Las primeras semanas de Catalina San Martín (ind.) en la testera de la Municipalidad de Las Condes han estado marcadas por la espera de los resultados de la auditoría externa a las gestiones de Joaquín Lavín y Daniela Peñaloza mandatada por el concejo municipal hacia fines de 2023, un hito que la misma nueva edil había señalado como prioritario durante su campaña para liderar el municipio, ahora fuera del control de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Y por eso la llegada de los resultados de dicha pesquina, a los que tuvo acceso La Tercera, cobran relevancia de cara al futuro de la gestión.
“Las Condes sí fue una caja pagadora”, afirmó San Martín días antes de conocer los detalles de la auditoría, apuntando a posibles casos de corrupción en administraciones anteriores. Como concejala fue una de las que elevó la petición de auditar al municipio. El objetivo era analizar la ejecución presupuestaria y la situación financiera del municipio. Con eso como contexto, los resultados del informe llegaron a su escritorio.
Tras casi más de un año, el informe elaborado por Fortunato y Asociados analizó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023. Y si bien la auditoría en general evidencia que existe la documentación sustentatoria de las operaciones presupuestarias anuales realizadas por la municipalidad, no existiendo observaciones al respecto, también da cuenta de elementos a los que pide poner atención.
Por ejemplo, los auditores dicen que, en esos seis años, casi un cuarto del costo total de remuneraciones del municipio -un 23,96%- estuvo destinado al pago de horas extras, un monto que ascendió a $45.688.430.000. Este gasto, el más significativo después de los grados, posiciona a las horas extras como un área crítica de revisión para la nueva gestión.
En detalle, el análisis dice que se pagó un total de 6.311.999 horas extras en los seis años revisados, que en promedio el 94,69% de los funcionarios municipales obtuvo pagos por concepto de horas extras, que la cantidad de horas extras por funcionario anuales pagadas son equivalentes a 86,89 horas extras mensuales, o que el monto por concepto de horas extras por funcionario anuales pagadas son $7.424.000.
“En nuestra opinión, al cobrar todos los meses horas extras de similares cantidades, un mismo funcionario, determina que esa asignación no cumple el concepto de “remuneración eventual”, puesto que es fija en el tiempo”, se lee en el informe.
Además detalla que las horas extras representaron un gasto significativo en las arcas municipales, destacándose como el haber más importante, no asociado a grado, en los pagos a funcionarios. La auditoría recomendó establecer un control más exhaustivo sobre este tipo de remuneraciones, para garantizar una asignación eficiente de los recursos municipales.
La Contraloría General de la República ya había puesto atención en este tema, luego de que en 2023 se revelara que el municipio de Las Condes había gastado cerca de $8.000 millones en horas extras para trabajadores de planta y contrata solo entre enero y noviembre. Esta situación llevó a la administración de Peñaloza a confirmar la apertura de un sumario administrativo, dejando entrever la magnitud del problema que hoy aborda San Martín.
“NO GARANTIZA INEXISTENCIA DE IRREGULARIDADES”
La auditoría también pone especial énfasis en la necesidad de revisar a fondo la gestión de las corporaciones municipales y otras instituciones relacionadas. Estas corporaciones han sido uno de los flancos más complejos durante la administración de Peñaloza y que hoy deberá aborda San Martín. Uno de estos es, por ejemplo, los sobresueldos en la Corporación del Teatro Municipal, que desembocaron en la renuncia de la exdirectora Constanza Harvey.
Según la auditoría, a diciembre de 2023 se detectaron subvenciones pendientes de rendición por $6.579.046.000, lo que corresponde al 82,68% del total entregado a 10 entidades como la Corporación Cultural de Las Condes, la Fundación Teatro Municipal y la Corporación Moviliza,
Acorde con el informe, existe un desfase temporal en el proceso de revisión y contabilización de estas subvenciones, lo que provoca saldos elevados al cierre de los estados financieros. Aunque se cuenta con documentación de respaldo, la auditoría señala que esta no garantiza la inexistencia de irregularidades, ya que el análisis fue selectivo y no abarcó la totalidad de los documentos.
En tal sentido, el informe dice que “es recomendable exigir a las instituciones comunitarias en las que la municipalidad posee influencia significativa, tales como la Junta de Alcaldes Providencia, La Reina y Las Condes, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Las Condes, Fundación Teatro Municipal, Corporación Cultural de Las Condes, entre otras, auditorías externas que revisen la gestión interna de las entidades, desde el punto de vista de control interno de las operaciones y la confección y sustentación de los estados financieros”.
Esta recomendación, se añade, “cobra mayor importancia en aquellas instituciones que, adicionalmente a los aportes municipales, poseen generación de recursos propios, lo que implica analizar los estados financieros integrales de los organismos receptores y no limitarse a la revisión específica de los aportes municipales. Lo anterior debido a la imposibilidad de determinar qué gastos efectivamente rendidos fueron financiados mediante la subvención otorgada en forma fehaciente y no por flujos propios”.
Desde la administración de San Martín han puesto un alto énfasis en fiscalizar todo aquello que proviene de las anteriores administraciones. De hecho, desde su entorno asumen que los resultados de esta auditoría solo son un paso más para avanzar en una indagación más profunda en las coporaciones municipales, donde han sido detectadas mayores irregularidades. Dicen, de hecho, que efectivamente durante esta administración realizarán una auditoría a aquellas corporaciones. Asimismo, previo a asumir, la edil enfatizó en la importancia de trabajar en conjunto con la Contraloría para garantizar el correcto uso de los recursos de la comuna.
Asimismo, el documento de 115 carillas identifica contingencias legales relevantes que podrían comprometer los flujos financieros futuros del municipio: actualmente existen 25 causas laborales por un monto estimado de $2.304.036.000 y 18 causas civiles que ascienden a $14.333.417.000. El informe sugiere provisionar estos montos en los estados financieros para mitigar los riesgos asociados.
Por otra parte, se detalla que en ciertos tópicos de análisis, como los estados de patrimonio neto, estados presupuestarios de diversos años, “se presentan observaciones de fondo que afectan directamente los resultados patrimoniales de la institución y los saldos contables del estado de situación patrimonial, que afectan directamente a los saldos expuestos en este informe”.
Finalmente, en otros rubros de acción, como la disponibilidad en moneda nacional, anticipos de fondos, inversiones, el informe dice que “no existen observaciones de fondo y de forma”, si bien en algunos tópicos sugiere, ante la imposibilidad de obtener información detallada y analítica de las partidas contables que provienen con anticipación a la apertura del año 2018, “establecer la verdadera existencia y vigencia de estos montos y efectuar las correcciones contables correspondientes de acuerdo a la instrucciones emanadas por la Contraloría General de la República”. En otras palabras, la auditoría señala que hay áreas de análisis en las que no se pudo establecer la veracidad de las partidas contables. (La Tercera)
