares, fija posiciones que suponen una correcta aproximación al rol de los jueces. Es alentador y aunque supongo que por razones obvias él no podría reconocer estas críticas como válidas, estamos a tiempo que sea el propio Poder Judicial el que se anticipe a una reflexión sobre la forma en que los jueces deben entender su aporte a una sociedad más justa, porque este es un debate que viene, algunos jueces lo están haciendo inevitable.
