El pasado lunes 11 de julio, exactamente un día después de la transmisión del programa Informe Especial donde se revelaron supuestos pagos de la agrupación de pesqueras del sur austral chileno, Fipes, al hoy diputado por Aysén y exvocero del Movimiento Social de esa zona, Iván Fuentes, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ordenó abrir una investigación de oficio para indagar eventuales hechos constitutivos de delitos.
Según informó el propio Ministerio Público, Abbott incluyó en dicho oficio a los senadores de esa misma región, el DC Patricio Walker y el independiente (ex RN) Antonio Horvath, quienes también fueron nombrados en el reportaje de TVN; el primero como gestor del financiamiento enviado por Fipes a Iván Fuentes, y el segundo por la inclusión de una ejecutiva de esa firma como su asesora mientras se discutía la también llamada “Ley Longueira” en la comisión de Pesca.
Sobre esto último, el senador Horvath, quien se desempeñó como presidente de la Comisión de Pesca y luego como presidente de la Comisión Mixta que despachó dicha ley, señaló en ese mismo programa y posteriormente a otros medios que la inclusión como asesora de la gerente general de Fipes, Valeria Carvajal, fue “para que todos pudiesen participar en la comisión, pudieran entrar a la sala y levantar la mano si es que reconocían una condición como asesores nuestros”.
Sin embargo, la aparición de Carvajal en la comisión no fue en una sola sesión sino que en varias oportunidades y no siempre como asesora del senador Horvath. Según consta en las actas de la comisión del Senado, Carvajal asistió en total ocho veces a la comisión durante la tramitación de la Ley de Pesca, y al menos otras tres veces ese mismo año durante la tramitación de otros proyectos vistos por esa misma comisión.
En todas las ocasiones anteriores, tal como consta en las actas de sesiones, Carvajal es incluida en el listado como ejecutiva de Fipes. Es más, tres meses antes de su inclusión como asesora de Horvath, la misma Valeria Carvajal expuso en dicha comisión como representante de la Federación Gremial de Industrias Pesqueras de la Macro Zona X, XI y XII Regiones, junto a representantes de Sonapesca (Sociedad Nacional de Pesca) y Asipes (Asociación de Industriales Pesqueros A.G.)
Consultado por CNN Chile al respecto, Horvath señaló que no era un error haber inscrito a una representante de las grandes pesqueras como su asesora, dijo que era una “situación extraordinaria”, que no estaba normada y que existió un acuerdo de la comisión “y yo como presidente de la comisión pido que se haga la entrada de estas distintas personas y sobre todo de organizaciones. Y es la manera de poder equilibrar una ley que tiene intereses contrapuestos”.
“Ella no es mi asesora, para que ellos pudieran entrar a la comisión y levantar la mano, debían figurar como nuestros asesores. Voté en libertad, yo me opuse a la ley Longueira y la logré cambiar dentro de mis posibilidades en el Senado”, dijo el senador en Informe Especial.
Tal como había mencionado Horvath, para la participación de personas u organizaciones ajenas al Congreso no existe una norma y su presencia puede ser parte de una acuerdo con los demás miembros de cada comisión. Sin embargo, desde la administración del Senado prefirieron no referirse a si era prudente inscribirla como asesora si en otras oportunidades ya había participado como invitada y representando a su propia organización.
CIUDADANO INTELIGENTE
Desde marzo de 2015, la Fundación Ciudadano Inteligente ha presentado querellas contra todos los políticos investigados en los casos de financiamiento ilegal de la política. La única excepción fue el excandidato presidencial Laurence Golborne, quien supuestamente cometió estos ilícitos cuando ya no era funcionario público.
Para todas esas acciones legales la fundación ha sido representada por el estudio Estudio Horvath, Daza, Farachi & Orthusteguy abogados, quienes han solicitado pericias y han litigado en los casos Penta, Soquimich y Corpesca. Logrando una importante participación en el debate legal y visibilidad en los medios de comunicación.
El problema es que para este nuevo caso, que ya está en manos de la fiscalía regional de Aysén, el estudio podría tener una serie de conflictos de interés. El primero y más notorio es que entre sus socios integrantes está una hija del senador Horvath, Valentina; y su yerno, el abogado Mauricio Daza.
Este último, quien incluso se ha enfrentado públicamente con la Fiscalía Nacional en las audiencias de los casos Penta y SQM, tiene además un vínculo contractual como asesor externo del senador por Aysén en reiteradas oportunidades durante los últimos años.
Entre ellas destaca una ocurrida precisamente en medio de la discusión de la Ley de Pesca registrada en diciembre de 2012 en el portal de Transparencia del Senado sobre dos materias: “indicaciones pesca y presupuesto / proyecto que modifica loc. Min Público en transparencia de gestión”. Por este motivo, el jurista recibió 1.090.000 pesos. Daza, a través del estudio, también es querellante en Corpesca.
Consultados por este punto, desde la Fundación Ciudadano Inteligente, su director ejecutivo, Pablo Collada, explicó a este medio que “si se encuentran antecedentes suficientes de que efectivamente se recibieron recursos ilegales que derivaron en acciones de cohecho, digamos que realizaron acciones valiéndose de sus cargos públicos en favor de quienes los financiaban ilegalmente o ilícitamente, bueno, pues ahí tendría que haber una querella por nuestra parte”.
En tanto, el senador Horvath, en conversación con The Clinic Online, recalcó que los asesores formales del Congreso son pagados y se lleva registro de ellos y reiteró que durante la tramitación de esa ley llevó para participar en la comisión de Pesca a representantes de los sindicatos pesqueros, pymes, de ONG medioambientales como Oceana, Greenpeace y Terram, además de representantes de la industria, entre otros. “No hay contratos ni vínculos”, dice.
“De esas indicaciones (las que recibió por correo de Valeria Carvajal) digo lo mismo que dije a Informe Especial: recibo centenares. Ante la pregunta, y cómo no dan la posibilidad de revisar, yo dije que voté a consciencia. Y así fue, no puedo decir otra cosa. Y después averigüé y había votado exactamente en el sentido contrario”, señala.
El parlamentario dice que recibió el apoyo de organizaciones medioambientales el mismo día de la emisión del programa de TVN, respaldando su actuar durante el debate de la ley, y dice que debe investigarse a todos los parlamentarios que incidieron en su tramitación, incluidos los de la Cámara de Diputados.
Por último, el senador señaló que todos los antecedentes de su actuación están disponibles y que es partidario de que se revise en ambas cámaras del Congreso porque “en el Senado incluso nosotros le ponemos, en términos náuticos, la proa a esta ley, porque antes no tenía licitaciones, porque era una trampa, porque subieron porcentajes de cuotas de especies que vienen todas a la baja y en el fondo era un pésimo negocio”.
“Yo creo que todos los que participamos deben ser investigados. Todos, todos. Yo no tengo ningún drama ante la ley y ante tribunales somos todos iguales. Ojalá que se investigue todo a fondo para despejar una serie de mantos de dudas y la cosa quede clara”, aseguró. (The Clinic)
