A través de una carta dirigida al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, planteó reparos respecto de la legalidad de que el Comité de Auditoría Parlamentaria -que en mayo renovó a sus integrantes- realice fiscalizaciones no contempladas en el plan anual ya aprobado.
Según explican conocedores del cronograma de trabajo del comité, los auditores plantearon su intención de emprender revisiones a las asignaciones parlamentarias cuando, por ejemplo, investigaciones periodísticas arrojen hechos inusuales o que pudieran contravenir el reglamento; o también cuando alguna denuncia externa amerite su seguimiento. En ese sentido, el comité había propuesto actuar de oficio frente a esos casos extraordinarios, en una suerte de auditorías que desde la corporación catalogaron como “imprevistas”.
Sin embargo, desde la secretaría de la Cámara hicieron ver a través del escrito -que fue recibido por el Consejo Resolutivo el 8 de agosto- sobre la inconveniencia de que, sin el consentimiento previo de la Comisión de Ética o de la de Régimen Interno -ambas integradas por parlamentarios-, se llevaran a cabo auditorías producto de reportajes de medios de comunicación o denuncias.
Según se plantea en la carta, tal procedimiento violentaría las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Pese a la negativa, en la carta también se manifestó que lo anterior no obsta a que se planteen modificaciones legales para que en un futuro el comité amplíe sus atribuciones. Y plantea, además, que si se encuentra un hecho relevante, se le entregarán al comité las facultades necesarias.
El 21 de agosto, el Consejo de Asignaciones resolvió esta petición de la Cámara y delimitó el accionar del comité auditor. “Dicho comité no cuenta con facultades para realizar de oficio trabajos que no hayan sido contemplados en el plan anual”, dicen los consejeros, planteando que las modificaciones sean primero sometidas a su aprobación. (La Tercera)
