La comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago otorgó el beneficio a 568 internos de la Región Metropolitana que cumplían con los requisitos para acceder a la prerrogativa.
De acuerdo a las evaluaciones realizadas en las diversas unidades penales, un total de 1.768 internos postularon y, tras las evaluaciones realizadas por la comisión, se otorgó la libertad condicional a 568, es decir, al 32,1% de los postulantes.
La comisión de Libertad Condicional se reúne semestralmente –en abril y octubre de cada año– para analizar la entrega de beneficios a los internos de los penales de la jurisdicción que cumplan con los requisitos.
La comisión capitalina está presidida por la ministra Javiera González e integrada por 10 jueces de juzgados de Garantía y de tribunales orales.
La instancia, de la que existe una en cada Corte de Apelaciones del país, analiza los informes elaborados por los jefes de los establecimientos penitenciarios, quienes deben considerar varios aspectos para calificar a los internos.
Uno de ellos es el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva; haber tenido conducta intachable en el establecimiento penal; haber aprendido un oficio si hay talleres donde se cumple la condena y haber asistido con regularidad a la escuela y conferencias educativas del penal.
Quienes acceden al beneficio de la libertad condicional deben fijar domicilio y quedan sujetos al control de Gendarmería.
MINISTRA BLANCO
La ministra de Justicia, Javiera Blanco, dijo que el Poder Judicial debe explicar el aumento entre un 5% y un 10% de los beneficiados que accedieron al beneficio de la libertad condicional.
Este incremento se habría debido a un cambio de criterio de los organismos que otorgan el beneficio.
Según consignó radio Cooperativa, la polémica se extiende porque en los casos conocidos recientemente en las Regiones de Valparaíso y Metropolitana aparecen beneficiados reos condenados a cadena perpetua.
«Está la posibilidad que estemos invitados a una comisión en el Parlamento, porque en ambas regiones el patrón se disparó. Tener mil 300 personas puestas en libertad es una cárcel que se abrió y eso es grave», sostuvo.
La secretaria de Estado agregó que espera reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, y que si estuviera aprobada la agenda corta antidelincuencia el número de presos liberados sería menor, ya que la norma exigirá el cumplimiento de al menos dos tercios de la pena para acceder a este beneficio.
LA UDI
Los diputados UDI Andrea Molina, María José Hoffmann y Osvaldo Urrutia, calificaron como “desafortunada” la liberación de más de 700 reos desde la cárcel de Valparaíso.
A juicio de Urrutia «hay que partir siempre de la base que si una persona estuvo privada de libertad, alguna lección tuvo que haber sacado y una vez recuperada la libertad, enmendará su rumbo.
«Pero nos parece preocupante que la Corte de Apelaciones le haya otorgado la libertad a más de 700 reos que cumplían diferentes condenas, algunas de ellas por delitos bastante graves y que no cumplían con los requisitos para salir de la cárcel», añadió la diputada Andrea Molina.
El diputado Osvaldo Urrutia dijo además que «sin planes de rehabilitación y reinserción adecuados, la medida no me parece de lo más acertada. Por ello es que voy a solicitar a la Comisión de Seguridad Ciudadana que se cite al director nacional de Gendarmería para que nos explique las razones que se tuvo para dejar en libertad al 90% de los reos que pidieron libertad provisional este año, algo que a lo menos es insólito y no deja de llamar la atención».
«Además vamos a oficiar a la Corte Suprema para que desde ese poder del Estado, se nos indique los criterios que se seguirán utilizando para otorgar beneficios a personas privadas de libertad», añadieron los diputados gremialistas.
SENADOR CHAHUÁN
Por su parte, Francisco Chahuán (RN), senador por la Región de Valparaíso, manifestó su preocupación por la liberación masiva de internos y dijo que solicitará a la Corte de Apelaciones un informe sobre el criterio aplicado para acoger la solicitud de 724 reos a quienes les fue concedida la libertad condicional.
El parlamentario cuestionó la aprobación del 90% de las solicitudes, en circunstancias que históricamente esa cifra llegaba al 7% y que «la mayor inquietud ciudadana tiene que ver con la seguridad pública».
Por lo mismo, dijo que «es importante saber las razones en las que se fundaron las resoluciones y que se aclare el criterio aplicado para otorgar los beneficios».
SENADOR OSSANDON
El Senador Manuel José Ossandón criticó fuertemente la decisión de la Corte de Apelaciones de otorgar la libertad condicional a más de 500 reos en Santiago y 700 en Valparaíso, manifestando que “esto muestra una falta de criterio enorme que demuestra las contradicciones de nuestro sistema judicial”.
El parlamentario señaló que “no estoy de acuerdo con esta medida. En un ambiente de inseguridad con una agenda corta discutiéndose, esta una señal equivocada para la ciudadanía. Es una medida temblorosa y no firme contra la delincuencia”.
“No se está extirpando la sensación de miedo entre la gente, por el contrario se está incrementando. Esta es una muy mala medida que deja la sensación de que se protege más a los delincuentes que a las víctimas”, afirmó el Senador Ossandón.
“Esta no es una decisión que me parezca de lo más acertada. El Director Nacional de Gendarmería tiene que informar sobre los criterios que se utilizaron para otorgar el beneficio. Es preocupante”, indicó el parlamentario.
CORTE SUPREMA
El ministro de la Corte Suprema y vocero del máximo tribunal del país, Milton Juica, se refirió hoy a la discusión pública sobre las libertades condicionales que otorga, dos veces al año, cada Corte de Apelaciones del país y que en esta ocasión favoreció a 568 reos en Santiago
El ministro Juica recordó el origen del actual sistema y explicó que «la ley que entregó esta tuición al Poder Judicial a través comisiones especiales, fue informada por la Corte Suprema en forma desfavorable el 2011; y lo informó desfavorablemente, porque consideraba que este es un tema que genera controversia y porque en el fondo lo que requiere el país en torno al control y cumplimiento son tribunales de ejecución de la pena. Por lo tanto, no le parecía a la Corte Suprema sustituir la funciones que tenían los seremis de Justicia en orden a resolver la cuestiones de libertad condicional, que es un cuerpo legal de muy antigua data, y que se ha aplicado en el país desde hace mucho tiempo, con la salvedad de que solo a partir del 2012-2013 pasó esa tuición a estas comisiones de libertad condicional formada por jueces de las distintas jurisdicciones del país», sostuvo.
El ministro agregó que el cambio legal se debió, fundamentalmente, a la necesidad de reducir el elevado y generalizado nivel de hacinamiento e inhabitabilidad de las cárceles y centros de detenciones, que registran en promedio un 60% de sobrepoblación. Recordando, además, que en el análisis del Ejecutivo, la intervención de los seremis de Justicia «se ha traducido en una reducción considerable del número de condenados que finalmente acceden a este tratamiento penal especial y viene arrojando, desde largo tiempo, dudas sobre la objetividad que guía un proceso que resulta clave para propiciar un buen comportamiento intrapenitenciario y fomentar la rehabilitación e reinserción de los condenados. Esa fue la razón que generó el cambio, por lo tanto no se creía que los seremis estaban cumpliendo adecuadamente sus funciones», afirmó.
«De tal modo que no ha habido ninguna cosa extraña ni oculta en materia de esta decisión. Hoy por hoy, el sistema ha estado operando y por supuesto que llama la atención que opere en mayor medida que en épocas anteriores, porque los seremis de Justicia no otorgaban las libertades condicionales por carácter subjetivo y, por lo tanto, el Poder Judicial se hace un deber el explicar a la ciudadanía que las personas que obtienen este beneficio han sido propuestas por un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, que ha vigilado al recluso, entendido que cumple requisitos de tiempo, estudios y trabajo; es decir, los requisitos de la ley. En este entendido, en consecuencia, aquí no hay una segunda intención como irresponsablemente se ha tratado de señalar en algunas comunicaciones de prensa dadas por algunas autoridades de Gobierno. Simplemente se está cumpliendo lo que la ley ha señalado con la prevención que ya el Poder Judicial había dicho sobre esta materia, porque en este momento la sobrepoblación carcelaria no ha disminuido a partir de la fecha que se propuso esta modificación y porque, además, los organismos internos de Justicia no cumplieron sus cometidos en su tiempo», sentenció.
«Estamos hablando de un número insignificante con relación a la población carcelaria, aquí no salió todo el mundo libre como se quisiera pensar y, por lo tanto, no ha habido un exceso en esta materia; y el sentido de esta ley es darles una oportunidad a personas que han cumplido más de la mitad de sus condenas, para que cumplan el resto de la pena en libertad», agregó el ministro vocero.
«El tema de la seguridad ciudadana es un tema que todos tenemos presente, pero el sistema está establecido de una manera que todas las personas tienen alguna vez la oportunidad de salir en libertad, cumpliendo totalmente la pena o cumpliéndola, como dice la ley, en libertad condicional. Eso no significa que el sistema asegure que esas personas no cometan nuevamente delitos, ya sabemos las altas tasas de reincidencias en este país, pero ese no es un tema que le corresponda al Poder Judicial, sino que es una política pública que debe ser manejada a otro nivel», concluyó.
Más temprano, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, reconoció que «si bien es una decisión de los jueces, tenemos derecho a conocer los criterios. De 800 que la piden todos los años, se le otorgaba la libertad condicional a 80. Que ahora pasemos al 93%, llama la atención».
GENDARMERÍA
Gendarmería de Chile respondió ante la entregada de más 1500 libertades condicionales a lo largo de todo el país.
Por medio de un comunicado la institución explicó que la Libertad Condicional es una forma de seguir cumpliendo la pena en libertad y no extingue la responsabilidad penal. «La función de Gendarmería es elaborar el listado de aquellas personas que cumplen con los requisitos que la ley establece para ser presentados a la Comisión de Libertad Condicional la que se encuentra conformada íntegramente por miembros del Poder Judicial. Es esta Comisión la que otorga o deniega el beneficio de la Libertad Condicional», agregó.
El texto indica que en el año 2012, mediante la ley 20.587, se dejó fuera de la toma de decisión sobre este beneficio a los Secretarios Regionales Ministeriales de Justicia, «la postulación al mencionado beneficio es un derecho del interno, sin embargo, la decisión es tomada por la Comisión de Libertad Condicional de cada Corte de Apelaciones a lo largo del país».
«En el caso particular de la Quinta Región, del total de postulantes, Gendarmería sugirió no otorgar el beneficio a 528 internos. No obstante aquello, la Comisión de Libertad Condicional, en uso de sus facultades legales, decidió concederles el beneficio a 788 internos incluyendo a aquellos que contaban con informe desfavorable por parte de Gendarmería», finaliza el comunicado. (Emol-El Mostrador)
