La reforma a la Constitución es la última “carta bajo la manga” que sacó el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y que le permitirá incidir en la campaña presidencial de segunda vuelta.
Ello, porque de manera sorpresiva el ministro de la Segpres, Gabriel de la Fuente, anunció que le pondrá suma urgencia al proyecto de ley que “dormía” en el Congreso desde hace ocho meses, y que propone cambiar el Capítulo XV de la Constitución, en orden a fijar un mecanismo de reemplazo de la actual Carta Magna.
Según informó El Mercurio, la solicitud fue realizada por el candidato Alejandro Guillier a la Mandataria y busca enfrentar la postura de Sebastián Piñera, crítico de la iniciativa. Además, se hace ahora porque hay dos senadores de oposición, Iván Moreira y Jaime Orpis, que están desaforados, lo que permitiría a la Nueva Mayoría tener los dos tercios que exige la Constitución, ventaja que perderán en el próximo Congreso que debuta en marzo de 2018, ya que quedaron en minoría. Asimismo, la medida está en línea con las aspiraciones manifestadas por el Frente Amplio.
Este tema es analizado para “El Líbero” por Arturo Alessandri, presidente del Colegio de Abogados, quien advierte los riesgos que genera el anuncio, y pide tener mayor altura de miras en materias tan sensibles como los cambios constitucionales.
-¿Qué opina del anuncio del gobierno?
-Esto no lo ha visto el Colegio de Abogados. Es algo muy repentino y sorpresivo. Aparentemente, por la información consignada, esto habría sido una petición del candidato Alejandro Guillier a la Presidenta de la República. Entonces, eso explicaría por qué le ponen suma urgencia. Las reformas constitucionales en general son materias delicadas, que tienen trascendencia, en consecuencia, lo que los ciudadanos esperarían es que hubiese un debate y un análisis profundo en la Cámara y en el Senado. En cambio, lo que se advierte ahora es una razón política para ponerle suma urgencia al proyecto, aprovechando una circunstancia como el que haya algunos senadores de oposición suspendidos en su ejercicio. Entonces, creo que con la información proporcionada, uno tiende a concluir que esto es una maniobra de corte político, porque detrás está la posibilidad, el día de mañana, de hacer una Convención Constitucional para elaborar una nueva Constitución. Para allá van los tiros. Para reformar el capítulo XV se requieren los dos tercios de los senadores y diputados en ejercicio, que no tiene la Nueva Mayoría, y esperan tenerlo en el Senado con la ayuda de algunos senadores independientes. El cálculo político del gobierno y de la candidatura de Guillier es que ellos podrían obtener el quórum en el Senado para modificar el capítulo XV. Entonces, esto es, en definitiva, uno de los escollos que tiene la posibilidad de llamar a una Convención Constitucional. La idea sería tener una ley orgánica constitucional para convocar a una convención, y todos los detalles de cómo se nombrarían los miembros.
– ¿Esa Convención que se busca crear sería como una Asamblea Constituyente?
-Sería algo parecido, porque la Asamblea Constituyente tiene facultades para aprobar, y aquí lo que se haría es que se crea esa convención y después debe ser aprobada y ratificada por el Congreso.
– ¿Cree que Chile requiere una Convención Constituyente?
– La Constitución establece que la reforma constitucional es materia del Congreso, donde están representados todos los chilenos, y me parece que tanto el actual Congreso como el próximo están en condiciones de poder discutirla. Creo que las fuerzas políticas en general se van a inclinar por tener esta discusión en el Congreso. Si uno examina hacia atrás cómo se ha modificado la Constitución tantas veces, han sido acuerdos entre el gobierno y la oposición. Normalmente, estos cambios obedecen a ciertos acuerdos transversales y ahora lo que uno advierte es que por uno o dos votos de senadores inhabilitados están buscando una mayoría circunstancial, muy lejos de acuerdos transversales. Por eso esto obedece, más bien, a un diseño político y que ha sido explícitamente solicitado por la candidatura de Gobierno.
-¿Qué recomendación haría a este debate constitucional?
-Creo que cuando se trata de modificar la Constitución hay que tener un análisis y una discusión muy de fondo, porque si el único cambio que se pretende hacer es modificar este capítulo XV de la Constitución, me parece que es bastante evidente que lo que se pretende no es buscar grandes acuerdos. Lo curioso es que el gobierno tampoco está enviando una nueva Constitución, porque se podría pensar que quiere modificar el artículo XV porque quiere aprobar la nueva Constitución que nadie conoce. Resulta sorpresivo y sorprendente que comience por el final y no por el comienzo. El comienzo es una reforma constitucional donde hay muchas posiciones en distintos temas, pero aquí lo único que se pretende cambiar es la forma de modificar la Constitución. Entonces, eso llama poderosamente la atención e indica que es el comienzo de un plan que no conocemos.
– ¿Qué incertezas jurídicas Ud. le ve a este anuncio?
-Las constituciones, en general, tienen quórum especiales, porque lo que se trata es que no haya cambios todos los días, y tampoco se trata que sean petrificadas y nunca se pueda cambiar ni una coma. Pero la Constitución que nos rige ha sido modificada muchísimas veces en 30 años. Creo que lo que se pretende ahora es algo que tiene una proyección muy delicada y que hay que analizar. No le conviene a Chile tener una Constitución que sea fácilmente cambiable dependiendo del gobierno de turno o las mayorías circunstanciales. Debiera fundamentarse en grandes acuerdos. Innovar de esta manera y tener una modificación a la constitución va a traer consecuencias negativas.
– ¿Qué consecuencias negativas traería?
-La falta de estabilidad contribuye a la incerteza y a la desconfianza. Lo que se busca por parte de los inversionistas y ciudadanos es confianza y certeza en las reglas del juego, para iniciar proyectos de largo plazo, emprender negocios. (El Líbero)
