Este lunes 31 de julio el Gobierno, a través de los ministerios de Economía, Trabajo y Defensa, dará a conocer la resolución con la nómina de empresas “estratégicas” que quedarán excluidas del derecho a huelga por los próximos dos años. En esta categoría se incluyen aquellas firmas que atiendan servicios de utilidad pública o que su paralización pudiese causar un daño grave a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad de las personas.
Y aunque el Ejecutivo aún trabaja en la lista final, de acuerdo a una minuta elaborada por la autoridad y a la que tuvo acceso La Tercera, “la principal definición ha sido ratificar que las empresas que brindan servicios sanitarios, de distribución y transmisión de energía eléctrica y distribución de gas, quedan excluidad de la huelga legal en su proceso de negociación colectiva”.
La reforma laboral -que entró en vigencia en abril de este año- estableció un nuevo procedimiento en la determinación de empresas estratégicas. Además de extender de 12 a 24 meses la vigencia de la calificación, estableció que ésta se realizaría a solicitud de las partes, que el proceso debe ser conocido por empleadores y sindicatos, y estableció la posbilidad de reclamación posterior a la decisión de la autoridad. De acuerdo al gobierno, en el proceso de este año iniciado hace dos meses postularon 130 empresas para ser consideradas sin derecho a huelga.
“El proceso de definiciones de parte de la autoridad estuvo enmarcado en la opinión de organismos técnicos del Estado, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría y las consideraciones planteadas por las partes”, dice el documento.
UTILIDAD PÚBLICA
En este contexto, según la minuta, las empresas de los sectores de servicios sanitarios, empresas eléctricas de distribución y transmisión, las distribuidoras de gas, los terminales de regasificación de gas natural licuado y las de transporte de gas natural “serán consideradas como empresas de utilidad pública ya que se trata de empresas de servicios regulados por una ley especial que define dichas prestaciones como servicios públicos”.
En este punto, la minuta del Gobierno subraya que la ley general de servicios eléctricos “se establece que es servicio público eléctrico el suministro que efectúe una empresa concesionaria de distribución a usuarios finales ubicados en sus zonas de concesión, o bien a usuarios ubicados fuera de dichas zonas”.
Pero eso no es todo. El documento señala además que “se resolvió incluir en el decreto ministerial aquellos puertos (Arica, Iquique y Antofagasta) que están al servicio del Tratado Internacional de Paz, Amistad, y Comercio suscrito entre Chile y Bolivia en 1904, conforme a la tradición y obligación del Estado de Chile de cumplir con sus obligaciones internacionales y así, resguardar su seguridad nacional”.
LISTA REDUCIDA
Según fuentes cercanas al proceso, el listado definitivo de firmas estratégicas, será menor al vigente desde el año pasado, que contemplaba 127 empresas.
De acuerdo a las consideraciones anticipadas por el Ejecutivo en su minuta, hasta ahora la lista incluiría cerca de 95 entidades, tomando en cuenta todas las sanitarias, eléctricas y distribuidoras de gas que postularon a la categoría en mayo pasado, más los tres puertos informados.
De éstas, 29 firmas están relacionadas con la distribución de Agua, de las que solo una implicaría un ingreso inédito al listado: la empresa Depuradora de Aguas Servidas Mapocho-Trebal Ltda.
En tanto, la lista también contendría 11 empresas de Gas, todas ellas ya incluidas en el listado vigente desde el año anterior.
Mientras, las mayores novedades vendrían en el sector eléctrico, en el que postularon 52 empresas. Si se incluyesen todas las distribuidoras y transmisoras que buscaron la calificación de estratégica este año habría ocho firmas nuevas en el listado respecto de 2016.
Con todo, y a la espera de la definición del lunes, se estima que también ingresen compañías o instituciones que han sido consideradas en años anteriores y que repostularon para los próximo dos años, como el caso del Banco Central de Chile.
Otro debate interesante que deberán zanjar las autoridades apuntan a las instituciones ligadas a la salud, en su mayoría centros de diálisis y laboratorios.
Cabe recordar que el listado de “empresas estratégicas” contenía 97 firmas en el año 2014, que aumentó a 115 en 2015, pasando a 127 el año pasado. (La Tercera)
