La Segunda Sala de la Corte Suprema anuló las sentencias de dos consejos de guerra, uno de cuyos imputados era el general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta de la República, y decretó la inocencia de más de ochenta personas.
La resolución se origina en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de septiembre del año pasado en el que se determinó que el Estado de Chile dispusiera un mecanismo para revisar y anular las sentencias de condena en la causa caratulada «Fuerza Aérea de Chile contra Bachelet y otros».
Por ello el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, solicitó a la Fiscalía de la Corte Suprema que interpusiera un recurso de revisión.
La mencionada causa se dividió en dos partes, a cargo de dos consejos de guerra distintos. En la primera de ellas estaba incluido el general Bachelet. Cuando se dictó la sentencia, el 30 de julio de 1974, este fue sobreseído, tras su fallecimiento el 12 de marzo. En la segunda parte se dictó sentencia el 27 de enero de 1975. Las condenas fueron por delitos de incumplimiento de deberes militares, de traición y de promoción a la sedición, entre otros.
En su fallo, la Corte Suprema menciona antecedentes de las comisiones Rettig y Valech que «dan cuenta que en los procesos sustanciados, conforme a las normas de los tribunales militares en tiempo de guerra a contar del año 1973, se desconocieron y vulneraron, deliberada y sistemáticamente, los derechos procesales y, en particular, el derecho de defensa de los enjuiciados».
La corte propone que el recurso de revisión sea la vía procesal para que quienes fueron condenados en otros consejos de guerra puedan instar la revisión de sus sentencias.
El presidente del CDE dijo que reciben el fallo con satisfacción. Destacó que el máximo tribunal reconoció la tesis del CDE, «de que nuestro ordenamiento jurídico sí contemplaba un recurso efectivo para materializar la regla de exclusión de la tortura, porque las sentencias de los consejos de guerra se basaron en torturas».
Y valoró que se reparara «una enorme injusticia» contra funcionarios condenados sin cumplirse mínimamente los principios del debido proceso.
El abogado Ciro Colombara, quien representó a los demandantes ante la CIDH, declaró que «el fallo de la Corte Suprema anula las sentencias de los consejos de guerra de la FACh no solo respecto de las 12 víctimas que llegaron a la CIDH, sino respecto de todas las personas condenadas, acogiendo así nuestra petición principal». (El Mercurio)
