“El Líder sin Estado Mayor” se titula el libro de Carlos Matus donde intenta demostrar la soledad y la falta de soporte que tienen los presidentes. Es una crítica frontal –como solía hacerlo Matus– a la baja capacidad de gobierno que campea en la región y a la baja conciencia que existe sobre esta deficiencia tanto en los propios dirigentes como en las instituciones de educación superior. El texto no solo se queda en la crítica, sino que también propone una estructura de apoyo a la gestión gubernamental, que Matus llama la Oficina del Gobernante.
El affaire Burgos y sus efectos no esperados colocaron nuevamente sobre la mesa las dificultades que ha tenido el estilo de gestión gubernamental de la Presidenta Bachelet para avanzar en su Proyecto de Gobierno. La discusión ha estado menos en relación con los fines –reformas tributaria, laboral, política, educacional o gratuidad– y mucho en relación con los medios, esto es, sobre cómo se discuten, diseñan, aprueban e implementan las políticas públicas.
La relación entre la Presidenta y sus colaboradores ha estado signada por rasgos de su biografía personal. La alta rotación de sus ministros –entre estos, los que ha ocupado la cartera de Interior– o la demora en algunos nombramientos y designaciones clave se explica también por lo anterior. Su estilo parece acomodarse más a una lógica de estructura de anillos o círculos de confianza conformado por cercanos y donde la lealtad es una de las principales virtudes para integrar estos espacios de poder informal.
Como la mayoría de los gobernantes, la Presidenta Bachelet se mueve entre dimensiones contradictorias en el soporte sustantivo de sus decisiones. A juzgar por lo que se conoce de su actual entorno de asesores –eufemísticamente llamado “Segundo Piso”– parece dominar el soporte emocional sobre el soporte frío. El riesgo del “apoyo caliente” está en que este termine convirtiéndose en una cortina impenetrable que la aísle, como parece estar sucediendo.
En estricto rigor, el denominado “Segundo Piso” no existe desde el punto de vista de la arquitectura institucional gubernamental. Corresponde a una construcción simbólica con la que se asocia, desde el final del Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, al equipo de asesores presidenciales. Tuvo mayor nitidez durante la administración Lagos en uno de los dos equipos –el que dirigió Ernesto Ottone–, que buscaba dar soporte político al proceso de toma de decisiones.
El equipo actual se aleja del diseño anterior y muestra un conjunto de deficiencias que se identifican con los déficits de capacidad de Gobierno. En relación con los grupos que ejercen presión sobre la Mandataria: las urgencias dominan a las importancias, la agenda se ha vuelto “reactiva” ante demandas, y las presiones de los actores externos, la “calle”, imponen la priorización de los temas de la agenda.
En relación con el procesamiento de demandas sociales: se toman decisiones sin suficiente información sobre los problemas, no existe procesamiento tecno-político sobre el impacto de tales decisiones. Por último, en relación con la conducción de los equipos de gestión, no existen reglas para decidir qué problemas tienen suficiente valor como para ser enfrentados en ese ámbito y cuáles deben ser derivados a niveles inferiores de decisión.
La ausencia de un sistema integrado de asesoría formal a la Mandataria, que trabaje a partir de un método de procesamiento que valore técnico-políticamente los problemas de Gobierno, por una parte, y la falta de reglas para decidir qué problemas, tienen suficiente valor como para ser abordados, están a la base de los conflictos de eficacia política y técnica de la actual tríada de asesores del “Segundo Piso” de La Moneda.
Se requiere un equipo asesor con un buen entrenamiento tecno-político, que no pierda una oportunidad política por caer en conflictos. Se equivoca el presidente de la DC si piensa que el problema se resuelve incorporando a alguien de la confianza de su partido en el gabinete presidencial. No es tanto en problema de “quiénes” integran ese equipo sino de “qué” y “para qué” se precisan.
En esto Matus es claro: no habrá reforma del Estado sin reformar antes la sede del poder presidencial, la Oficina del Gobernante.
