La mandataria estima que es necesario tipificar esta conducta como delito, «para que difundir mensajes odiosos y sembrar la división de los miembros de nuestra sociedad tenga la sanción que corresponde».
Perplejos tienen que haber quedado todos los que saben algo de la historia reciente de Chile y aún conservan la dignidad de hacerle caso a su memoria o a sus conocimientos.
Perplejos, porque una persona que milita en el Partido Socialista ha presentado un proyecto que, si tuviera efecto retroactivo, afectaría decisivamente a todos sus correligionarios de los años 60 y 70, a todos sus amigos comunistas desde la década del 40 hasta el FMR, a todos sus aliados DC en plena reforma agraria, a todos esos miristas que su ídolo, Salvador Allende, indultó; en fin, un proyecto que casi no dejaría libre en esta Patria ni a uno solo de esos arcaicos izquierdistas.
Pero, bueno, no hay de qué preocuparse: las leyes habitualmente no tienen efecto retroactivo, excepto cuando se les aplican ilegítimamente a los militares, como bien ha demostrado Adolfo Paúl sin que nadie haya podido contradecirlo.
«Difundir mensajes odiosos y sembrar la división de los miembros de nuestra sociedad»: pocas veces desde el marxismo se había develado de manera más clara la mala conciencia sobre sus propios propósitos, sobre esos acuerdos, sobre esas declaraciones, sobre esas acciones que caracterizaron a la izquierda chilena, desde finales de la segunda guerra mundial hasta bien entrada la democracia de los años 90.
¿Hasta cuándo vamos a tener que citar los congresos del PS llamando a la vía violenta, los reconocimientos de Corvalán y Marín sobre los aparatos armados del PC y del FMR, las revelaciones de Pascal Allende sobre la formación y objetivos militares del MIR, y, aunque sea en un tono menor, la sinceridad de Chonchol y Moreno sobre el verdadero propósito destructivo de la reforma agraria del 67? ¿Hasta cuándo?
Hasta que nos dejen.
Porque así como este proyecto revela una grotesca burla respecto del pasado, contiene una sutil apelación al futuro. Bachelet cree que del pasado puede reírse, que de la verdad ya clavada en la inmodificable historia, ella podría escabullirse sin problemas, porque el aparataje que domina la protege.
Es el futuro el que le interesa y, en esa dimensión, es la libertad la que quiere impedir.
El texto propuesto parece enfocarse solo en los brutales llamados a agredir al otro, pero bien sabemos los chilenos cómo son descalificados también los que proclaman pacíficamente convicciones y verdades que no gustan al régimen. La reciente defensa de la vida lo mostró con todo dramatismo.
La libertad de investigación histórica, la libertad de docencia histórica y la libertad de divulgación histórica quedarán en jaque. Hace ya años que a los historiadores se nos amenaza con proyectos para impedir que les enseñemos a las nuevas generaciones que las izquierdas hicieron exactamente lo mismo que quizás será delito en el futuro: cómo difundieron mensajes odiosos y sembraron la división de los miembros de nuestra sociedad.
Llevo casi 20 años trabajando sobre el cultivo del odio en Chile entre 1946 y 1973. No faltará quien sostenga que el solo hecho de escoger un tema de investigación como ese ya coloca mi tarea dentro del eventual nuevo tipo penal. A no extrañarse: ya escribí hace tiempo en este mismo espacio sobre el proyecto de ley de cárcel para los historiadores.
Varios años atrás, la misma Bachelet sinceró sus propósitos: «Hay que salir a la calle porque la derecha tiembla cuando la Concertación se moviliza».
