En abril del 2023 los entonces presidentes del Senado y la Cámara acordaron con la ministra del Interior Carolina Tohá un “fast track” para una agenda de proyectos de seguridad, considerando la gravedad que había adquirido el problema.
Coloma, en la conmemoración del 21 de mayo, manifestó al Presidente Boric preocupación por la poca prioridad que veía en el Ejecutivo. De 12 proyectos que debían mandar al Congreso no había ingresado ninguno. El Congreso fue tramitando proyectos existentes sin una unidad de propósitos ni avances significativos. Ejemplo de ello es el proyecto de las RUF (reglas de uso de la fuerza) que más que proveer una herramienta habilitante para que policías y excepcionalmente Fuerzas Armadas pudieran hacer uso de la fuerza, ha ido derivando en una limitación al uso de la fuerza hasta extremos que impiden la mantención del orden público. Alguien que sin prejuicios mire hoy el texto concluiría que el objetivo del proyecto es evitar violaciones a los derechos humanos de los delincuentes que estaría cometiendo la policía.
Así, al acercarnos a 20 meses desde que se acordó la agenda, los avances son mínimos. Como una manera de responder políticamente, el gobierno priorizó el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública, con la lógica de que un nuevo ente estatal especializado contribuiría a resolver el problema.
Pero en ese afán, el proyecto que había presentado el Presidente Piñera se ha desnaturalizado. Lo que era un modelo de gestión con políticas públicas orientadas a proveer seguridad a la ciudadanía y apoyar a víctimas del delito que consideraba complejidades como narcotráfico y crimen organizado, se convirtió en un proyecto que intenta coordinar reparticiones públicas y traspasar información entre ellas, pero en términos muy vagos. Por ejemplo: “velar por la coherencia de planes y programas relacionados a prevención del delito que los demás ministerios y servicios públicos desarrollen”. No queda claro el rol del nuevo ministerio. ¿Es diseñador de políticas públicas? ¿Está llamado a liderar las fuerzas policiales y si es así en qué términos y con qué atribuciones sobre los mandos policiales? Pues intervenir en aspectos operativos podría mermar la autonomía de las policías frente al gobierno de turno.
Se trata más bien de una agregación de funcionarios y mandos. Además de delegados presidenciales y gobernadores tendremos ahora un Seremi de Seguridad Pública en cada región. ¿Quién responderá entonces? Pareciera que la nueva repartición se concibió más para aliviar la carga del Ministerio del Interior que para potenciar el combate contra el crimen y tendrá escaso poder, según expertos como Felipe Harboe. Sería además conveniente revisar propuestas para eliminar Segpres y Segegob, cuyas funciones podrían asignarse a Interior. (La Tercera)
Luis Larraín
Presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo
