Minutos antes de despegar rumbo a Colombia -donde participará invitado por la ONU, de la Conferencia Regional Anticorrupción-, el fiscal nacional Jorge Abbott hace una pausa para reflexionar sobre la polémica en que se ha visto envuelto en los últimos días debido a la firma de un convenio de colaboración con la Conferencia Episcopal que ayer dejó sin efecto. “Escuché a las víctimas y me pude dar cuenta de que todo esto tenía un efecto simbólico que no previmos, no fuimos capaces de percibir esto antes de firmar el convenio. Asumo ese error, el error fue hacer esto sin escuchar a las víctimas antes. Por eso y tras recibir a la Fundación para la Confianza el viernes y hoy (ayer), a Vinka Jackson y Rodrigo Venegas, llegamos a la determinación de que debíamos, por las víctimas, dejar sin efecto todo”, explicó.
¿De quién fue la idea, cómo surge la posibilidad de este acuerdo?
Este convenio se viene estudiando ya hace bastante tiempo, hace más de un año atrás y la razón para llegar a un convenio con la Conferencia Episcopal básicamente fue el éxito que se tuvo y que se ha tenido, hasta ahora, con la Comisión Escucha, con la Comisión Scicluna. A través de ella hemos tenido más de 60 denuncias que están en actual investigación. Entonces nuestra reflexión fue ‘¿Cómo poder llegar a aquellos católicos que aún están bajo el alero de la Iglesia, que aún tienen vinculación con la jerarquía eclesiástica, que tienen una estrecha relación con los sacerdotes, cómo poder llegar a esas víctimas que siguen estando invisibilizadas?’.
Tras firmar el acuerdo, usted hace un llamado a, por ejemplo, Marcela Aranda, a denunciar lo que ella relató de la conducta de Renato Poblete… ¿A ellos se refería?
Exacto. Nosotros hicimos ese llamado porque para poder investigar abusos sexuales donde las víctimas son adultos necesitamos la denuncia, sino no podemos hacer nada.
¿Ella denunció?
Hasta el momento creo que no lo ha hecho. Pero era a esas víctimas a las que queríamos llegar, a ese universo que sigue vinculado a la Iglesia y que no acude a nosotros. Entonces dijimos, hagamos un convenio para promover la denuncia de abusos dándoles una obligatoriedad a los miembros de la Iglesia que hoy no tienen.
¿No están obligados a denunciar?
No. Las únicas personas obligadas por ley a denunciar cuando saben que se cometió un delito son los funcionarios públicos. Con esto se comprometían a hacerlo.
Lo que causó más ruido era que, por otro lado, ustedes tenían que contarles cuando se abrieran investigaciones penales…
Pero era una comunicación simple. No era un trato diferente. Era informarles como se hace con cualquier víctima que hace una denuncia en Carabineros, por ejemplo, que el Ministerio Público le avisa que se abrió una causa.
Pero acá el trato era con la Conferencia Episcopal cuyos miembros, algunos, están siendo investigados como encubridores…
A ver, nosotros desde la existencia del Ministerio Público hemos firmado más de 175 convenios con diferentes instituciones que están bajo la tutela del Estado. Ahora próximamente tenemos uno con Gendarmería, pero no porque hagamos un acuerdo con ellos significa que vamos a dejar de investigarlos.
Pero daba una señal de inmunidad, de que ellos iban a poder saber cuando la Fiscalía los investigara.
Eso no es así y jamás se pensó en darle inmunidad a nadie. En este país todas las personas van a ser objeto de investigación si es necesario. Nadie está por sobre la ley, ni el fiscal nacional. Yo pensé que eso había quedado claro con la operación Huracán cuando denunciamos a sujetos que eran coadyuvantes nuestros en causas penales y no titubeamos en investigarlos, formalizarlos y llevarlos a la justicia. Si alguien pensó que esto le daba un trato privilegiado a alguien o inmunidad se equivocó.
Por la resolución de hoy, se equivocó usted también…
Sí, cometimos un error. Lo que más lamento es que no supimos prever que las víctimas se sintieron, legítimamente, abandonadas por esta institución cuyo deber es protegerlas. Nunca actuamos de mala fe, lo que queríamos era decirles a quienes están en la Iglesia y aún no denuncian “usted puede venir a hacerlo”. Lamento mucho el dolor que pudimos provocar, y mi preocupación ahora entendiendo que afectamos esa confianza es repararla y vamos a trabajar en ello, van a ver cómo las investigaciones siguen adelante, no vamos a renunciar a eso. Espero que el haber dejado sin efecto rápidamente este convenio sea una señal para ellos en ese sentido.
¿Le pide perdón a las víctimas?
El pedir perdón es algo tan personal. Si el día de mañana me encuentro con alguna víctima lo conversaré con cada una. Al menos ya reconocimos un error y espero valoren eso. Le aseguro que si hubiéramos escuchado antes a las víctimas nunca hubiéramos firmado esto.
Una de las víctimas de Karadima, Juan Carlos Cruz, dijo que no iba a descansar hasta que usted renunciara. De hecho trascendió que le cortó la comunicación el día que se reunió con las víctimas… ¿Va a renunciar?
No voy a renunciar. Él está en su derecho a reaccionar con indignación. Uno como fiscal conoce el dolor de una víctima que ha sido vulnerada y entiende entonces sus sentimientos y los respeto. Lo que sí es que yo voy a seguir delante de esta institución que en estos tres años y medio ha hecho mucho, pese a todas las críticas que siempre surgen de las jaurías de redes sociales, como dice el señor Daniel Matamala, yo comparto que son verdaderas jaurías que dejan instalados temas que son falsos.
Se dijo que firmó el convenio luego de que el fiscal regional de O’Higgins le adelantara que iba a formalizar a obispos…
Mire, a propósito, eso es absolutamente falso. El oficio del fiscal Emiliano Arias no dice eso. Además me llegó un lunes y el convenio -y su firma- venía trabajándose hace meses. ¿De verdad alguien cree que todo esto se hizo a propósito de lo que decía un oficio del fiscal Arias? Además no decía eso, él informó que estaba ‘estudiando’ y era a propósito de la denuncia que el fiscal Sergio Moya ya había hecho y por lo que Arias quería reforzar el equipo. En definitiva, vincular ambos hechos, la firma de convenio y la supuesta decisión del fiscal Arias, es mera ficción. Yo creo que responde a otra cosa, una reacción comunicacional destinada a tratar de justificar probablemente otras cosas. La gente aprovecha contingencias para distorsionar la realidad a su favor.
¿Y en contra de usted?
Absolutamente.
Usted sigue sosteniendo que actuó de buena fe, ¿la Conferencia Episcopal no?
Yo no puedo suponer intenciones o malas intenciones en la contraparte, yo tendría que tener antecedentes para hacer una afirmación de esa naturaleza, lo que sí puedo afirmar categóricamente es que teníamos el solo propósito de llegar a la mayor cantidad de víctimas.
Hoy suspendió además al fiscal Arias, ¿afecta eso las causas contra la Iglesia que llevaba?
En lo absoluto y quien diga lo contrario no sabe la cantidad de apoyo que le hemos dado al fiscal Arias. Como se sabe, él tuvo una pugna en un inicio con el fiscal regional sur de ese entonces, Raúl Guzmán, por quién investigaba encubrimiento y este fiscal nacional apoyó al fiscal Arias. Se pusieron unidades a su disposición, se envió a una fiscal a su zona, una que él pidió. Todo eso ha significado una cantidad enormes de recursos en estas causas y ¿por qué?, porque queremos que se avance. Hoy se le suspende por petición de Alberto Ayala, quien hace el sumario y la idea es que O’Higgins siga trabajando con normalidad. De hecho dejamos a cargo al fiscal Javier von Bischoffshausen, un hombre de confianza del fiscal Arias, que es su subrogante, y seguiremos apoyando esa investigación porque lo que más nos importa es la verdad. Aunque los hechos estén prescritos.
Arias y el fiscal Moya han protagonizado una disputa abierta… ¿Qué piensa de lo que pasa en Rancagua?
Lo que más me ha preocupado son las formas en las que se ha llevado a cabo esta denuncia. Son hechos muy graves, nosotros estamos de acuerdo que se informe a la comunidad, pero eso de andar apareciendo en los medios es realmente preocupante.
¿Hay un daño a la imagen del Ministerio Público?
Lo hay, qué duda cabe, pero tenemos que trabajar en mejorarla. Porque hay cientos de fiscales en todo Chile haciendo su trabajo. Y si bien hay un daño a la imagen, más me preocupa que haya un daño mayor si los hechos denunciados resultan ser ciertos. Al menos al fiscal Arias aún le beneficia la presunción de inocencia, como a todos.
La Tercera/Agencias
