El jueves, el gremio calificó como una «grave agresión» a la independencia del Poder Judicial la aprobación del reajuste al sector público que congela los sueldos superiores a 4.400.000 pesos lo que implica que más de mil magistrados no verán incrementados sus salarios.
Las gestiones del gremio incluyeron una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolemstch, a quien le solicitaron -de manera informal- que a raíz de esta situación se avance hacia una norma constitucional que permite crear un mecanismo de «reajustabilidad automático», con «un parámetro objetivo», para «actualizar las remuneraciones de los jueces».
También se han mantenido «algunas conversaciones» con parlamentarios para identificar la «particularidad de la situación de los jueces», agregó.
De acuerdo a lo señalado por Flores «los jueces somos un poder del Estado y de alguna manera estamos en situación de equilibrio respecto a las autoridades del Parlamento y a las autoridades del Gobierno. (En cambio), los funcionarios públicos -que también son funcionarios del Estado- están subordinados a determinadas burocracias administrativas, es decir, están bajo un vínculo de subordinación y los jueces nos estructuramos sobre la idea de la independencia para ejercer nuestra función».
«Es una garantía para los ciudadanos, de las personas que llegan a los tribunales, que los jueces sean independientes, que no puedan ser manipulados por distintos intereses. Por eso, nosotros reclamamos (…) que la remuneración no puede quedar a estos vaivenes, a estos caprichos», indicó.
«Nosotros no deberíamos estar sometidos a la idea de negociación, sino que lisa y llanamente a parámetros objetivos», espetó.
Sobre un eventual paro, Flores afirmó que «en lo inmediato ha sido imperioso tratar de jugar una última carta con la Presidenta. Se ha hecho la petición, hemos pedido también al presidente de la Corte Suprema que interceda, pero hay que ser realistas y es probable que esto no se produzca, lo que no significa que nos mantengamos en un escenario más bien de conversaciones y gestiones ante las más altas autoridades, más allá de las movilizaciones».
«Paro no», remarcó el líder del gremio quien agregó que tienen un «vínculo muy potente con el deber jurídico y el deber constitucional que tenemos con la ciudadanía en cuanto a prestar el servicio judicial». (Cooperativa-Cambio 21)
