Las máximas multas pidió la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de tres cadenas de supermercados del país -Cencosud, SMU y Walmart Chile- por haber participado de un acuerdo o práctica concertada destinada a fijar, por intermedio de sus proveedores, de un precio de venta especial para la carne de pollo fresca.
El requerimiento fue presentado hoy ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por el Fiscal Nacional Económico (S), Mario Ybar Abad, y solicitan multas por cerca de US$ 22 millones para cada empresa.
El acuerdo de precios se concretó entre 2008 y 2011. La investigación derivó del bullado caso pollos, donde se sancionó a Agrosuper, Ariztía, Don Pollo y la Asociación de Productores Avícolas de Chile de coordinarse para establecer cuotas de producción.
La investigación de la FNE comenzó en agosto de 2011 y en diciembre de ese año, de hecho, incautó computadores en las cadenas denunciadas.
MODUS OPERANDI
Este cartel funcionaba a través de los proveedores. Los supermercados, a través de ellos, observaban y exigían que sus competidores aplicaran una regla que buscaba impedir la venta de pollo fresco bajo su costo de adquisición mayorista.
Este nuevo caso de colusión tiene sus orígenes el 14 de diciembre de 2001, cuando la entidad liderada por Felipe Irarrázabal -a través del OS-9 de Carabineros, la unidad especializada en estos temas- allanó las dependencias de Walmart, Cencosud, SMU y Tottus.
De acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, en las cinco supermercadistas se incautaron computadores, se obtuvieron copias de los correos electrónicos y se respaldó información de discos duros de los ejecutivos y gerentes -product manager o category manager – a cargo de las áreas de carnes, productos de limpieza -en especial de detergentes- y abarrotes de cada una de estas compañías de retail.
No obstante, la demanda de la FNE fue sólo sobre la carne de pollo, y se dejó fuera del requerimiento a Tottus, cadena supermercadista ligada al grupo Falabella.
WALLMART
En horas de esta tarde, el consorcio Walmart Chile declaró que se encuentra analizando el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que lo vincula con el caso de colusión de supermercados.
El conglomerado explicó que «desde el inicio de esta investigación, en el año 2011, hemos cooperado activamente con las autoridades y continuaremos haciéndolo mientras el Tribunal analiza este caso», agregando que «como empresa estamos comprometidos con la libre competencia y por eso contamos con procesos certificados para que todas nuestra acciones se apeguen a sus principios y normativas».
Según información del FNE, la colusión se produjo entre 2008 y 2011, donde Walmart, SMU y Cencosud, fijaron los precios de la venta de pollos frescos.
MINISTRO DE ECONOMÍA
El ministro de Economía, Luis Felipe Cépedes, calificó de «indignante» el nuevo caso de colusión que involucra a las cadenas de supermercados Cencosud, SMU y Walmart Chile, en el que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) las acusa de coludirse para fijar precios en el mercado de la carne de pollo fresca.
«Esta situación es indignante. Creo que todos los chilenos debemos mostrar toda nuestra indignación ante este tipo de situaciones. Es un producto básico para los chilenos, quizás la fuente más importante de proteínas. Como gobierno, mostramos toda nuestra indignación. Debemos hacer un llamado al Congreso para aprobar con la mayor celeridad el proyecto de ley que aumenta drásticamente las sanciones para quienes se coluden», dijo el secretario de Estado.
«No podemos hacer de esto una práctica común en nuestros mercados», enfatizó Céspedes, quien destacó el rol de la Fiscalía Nacional Económica: «Desde que la FNE tuvo las facultades ha logrado ir descartando carteles como este (…) Tenemos todavía un tremendo espacio para avanzar en la sanciones en materias de ilícitos».
El ministro anunció que el Servicio Nacional del Consumidor ya se encuentra analizando «cuáles son las medidas en materia de los derechos de los consumidores».
CPC
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, reiteró la condena del gremio frente a este tipo de prácticas. «Condenamos y rechazamos terminantemente la colusión y todo tipo de práctica que atente contra la libre y leal competencia que debe existir en los mercados, la cual constituye la principal garantía para que los consumidores accedan a los productos y servicios a precios competitivos», dijo Salas.
En este sentido enfatizó «que la colusión daña la fe pública y afecta profundamente la confianza entre los actores de la sociedad, factores indispensables para el adecuado funcionamiento de la economía, para el emprendimiento y las inversiones».
Afirmó que en caso de confirmarse la denuncia de colusión por parte del Tribunal de la Libre Competencia, en que por acuerdo de precios entre las empresas se haya obtenido ganancias por sobre lo que correspondía a un mercado competitivo, deberá aplicarse todo el rigor de la ley a los responsables y estudiar los mecanismos de compensación a los afectados.
«Nuestro país cuenta con una institucionalidad que ha demostrado que funciona adecuadamente frente a casos como éste, llevando a cabo de manera diligente las investigaciones y denuncias correspondientes. El proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso permitirá perfeccionar las normas de libre competencia, al contemplar el aumento de las sanciones y la creación de la figura del delito de colusión», añadió.
