“Es muy importante dejar en claro que la forma y composición que tome la convención constitucional no está cerrada a ninguna alternativa. Esto es parte central del debate que debe iniciar el Congreso con este proyecto de ley”. Con esas palabras, la presidenta Michelle Bachelet explicó esta tarde la idea detrás de la iniciativa que se presentaba: la reforma al Capítulo XV de la Constitución, que reglamentaría todo el proceso para crear una nueva Carta Magna.
La precisión era relevante. Porque en la presentación, momentos antes, varios de los asistentes habían quedado con dudas sobre si la propuesta descartaba o no la Asamblea Constituyente, uno de los mecanismos impulsados para la reforma. Esto porque el procedimiento establece que será el Congreso el que convoque, con el voto de dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio, a una instancia denominada Convención Constituyente.
Sin embargo, la explicación era que la mandataria no quiso cerrar la puerta a alternativas. Por eso, la fórmula propuesta, tal como está, podría terminar convirtiéndose en una asamblea constituyente o bien en otro formato que los legisladores decidan, mediante otra legislación específica que debería sortear un quórum más bajo, de cuatro séptimos en cada cámara.
“Proponemos que mediante una ley orgánica constitucional se regula la convocatoria de dicha convención, sus integrantes, la forma de elegirlos y nombrarlos, cómo se organizará, y sus funciones y atribuciones”, señaló la mandataria.
“Como gobierno prepararemos una propuesta de nueva Constitución que recoja los resultados de las bases ciudadanas que expresan el sentir de la ciudadanía. Con esta propuesta, viable dentro del actual marco constitucional, estamos siendo consistentes con la existencia de un carácter democrático, institucional y participativo de cada etapa del proceso”, cerró Bachelet.
CONVENCIÓN CONSTITUYENTE
Fue el 13 de octubre de 2015 cuando la Presidenta Michelle Bachelet, a través de una cadena nacional, dio a conocer el itinerario del proceso constituyente, con el cual pretendía dar cumplimiento a su promesa de campaña de generar una nueva Carta Magna para nuestro país.
En su discurso, la Mandataria detalló la fase educativa, para informar a la población sobre los alcances de la iniciativa, luego la fase participativa, en la cual se desarrollarían encuentros locales y cabildos para conocer la posición de la ciudadanía sobre los contenidos de una nueva Constitución y finalmente la fase institucional.
Sobre la última etapa, Bachelet indicó que enviaría al Congreso un proyecto de reforma de la actual Constitución para que, «por dos tercios de sus miembros en ejercicio, establezca los procedimientos que hagan posible dictar una nueva Carta Fundamental».
«En esta reforma, propondremos al actual Congreso que habilite al próximo para que sea él quien decida, de entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto enviado por el Gobierno y las formas de aprobación de la nueva Constitución», añadió la jefa de Estado durante su alocución hace casi dos años.
Entre esas alternativas mencionó una Comisión Bicameral de Senadores y Diputados; formar una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos; la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la opción de un plebiscito, para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas.
Diecisiete meses después, comunicó esta tarde su decisión de proponer al Congreso el mecanismo de Convención Constituyente que será regulada por una Ley Orgánica Constitucional que será debatida por el propio parlamento, una vez que sea aprobada por dos tercios de los parlamentarios en ejercicio.
Es decir, el Congreso definirá «quiénes serán sus integrantes, la forma de elegirlos y nombrarlos, cómo se organizará, cuáles serán sus funciones y atribuciones. Es muy importante dejar en claro que la forma y composición que tome no está cerrada a ninguna alternativa», explicó esta tarde Bachelet.
Ante las dudas que generó su determinación, el ex presidente del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente, Patricio Zapata, explicó que la Convención «es lo que tiene Estados Unidos y Argentina como alternativa para cambiar la Constitución.
La Constitución chilena de 1833 nació de una Convención Constituyente». «En qué se podría diferenciar de una Asamblea Constituyente. Depende de cómo se configura la Convención.
Una característica propia de una Convención es que no pretende un inicio desde cero, un inicio revolucionario, sino que se inscribe dentro del funcionamiento de las instituciones permanentes», añadió.
Sobre la composición de la Convención, el jurista indicó que «es una decisión que va a tomar el Congreso. Normalmente lo que se hace es elegir directamente a través del voto ciudadano a un grupo de personas o que el Congreso, como pasó en 1833, nombra a un grupo de convencionales».
Cabe destacar que el propio Zapata junto al senador Ignacio Walker presentaron a mediados de 2015 una propuesta de convención constituyente, la cual podría dar luces sobre el sistema o servir eventualmente como un modelo a seguir por el Congreso en caso de aprobar la reforma al Capítulo XV de la actual Constitución enviada por Bachelet este lunes.
En el documento elaborado por ambas figuras DC, proponen que la instancia esté constituida por 60 miembros: 15 senadores y 15 diputados, elegidos por cada una de las Cámaras, y la otra mitad sea integrada por treinta representantes de la sociedad civil.
Dicho grupo trabajaría dispondría de seis meses para llevar a cabo el proceso deliberativo, considerado un sistema de consultas ciudadanas. Una vez concluido su trabajo, la convención debería presentar un texto constitucional que sería sometido a un referéndum para efectos que el pueblo la apruebe o la rechace. (La Tercera-Emol)
