El Partido Socialista Obrero Español, principal colectividad de la oposición en España, propuso exigir al Gobierno la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, que están en un complejo monumental en Madrid.
La petición forma parte de una veintena de medidas y responde a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, una normativa aprobada por el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, que trata de reconocer los abusos y crímenes de la Guerra Civil española y la dictadura franquista.
Los restos de Francisco Franco (dictador entre 1939 y 1975) están enterrados en el Valle de los Caídos, un monumento a 60 kilómetros de la capital, cuya construcción fue ordenada por el dictador con el objetivo de enterrar a víctimas de los dos bandos de la guerra civil española, aunque el franquismo le otorgó un gran significado y hoy en día es lugar de peregrinación de nostálgicos franquistas.
La petición registrada por los socialistas se basa en un informe elaborado en 2011 por el ministerio de Presidencia español que pide «resignificar» el complejo para que deje de ser «un lugar de memoria franquista y nacional-católica» y se convierta en un «espacio para la cultura de la reconciliación».
La petición de los socialistas también incluye, entre otras, crear bancos de ADN para facilitar la identificación de desaparecidos, y promover la creación de una Comisión de la Verdad, en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas.
DEBATE ABIERTO
Diez años después de su promulgación, la Ley de Memoria Histórica «sigue vigente, pero no se está aplicando», denunció Isabel Rodríguez, portavoz de los socialistas en el Congreso, que ha recordado que, en su primer año de mandato, el jefe del Ejecutivo español, el conservador Mariano Rajoy, lo dejó sin presupuesto.
Más de cuarenta años después del fin de la dictadura, los símbolos franquistas perviven en calles, monolitos y nombres de pueblos en España.
Uno de los casos más llamativos es el de Guadiana del Caudillo (Badajoz), un pueblo de Extremadura que fue obligado por un juez en diciembre pasado a cambiar su denominación tras un recurso presentado también por los socialistas y de acuerdo con la Ley de la Memoria Histórica.
La ciudad de Madrid también ha creado una comisión para estudiar el cambio de una treintena de calles y la retirada de monolitos conmemorativos del franquismo que aún perduran en la ciudad.
La normativa mantiene la polémica desde su aprobación, ya que un sector de la población y el conservador Partido Popular (que gobierna en minoría) considera que reabre heridas de manera innecesaria, mientras los socialistas creen que está inspirada en el espíritu de reconciliación de la transición democrática española.
España vivió bajo la dictadura de Franco durante 36 años, desde el final de la Guerra Civil española en 1939 hasta su muerte, en 1975.(Cooperativa EFE)
