La mañana de este lunes era fundamental para más de 290 mil jóvenes, que llenos de nervios y naturales expectativas afrontaron la primera jornada de rendición de la Prueba de Selección Universitaria, la temida PSU. Al mismo tiempo, el Gobierno vivía una jornada clave en materia educacional: debía lograr ordenar la casa y cuadrar a los parlamentarios de la Nueva Mayoría detrás de la propuesta de consenso a la que llegaron la ministra de la cartera, Adriana Delpiano, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, con la oposición.
Una escena que parece perseguir a la Nueva Mayoría, pues una vez más miles de estudiantes rendían la PSU sin tener claridad de la forma en que financiarán su educación superior. Un déjà vu que recuerda las maratónicas jornadas durante el 2015 para lograr aprobar la gratuidad y que revive el fantasma de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que la declaró como “discriminatoria”, situación para la cual el Gobierno intentó resguardarse, al delimitar la ampliación de la gratuidad sOlo a los matriculados en IP y CFT que pasen a constituirse como entidades sin fines de lucro y al preparar un consenso con la oposición.
La ministra de Educación empezó temprano la jornada y envió un mensaje claro: “Es un tema de no optar por lo mejor, sino por el mal menor, respecto al fallo del TC”, dijo a El Mercurio. Frase que marcaba una señal para algunos sectores de la Nueva Mayoría, que se mostraron contrarios a las negociaciones del Ejecutivo con los parlamentarios de Chile Vamos, y que denunciaron que se estaba “priorizando a las universidades privadas por sobre las estatales”.
Entre los principales acuerdos que adquirió el Gobierno con la oposición está la inyección de casi 8 mil millones de pesos a la glosa, ampliar la Beca Bicentenario –que cubre el arancel de referencia para los estudiantes pertenecientes al 70% de la población con menores ingresos y que hayan alcanzado un promedio PSU de 500 puntos– a los estudiantes de universidades privadas fuera del Cruch, además asegurar el proceso de ingreso a la gratuidad para los IP y CFT, junto con aumentar los montos de las Becas Nuevo Milenio para la educación Técnico profesional, entre otros requisitos.
Para el diputado de la UDI Jaime Bellolio, miembro de la Comisión de Educación, es entendible que el Ejecutivo haya cedido ante los requerimientos de la oposición, ya que ha quedado en evidencia que “la gratuidad universal es algo regresivo”, y agrega que si se apegan a la solución propuesta no acudirán al Tribunal Constitucional.
Parte de la Nueva Mayoría intentó blindar la negociación de Eyzaguirre y Delpiano con Chile Vamos, luego de que ambos citarán a una reunión especial a los parlamentarios miembros de las comisiones de Hacienda y Educación.
El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, señaló que la propuesta había llegado a un “punto intermedio”; por su parte, la presidenta de la DC, Carolina Goic, puso el foco en la necesidad de encontrar un acuerdo en la Comisión Mixta. “Debe haber un diálogo que nos permita también un reconocimiento a los alumnos más vulnerables, que puedan estar en otros tipos de planteles, siempre garantizando la calidad de ese plantel, por tanto, asegurar la posibilidad de ampliar becas y continuar con la gratuidad, pero siempre con la exigencia de acreditación”, puntualizó.
Goic agregó que es prioridad que “donde exista gratuidad no pueda haber un fin de lucro. Y esa es la línea roja que de alguna manera hemos trazado”, postura que respaldó el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), quien destacó que el Gobierno intenta “buscar la mejor fórmula… hoy hay becas, y eso se va a modificar seguramente en la propuesta, y lo positivo de todo es que vamos a tener 260 mil alumnos que van a ir gratis a la universidad y otros van a tener becas mejoradas».
Para el especialista José Julio León, la única claridad es que el Gobierno ha puesto la prioridad en “seguir avanzando en la gratuidad vía Glosa Presupuestaria, ya que no tiene esperanzas de que la reforma sea aprobada en el Congreso”. Además, esta lógica de negociación deja en evidencia que “las becas y los créditos van a seguir siendo un complemento necesario para la gratuidad”.
El timonel del Partido Radical agregó que “este no es un tema de reyerta, sino que para construir un acuerdo ojalá lo más amplio posible. Y este acuerdo debe cautelar tres cosas: primero, entender que esta es una transición hasta una norma definitiva; que no puede haber un solo peso público en instituciones que lucren; y, tres, que las becas se focalicen en los jóvenes más vulnerables y modestos del país, las cuales están bien delimitadas con requisitos claros”. Finalmente, recalcó que esta propuesta es “una transición que busca sacar esto de la confrontación”.
La casa desordenada
Pero la confrontación que ha intentado evitar el Gobierno con la oposición se trasladó a las mismas huestes del oficialismo.
La idea de entregar recursos frescos a universidades privadas sin aumentar el trato preferencial para las del Estado, causó molestia en parte de las bancadas del PS, de la DC, el Partido Comunista y algunos parlamentarios del PPD.
Es el caso de la diputada Cristina Girardi, quien señaló que “toda la negociación del Gobierno no es para que las estatales tengan más recursos, es para que las universidades privadas tengan más recursos (…) aquí las universidades privadas han lucrado con los recursos de todos los chilenos y qué hacemos, fingimos demencia y no ponemos ningún requisito para regular este sector”.
Girardi recalcó que este 2016 se repite “el error que cometimos el año pasado, cuando este Gobierno decidió profundizar la opción del subsidio a la demanda”. A juicio de la diputada, la propuesta de consenso entre la oposición y el Gobierno mantiene “la lógica del voucher. Son 3.500 becas que irán a un sector que no está regulado y que lucra”. “Nada de esto estaría pasando si tuviéramos una ley de Reforma a la Educación”, agregó.
Por su parte la diputada Camila Vallejo (PC) destacó el principio de que en la educación no puede haber negocio, “en esa línea hemos avanzado, a pesar de no tener una reforma, a través de la Glosa de Presupuesto (…) la Ley de Presupuesto ha sido clave para avanzar en el objetivo de entender a la educación superior como un derecho”. Agregó que le preocupa que, por evitar ir al TC, “estemos aumentando recursos públicos a instituciones involucradas en casos de lucro”. La diputada comunista criticó que, pese a que se aumentan recursos a las privadas, no se “avance en lo débil del fortalecimiento de las instituciones del Estado”.
Tras el paso de la glosa a Comisión Mixta, el diputado PS Fidel Espinoza señaló que a los socialistas no “les gustó” la vía escogida por el ministro de Hacienda, junto a Eyzaguirre y Delpiano, “que la Comisión Mixta es el único camino y a nosotros como socialistas no nos gusta. Yo no hablo de acuerdo. Aquí hay chantaje de la derecha y, como están dadas las cosas hasta el momento, es el precio que hay que pagar con el propósito de que no derrumben la educación pública y estatal”.
El punto de inflexión lo puso la diputada Yasna Provoste (DC), quien adelantó que “es muy arriesgado avanzar en una línea de gratuidad para los planteles privados”, pues ello marca un precedente para la futura Reforma a la Educación Superior. De acuerdo a la diputada, la ampliación de la beca “es un Aporte Fiscal Indirecto (AFI) encubierto para universidades privadas que se sienten menoscabadas. Es un cómodo acuerdo para las universidades privadas que eventualmente lucran y tengan recursos públicos, a pesar de que el espíritu de la gratuidad tiene un objetivo contrario”.
Es esa eventual línea de profundización, la de equiparar recursos entre estatales y privadas, la que realmente incomoda a parte de los parlamentarios de la Nueva Mayoría y a los rectores de universidades estatales, quienes –previendo el respaldo a la negociación del Mineduc con Chile Vamos– se trasladaron este lunes hasta Valparaíso para hablar directamente con los diputados.
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, criticó la propuesta de los parlamentarios de la oposición y señaló que «es absurdo pensar que el hecho de que el Estado apoye a sus universidades pueda ser considerado discriminatorio. No veo ninguna razón por la cual no haya las normas que se quiera para apoyar tanto o más a las universidades que no son estatales».
Finalmente, emplazó al Gobierno y los parlamentarios y agregó que “la educación pública no le pertenece ni a un partido ni al gobierno, sino que a todos los chilenos”.
La política pública es la gratuidad vía glosa
Pero más allá de la resolución a que se llegue respecto a la glosa que financia la gratuidad, lo fundamental de este proceso es el precedente que marca la postura del Gobierno para afrontar el proceso de Reforma a la Educación Superior. Según distintos actores del mundo educacional, el gallito que hoy se vive en el Congreso es lo que puede definir el alma de una posible Reforma a la Educación Superior –que hoy se encuentra congelada en la Comisión de Educación de la Cámara–. Es por esta razón que las señales que da el Ejecutivo adquieren mayor relevancia.
La especialista de Educación Superior de Fundación Crea, Marjorie Cuello, lo adelantó la semana pasada: “Lo que está haciendo el Gobierno, al apostar por Glosa Presupuestaria, es evitar el problema de disputar la Reforma a la Educación Superior en el Congreso, así la transforma en una política de Gobierno y no de Estado”, señaló a El Mostrador.
El profesor de la Facultad de Derecho de la UDP, José Julio León, especialista en Educación Superior, respalda esta línea y sostiene que las negociaciones del Ejecutivo con la oposición respecto a la Glosa Presupuestaria demuestran que el “Gobierno tiene poca expectativa de que se apruebe la reforma. Esto lo ha llevado a aceptar la presión de la derecha, ya que no había ninguna seguridad de que el TC acogiera una solicitud tan general como la del senador Allamand”, debido a que la Ley Corta de Educación del año 2015, más la última iniciativa que incluye a los CFT e IP, habrían subsanado el supuesto efecto “discriminatorio” de la gratuidad.
Para el especialista la única claridad es que el Gobierno ha puesto la prioridad en “seguir avanzando en la gratuidad vía glosa presupuestaria, ya que no tiene esperanzas de que la reforma sea aprobada en el Congreso”. Además, esta lógica de negociación deja en evidencia que “las becas y los créditos van a seguir siendo un complemento necesario para la gratuidad”.
El experto constitucionalista explica que el hecho de que “una política pública como la gratuidad se sustente solo en Ley de Presupuesto hace que sea muy inestable. Aunque se aprobara por ley, eso no da ninguna seguridad hacia el futuro, porque este Gobierno ha utilizado la máxima de que la Ley de Presupuesto es la que define recursos”.
Según José Julio León, existe un problema de diseño de Reforma a la Educación Superior y la forma en la que el Mineduc decidió optar por la vía de Glosa Presupuestaria. Para el especialista, la mano de la conducción del ex ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre es fundamental, ya que a pesar de haber sido reemplazado por la ministra Adriana Delpiano, él ha estado a cargo de todo el proceso de negociación en el Congreso. “El fracaso de la Reforma a la Educación Superior, es el fracaso de Eyzaguirre”, sentenció el abogado.
La propuesta del Gobierno que logró el apoyo de Chile Vamos para la gratuidad vía Glosa Presupuestaria fue aprobada por la Comisión Mixta, con el voto en contra del senador PS Carlos Montes. Previo al encuentro entre los parlamentarios, los ministros Valdés, Eyzaguirre y Delpiano se reunieron con los parlamentarios miembros de la comisión, con el fin de fijar un acuerdo previo.
Durante la mañana de este martes se votará la propuesta de la comisión en la Cámara de Diputados y en horas de la tarde pasará al Senado, ya que la Ley de Presupuesto debe estar zanjada el 30 de noviembre.
El Mostrador/Agencias
