Uno de los temas que preocupan a los que se dedican a los temas de seguridad y defensa son los ajustes presupuestarios que el Gobierno va a aplicar a las Fuerzas Armadas dentro del ajuste anunciado de $ 544 mil millones, el que desde ya les indico que tendrá consecuencias tanto para la seguridad nacional como para la seguridad pública.
El ajuste en cuestión, del cual están excluidos Carabineros, la PDI y Gendarmería, pero no las Fuerzas Armadas ni el Ministerio Público, los tribunales y otras reparticiones públicas que tienen participación en el sistema de seguridad pública, no está bien pensado, ya que si bien deja fuera a las policías y Gendarmería, no mira la seguridad pública como un sistema o proceso, pues renuncia a entender que un ajuste de $ 7 mil millones en el Ministerio Público le quita efectividad al trabajo de Carabineros y la PDI, ya que son ellos los que procesan a los delincuentes, y los que dirigen el trabajo investigativo que ellas realizan. Lo mismo aplica a los tribunales.
El Ministerio Público tiene la suerte de ser una entidad autónoma, que no reporta al Ejecutivo y que lo puede enfrentar en caso de tener diferencias en materias presupuestarias, algo que las Fuerzas Armadas no pueden realizar por ser obedientes y disciplinadas, y estar bajo el mando del Gobierno, solo pudiendo eventualmente representar sus diferencias en caso de que no se cumpla la Constitución, lo que implica que no vamos a ver a los comandantes en jefe hablando con la prensa sobre los ajustes en cuestión, algo que de seguro representarán a la ministra de Defensa Nacional y al Presidente de la República si es que llega a ser necesario.
Algunos que se dedican a la política ficción indican que la citación a la senadora Allende y la ministra Fernández es la forma en que el Ministerio Público le está mostrando los dientes al Gobierno. Yo no creo que sea así, pero que tienen el poder y la autonomía para hacerlo, de más que sí, y de más que lo puedan haber hecho en el pasado.
Dicho eso, los ajustes van a impactar principalmente al Ejército y la Armada, y en menor medida a la Fuerza Aérea. Van a afectar la capacidad operativa porque serán sobre los subtítulos 21 y 22, que son las líneas de sueldos y gastos generales. Estimo que estamos hablando de a lo menos $ 19 mil millones en el Ejército y $ 13 mil millones en la Armada, incluyendo en mi cálculo a todas las reparticiones asociadas a ambas instituciones.
Si bien los ajustes debieran ser del orden del 2 % en sueldos y 5 % en gastos generales, los que porcentualmente no suenan muy relevantes, se suman a ajustes que se realizaron en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando establecieron una pseudobase cero, o los que se dieron con motivo del llamado “Estallido Social”, o los que se realizaron con motivo de las reasignaciones que se dieron con la pandemia.
Antes de eso existían presupuestos de operación que daban cierta flexibilidad y que implicaban presupuestos que tranquilamente podrían ser un 25 % más altos, si no más. Sin embargo, el ajuste que se pretende ya no elimina reservas presupuestarias que las Fuerzas Armadas siempre deben tener a mano, sino que elimina capacidades operativas y mantención de capacidades estratégicas.
Por “capacidades operativas” me refiero a la capacidad de concurrir al socorro de personas afectadas por desastres naturales o eventos climáticos, así como para apagar incendios forestales, destinar gente a cubrir estados de emergencia o resguardar la frontera norte. En lo naval -que es lo que más conozco-, esperaría una reducción de los esfuerzos antárticos, de patrullaje marítimo de la zona económica exclusiva y de soporte a zonas extremas, olvidándosele al ministro de Hacienda que la Armada es la que realiza la función de policía marítima y que nuestros puertos y mares son usados para fines criminales.
En el caso de las capacidades estratégicas estamos hablando de menos horas de entrenamiento, de navegación, de mantención o de vuelo. Estamos hablando de que con este recorte se hace difícil dar forma a las mejoras al Servicio Militar, así como completar las dotaciones de conscriptos y soldados de tropa profesional. También estamos hablando de disminuir las dotaciones a contrata, que son normales en posiciones administrativas y educacionales, cuyos efectos quizás no se vean ahora sino a futuro, en lo que es pan para hoy y hambre a futuro.
Habiendo sido buena parte de mi vida director financiero, entiendo la difícil labor del ministro de Hacienda, el que tiene que hacer calzar los ingresos con los gastos, algo que en Chile no está claramente balanceado. Entiendo que el ajuste se debe hacer, pero también se debe buscar disminuir el tamaño del Estado, al contrario de lo que se ha hecho en tiempos recientes, en que solo vemos iniciativas que buscan agrandarlo, como son la creación de nuevos ministerios sin acciones de optimización, como sucedería si se fusionaran Interior, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría General de la Presidencia.
Antes de cerrar, quiero dejar claro que realizar ajustes es normal, pero efectuarlos a las instituciones que se dedican a la defensa y seguridad nacional no es algo recomendable, debido a que cumplen algunas de las labores y obligaciones principales del Estado, las que están en el artículo 1 de la Constitución. Por ende, si vamos a ajustar el presupuesto porque no hay ingresos o ya copamos nuestra capacidad de endeudamiento, hagámoslo sobre los ministerios y reparticiones no fundamentales y críticas y, en paralelo, seamos serios acerca del tamaño de Estado que podemos tener y financiar, sin miradas ideológicas, sino financieras, y buscando cumplir lo que la Constitución exige al Estado cumplir y proveer.
Si no entendemos lo anterior, olvídense de que vayamos a poder echar a andar el Ministerio de Seguridad Pública, de la construcción de nuevas cárceles, de fronteras más protegidas, de poder implementar la organización y dotación que la nueva ley de inteligencia propone, o de tener militares disponibles en números relevantes para ser destinados a funciones de seguridad pública. Es por ello que candidatas como Evelyn Matthei saben que para ser exitosos sus programas de gobierno requieren de ajustes profundos del tamaño del Estado para liberar los recursos que sus programas de seguridad pública van a requerir.
Hacer lo mismo con menos no existe, como tampoco -obviamente- se puede hacer más con menos. De serlo asumiría que hasta ahora no han sido eficientes, algo que espero haber dejado claro que no es el caso. Ajustes como los antes indicados van a implicar que se va a reducir el nivel de actividad en lo que a las Fuerzas Armadas se refiere y que, por consecuencia y debido a que están involucradas en labores de seguridad en la Macrozona Sur y en las fronteras con Perú y Bolivia, va a haber un impacto en lo que a seguridad publica se refiere. Puede que sus tareas constitucionales en estas materias no cambien, pero van a ser con menos gente y, por ende, menos efectivas. (El Mostrador)
Richard Kouyoumdjian
