La salida del exalcalde de Recoleta del Anexo Penitenciario Capitán Yáber se dio en medio de grandes demostraciones de alegría por parte de sus seguidores. Tal vez lo que pasó inadvertido fue lo que hizo su defensa para lograr revertir la medida cautelar. En medio de los argumentos, que para la Fiscalía fueron los mismos de revisiones anteriores, apareció citado el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien –a juicio de la defensa del militante comunista– también tendría responsabilidades en el caso, pues el figuraba como tesorero de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
Pasaron 90 días para que Jadue dejara la cárcel. La audiencia que le otorgó el arresto domiciliario total demoró cerca de cinco horas. En ese lapso la defensa explicó los nuevos antecedentes que acreditarían que el exjefe comunal de Recoleta no habría participado en reuniones con quienes lo acusan de estafa y cohecho. Ahora, sobre la arista en la que se acusa a Jadue de administración desleal, la defensa, cambiando su estrategia, apuntó al alcalde porteño.
Sharp, al ser consultado por El Mostrador, respondió a los hechos relatados en la audiencia. “Hace más de un año declaré en el caso por el cual Daniel Jadue y otras personas fueron formalizadas. Entendemos que la fiscal ponderó esa y otras declaraciones para seguir la investigación de la cual somos muy respetuosos”, dijo.
El alcalde Sharp agregó: “No logramos entender de qué forma posibles delitos que son asociados a conductas cometidas en Recoleta pueden llegar a tener relación con Valparaíso”. Sobre eso, aclaró que su interés está en “que esta investigación siga su curso y se resuelva según los antecedentes que se aportaron en el marco del juicio para el cual hemos colaborado y lo seguiremos haciendo”.
PARTICIPACIÓN DE SHARP, SEGÚN LA DEFENSA DE JADUE
En el documento que la defensa presentó ante la jueza Paula Brito para modificar la cautelar de Jadue y al que accedió El Mostrador, aparece 14 veces nombrado el alcalde Sharp. La acusación contra el exalcalde de Recoleta apunta a que este habría dejado de hacer reuniones de directorio y habría ocultado el estado de la Achifarp. La defensa afirma que eso no es así.
Desde el equipo del militante comunista explicaron que “no es correcto que no se hayan llevado adelante las respectivas sesiones de directorio. El directorio sí estaba al tanto del estado de la asociación”. Según la defensa, la situación estaría acreditada por las sesiones del 11 de mayo del 2017, en donde el alcalde Jorge Sharp se integra como parte del directorio y tesorero de la Achifarp. De ahí en más existen dos reuniones. Sharp solo asistió a la de mayo de 2018 y se ausentó a la de octubre de ese año.
Hasta aquí, la defensa buscaba comprobar que las acusaciones de que Jadue ocultaba lo que estaba pasando en la asociación de farmacias populares no era así. Dato relevante, pues diferentes municipalidades que participaban de esta asociación pagaban cuotas y, a medida que no empezaron a ver réditos en sus comunas, comenzaron retirarse, lo que provocó la crisis financiera del organismo.
Es en este punto donde la defensa pone el foco, pues entrega un testimonio clave que cambiaría las miradas hacia el alcalde porteño. “Sobre el cese de pago de las cuotas de los socios y la responsabilidad del Tesorero de Achifarp”, explica el documento. En dicho apartado está la declaración de Marco Antonio Fernández del 18 de abril de 2024. Personaje clave, pues se sindica como creador técnico del proyecto Farmacias Populares y participante consultivo de las reuniones de directorio, a las que Sharp asistía.
En dicho testimonio, Fernández expone: “Comencé a notar una despreocupación negligente del alcalde –tesorero Sharp– con el trabajo y los recursos de la asociación. Descansando y desprendiéndose de sus obligaciones en mi participación informal en el espacio. Por lo que fue una sorpresa para mí cuando comencé a advertir ciertas situaciones y recomendé tomar más protagonismo en la gestión de la institución para así asegurar el correcto uso de los recursos”.
Hecho lo anterior, sostiene Fernández en el testimonio, “fui ignorado y se bajó el perfil de mis advertencias y sugerencias. Lo cual me dio motivos para comenzar a dudar de las reales intenciones del tesorero Sharp, ya que no podía comprender que semejante responsabilidad no era casual o involuntaria”.
Pasaron tres años en que no se vieron avances concretos en las municipalidades asociadas, principalmente de menores ingresos y rurales.
Fernández acusa que, durante ese tiempo, Sharp no mostró preocupación y menos fiscalización económica: “Pese a que cada año aumentaban las críticas sobre la eficiencia en su funcionamiento y el correcto uso de los dineros públicos. Negándose en todo momento, en cumplir responsabilidades básicas del cargo, como era asistir a reuniones de directorio o asambleas, ni siquiera en estos años se solicitó un balance o estado de cuenta mensual ni menos anual de la asociación”.
LA SALIDA DE ACHIFARP DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
El testimonio describe que las municipalidades, ya desilusionadas con la gestión, comenzaron poco a poco a no pagar o a renunciar de la asociación. Fernández dice que Sharp no reaccionó: no asistía a reuniones y tampoco pedía información para ver qué ocurría.
Ante la crisis, y al inmovilismo del jefe comunal de Valparaíso, Fernández reconoce que “le sugiero al alcalde Sharp evaluar la continuidad de la Municipalidad de Valparaíso en la Achifarp”. Sharp da la instrucción para que el municipio porteño dejara de pagar la cuota “por desconfianza sobre el correcto uso de los recursos”, dice el creador material de las farmacias populares.
Ahora, también le sugirió que dejara de ser parte de la asociación, pues dejó de pagar, pero –según Fernández– Sharp “se negó categóricamente, ya que quería seguir siendo el tesorero de Achifarp aun cuando no pagara”. Es decir, expone Fernández, “el alcalde Sharp deja de pagar la cuota por desconfianza sobre la administración de los recursos por parte del tesorero Sharp” y, aun con eso, decide mantenerse como tesorero.
Por último, se lee en el documento que presentó la defensa y que trae el testimonio de Fernández, que “la liquidación forzosa no solo se debió a mala gestión, sino a la irresponsabilidad, desidia y administración desleal de su tesorero en cumplimiento de sus obligaciones legales”.
El abogado del exalcalde de Recoleta, Juan Carlos Manríquez, entregó un mensaje en Tele13 radio que desliza el futuro foco del caso Farmacias Populares: “Hasta ahora la Fiscalía tiene como testigo a alguien que parece más bien imputado”. (por Rodrigo Córdova, El Mostrador)
