El primer traspié tuvo ayer la denominada «agenda corta de seguridad ciudadana» cuando la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) reclamó ante la comisión de Gobierno del Senado que el proyecto de ley que permite la creación de consejos y planes comunales de seguridad pública les está entregando nuevas atribuciones sin financiamiento.
Y la iniciativa legal tampoco establece asistencia técnica, lo que además de significar una ilegalidad, endosa un serio problema a los alcaldes, que incluso los pone en riesgo de incurrir en notable abandono de deberes ante las exigencias que les intenta imponer la nueva disposición que pretende mejorar el combate a la delincuencia, según plantearon en una sesión de trabajo sostenida ayer por la tarde, de acuerdo a lo informado por «El Mercurio».
La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, Alberto Espina (RN), y estuvieron los senadores Ena von Baer (UDI), Rabindranath Quinteros (PS), Andrés Zaldívar (DC) y Antonio Horvath (independiente).
Por la Asociación de Municipalidades intervinieron los alcaldes de Providencia, Josefa Errázuriz, y de Talagante, Raúl Leiva, presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de AChM, quienes concurrieron con el asesor en esta materia, Marcelo Segura.
Los senadores presentes acogieron los reclamos y pidieron un pronunciamiento claro del Ejecutivo respecto de los recursos que serán destinados para financiar la iniciativa.
El senador Espina, al término de la sesión, solicitó al subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey -quien concurrió también a la sesión-, organizar una reunión con los alcaldes de ambas asociaciones a fin de establecer específicamente los fondos que serán destinados para estos fines.
Y a nombre de la comisión, advirtió que si el Ministerio del Interior no asegura el financiamiento para tal iniciativa, «no habrá ley».
La propuesta, que busca darles un papel activo al municipio y a los organismos locales para la seguridad local, ya fue aprobado en general. Y ayer la comisión realizó una sesión destinada a recoger opiniones de diversos actores involucrados en el tema, tales como Carabineros, las municipalidades, consejos regionales, y las fundaciones Paz Ciudadana (FPC) y Jaime Guzmán.
PAZ CIUDADANA
La directora ejecutiva de FPC, Catalina Mertz, propuso avanzar en la descentralización y evaluación de políticas desde el Ministerio del Interior, para que los municipios puedan ayudar a combatir con eficacia los delitos.
La idea es que estas corporaciones, de acuerdo a criterios objetivos y medibles, tengan apoyo técnico, recursos financieros, información sobre datos, estadísticas y análisis más allá de lo meramente policial.
Asimismo, sugirió promover instancias de representación ante determinados ministerios para la realización de acciones y programas que contribuyan a la seguridad pública.
También propuso medidas de corto plazo, tales como la extensión de la vigencia de los planes comunales de seguridad de uno a cuatro años, entre otros.
