En el caso del cáncer de mamas en pacientes sintomáticas, el actual decreto fija que, mensualmente, el arancel por un control médico es de $ 21.870, mientras que el nuevo decreto establece, por el mismo servicio, un valor de $ 120.630, es decir cinco veces más.

Pero no todos los problemas detectados apuntan a una mala tarificación, también se encontraron fallas en las frecuencias autorizadas para algunas prestaciones. Por ejemplo, para el tratamiento de lupus (eritematoso sistémico), hoy establece un control mensual por un valor de $ 120.000 cada uno. La nueva norma sólo habla de un control anual, por un costo de $ 1.300.000.

“Esto no se relaciona con la gravedad de esta enfermedad. Es irrisorio pensar que el paciente tendrá un sólo control al año”, explicó Pablo Araya, secretario técnico del Departamento de Medicina Privada del Colegio Médico, a cargo del análisis. “Estamos investigando los 40 errores para visualizar el alcance de estos”, agregó Araya.

El presidente del gremio, Enrique Paris, manifestó que urge solucionar a la brevedad el caso. “No estamos pidiendo la renuncia de nadie, sino que se encuentre una solución rápida que vaya en beneficio de los pacientes, para lo cual estamos disponibles”, dijo.

A partir de la gravedad de la situación y las inquietudes que se están generando, la ministra de Salud, Carmen Castillo, indicó que su cartera inició un sumario interno, misión que estará a cargo de la Superintendencia de Salud.

“Sabemos que existe inquietud al respecto, nosotros hemos iniciado ya los trámites para una investigación sumaria, estamos viendo todos los elementos para superar este trámite que es administrativo”, detalló.

La secretaria de Estado agregó que “sabemos que tenemos que tener las responsabilidades muy claras para poder seguir avanzando para poder dar tranquilidad a la comunidad”.

Hasta ayer el Ministerio no tenía claro la forma en cómo resolverá la situación. Así lo confirmó la presidenta del Consejo Consultivo del Auge, Cecilia Sepúlveda, y Manuel Inostroza, otro de sus integrantes, tras la sesión de ayer.

La situación genera preocupación también  en las isapres, donde deben calcular las prima que deberán cobrar una vez publicado el decreto, lo que no pueden hacer sobre un texto con errores en sus cálculos. “Esperamos que las autoridades entreguen pronto las instrucciones a todos los organismos involucrados, se corrijan los errores a la brevedad de tal manera de no afectar los beneficios de la población”, sostuvo el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes.

Entre las dos opciones que se barajan están, por un lado derogar el decreto ya publicado y prorrogar el actual. Sin embargo, esa alternativa tiene efectos directos en los pacientes por dos motivos:  significará que las 15 mejoras que se incluyeron en el nuevo decreto no podrán activarse para pacientes de Fonasa e isapres y además, las excepciones que incluyó para la entrada en vigencia de la garantía de calidad a prestadores institucionales, tampoco podrán activarse (ver nota secundaria).

La otra alternativa que toma más fuerza es la de modificar el decreto que debe correr desde julio, para lo cual los técnicos trabajarán durante todo este fin de semana hasta reparar los errores, y hacer las correcciones necesarias. Al respecto, Inostroza agregó  que “esto es un zapato chino, no tienes una alternativa que elimine todos los problemas, sino que estás eligiendo con qué tipo de problemas quieres lidiar”, haciendo alusión a que independientemente de la alternativa que se escoja, el error afectará a los pacientes.