Desde la dictación de la Ley de Inclusión Escolar, periódicamente se realizan campañas que buscan su derogación, apelando ya sea a “la falta de libertad de los padres para escoger el establecimiento en que estudien sus hijos e hijas” o a las consecuencias negativas en la calidad de la educación que muestra el terminar con la selección “por mérito”. Esta campaña ha sido particularmente intensa en este inicio de año y comienzo del año escolar.
Paradójicamente, lo que buscan sus impulsores y difusores es limitar el derecho de todos los padres para reponer solo el de algunos, que tengan recursos económicos o vínculos de algún tipo con los sostenedores, o el de los establecimientos, que puedan escoger a los padres que cumplan requisitos arbitrarios que ellos fijen.
Los argumentos caen por su propio peso. En un caso, porque no serían los padres los que elegirían sino los establecimientos y, en el otro, porque ¿qué mérito puede tener un niño para ingresar a primer o segundo nivel de transición o primero básico respecto de otro? Sin embargo, se reiteran y repiten como si la repetición trajera verdad a lo que no lo es.
Pero en esta oportunidad la campaña se está centrando en vincular la falta de cupos o vacantes en algunos territorios con el proceso de admisión vía SAE.
Todos los años, al inicio del año escolar, hay niños y jóvenes sin establecimiento. Unos porque han cambiado el lugar de residencia, otros porque no han encontrado cupo en los establecimientos a que sus padres los postularon y otros porque sus padres no postularon a sus hijos en el tiempo que corresponde. Gracias al SAE y a la plataforma “Anótate en la lista”, este año se sabe cuántos son y dónde está la falta de oferta. Hasta antes del SAE esto no se sabía y la solución era individual y bajo las reglas del mercado o del contacto: quienes tenían recursos podían pagar y quienes tenían contactos podían ocupar el primer lugar de la fila. Como consecuencia, las familias excluidas o postergadas eran las más pobres tanto en información, redes sociales y recursos en general, sin capacidad de trascender a la opinión pública.
Todo proceso es perfectible, pero “Anótate en la lista” tiene ventajas evidentes respecto a que los padres sin matrícula para sus hijos tengan que concurrir físicamente a los establecimientos. Es más transparente, se puede postular simultáneamente a varios establecimientos, informa la situación exacta de vacantes y permite distinguir entre la falta de vacantes neta, de aquella que incluye a estudiantes que desean cambiarse de establecimiento.
Con esa información, el Ministerio de Educación puede autorizar la ampliación de cupos o sobrecupos, una doble jornada o rehabilitación de aulas en situaciones de falta de ofertas. Así ha creado más de 13 mil cupos desde 2022.
La otra solución es abrir un nuevo establecimiento donde hay un déficit de oferta, lo que la ley permite, y ha ocurrido con establecimientos públicos y particulares en los últimos años, pero obviamente no es una solución que se pueda implementar en marzo.
En síntesis, gracias al SAE y a “Anótate en la lista” se conoce esta realidad recurrente. También es posible encontrar soluciones transitorias y permanentes que garanticen que sean los padres quienes escojan el establecimiento en que se eduquen sus hijos e hijas, tal como se viene haciendo desde que democráticamente se estableció esta política. (El Mostrador)
Andrés Palma Irarrázaval
