A dos años del plebiscito que marcó una derrota estratégica, aunque no definitiva, del proyecto refundacional del Frente Amplio y obligó al presidente a entregar las riendas políticas del gobierno a representantes del socialismo democrático y asumir una agenda pragmática que diera cuenta de los temas reales de la sociedad sometiendo sus propuestas de cambios de fondo a una estrategia gradual y de largo plazo, conviene reflexionar sobre el significado de aquel proceso así como sobre las conductas de los actores políticos en su desarrollo.
La Convención Constitucional, con su mayoría aplastante de representantes de actores o simpatizantes del estallido social, que nunca negaron sino que reivindicaron la violencia como necesaria para las transformaciones, fue la culminación de un proceso de cuestionamiento a la transición chilena a la democracia, a los gobiernos de la Concertación, a la política del diálogo y los acuerdos y al “modelo neoliberal”.
Por primera vez tales cuestionamientos que afirmaban que la transición había sido la continuidad de la dictadura en una democracia a medias, iniciados en realidad en 2011 con las movilizaciones estudiantiles, lograron expresarse orgánica e institucionalmente en una Asamblea Constituyente legitimada por el voto popular y el acuerdo político que le dio cauce.
Aparecieron entonces nuevos conceptos que pretendían no sólo modificar la realidad política, cultural y económica sino también reescribir la historia corta y larga del país: El llamado “lenguaje inclusivo” se tornó en nueva regla gramatical; la cancelación de la disidencia en norma; Chile, se definió como un territorio habitado por múltiples naciones oprimidas por el neocolonialismo; los territorios autónomos como medida necesaria para naciones libres; el decrecimiento de la economía como medida del buen vivir; la separación de los poderes un invento arcaico; el Senado, la expresión de la oligarquía; la igualdad ante la ley una hipocresía que negaba la “igualdad sustantiva”; la libertad de expresión un abuso que el Estado debe regular; los derechos sociales, bastaba proclamarlos para que se hicieran realidad.
La derrota del proyecto refundacional no se debió sólo al desprestigio de la Convención producto de las performances de sus miembros, y no me refiero solo a las payasadas sino a muchas propuestas que finalmente no vieron la luz pero sí marcaron los debates, sino al disparatado y excesivo texto que se le propuso al país. Y no es que los chilenos “no estaban preparados” para apreciar la magnificencia de la propuesta, sino que la inmensa mayoría -entre los cuales también los pueblos originarios- comprendieron que se les proponía un salto al vacío, un texto que de aprobarse abriría un largo período de inestabilidad y luchas por el poder, de permanentes asambleas interminables, de activismos desenfrenados para apoderarse de los “territorios autónomos”, de huida de los capitales y profundización del estancamiento económico y la pobreza, de inmovilización del Estado frente a la delincuencia (supresión de Carabineros y del estado de excepción constitucional de Emergencia), de permanentes querellas y demandas judiciales por la no satisfacción de los derechos sociales proclamados con tanto candor y optimismo.
En definitiva, Chile rechazó una opción de abandono radical del camino que el país venía siguiendo en las últimas décadas, de negación de la trayectoria personal de cada uno de los que habían logrado salir de la pobreza y ofrecerles un futuro a sus hijos.
Sólo pensar en cuál sería la situación del país, dos años después de haberse aprobado tal propuesta constitucional da miedo. Qué estaría pasando en la Araucanía sin estado de emergencia; en las poblaciones de Santiago sin Carabineros; en el campo sin derechos de uso de agua; en la minería con políticas “anti extractivistas”.
Lo que algún día tendrán que explicar los partidos y miembros de la ex Concertación, demócrata cristianos, socialistas, pepedés, radicales, entre los cuales hay destacados políticos, intelectuales y académicos, que fueron parte sustantiva de los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, es qué les pasó, cómo fue posible que asintieran, suscribieran, aceptaran y defendieran esa propuesta que negaba todo lo que habían pensado y realizado en las últimas tres décadas. ¿Cómo fue que no vieron que tal proyecto maximalista y extraviado llevaría a la izquierda a su peor derrota política en 50 años?
A dos años del 4S, la sabiduría de los chilenos ha permitido que tampoco se impusiera otro texto constitucional de signo contrario al rechazado. Es cierto que muchos temas que se originaron en el estallido social y que se debatieron en los dos procesos constitucionales aún no encuentran un camino de solución. Las reformas al sistema político acordadas unánimemente por en el segundo proceso deberían adoptarse, el reconocimiento de los pueblos originarios y el fortalecimiento de los derechos sociales son comúnmente aceptados y habría que llevarlos a la práctica.
Los vientos en el país cambian radicalmente. Nada se puede dar por sentado. Los irreductibles de la “nueva izquierda” declamarán que la derrota del 4-S no cuestiona su proyecto, que las demandas del estallido siguen insatisfechas y que el malestar nos sigue acompañando. Para ellos y la derecha republicana la “batalla cultural” sigue abierta. Mientras tanto, los chilenos siguen esperando un tipo de política de diálogo y acuerdos que viabilicen reformas graduales y bien gestionadas. Un poco lo que el estudio del PNUD concluyó. (Ex Ante)
Ricardo Brodsky
