Antes de conocer el texto del fallo del Tribunal Constitucional, que dispuso el cese de su cargo como senadora a Isabel Allende, el país asiste al baile de furia y desconcierto oficialista.
El sorpresivo resultado —en eso sí hay unanimidad— expone, como tal vez ningún otro acontecimiento en el actual mandato presidencial, la necedad, en la convicción de que las reglas son relativas, y las instituciones adaptables de acuerdo con quién se someta a ellas.
Tenemos un oficialismo convencido de que la trascendencia de Salvador Allende para la izquierda chilena y la trayectoria de su hija Isabel eran razones para la inmunidad constitucional.
Sí, se puede discrepar de la decisión del TC y discutir si el alcance de ese artículo 60 es taxativo, o debe valorarse junto a otros elementos. Lo que no se puede, ni debe, es suponer que entre ellos está la historia de quien se somete a un juicio. Después de todo, la igualdad ante la ley no podría estar por debajo del símbolo de la Unidad Popular.
¿Es el fallo un “precedente grave”? La tesis del Gobierno, que reclama la destitución de una persona elegida democráticamente, se estrella, primero, con la idea de que los votos ponen a los parlamentarios en un limbo intocable, ni siquiera por la Constitución. Y, después, con una de las mayores preocupaciones que rondaban en Chile en el último tiempo: que los fallos del TC tuvieran un móvil político.
Si de precedentes se trata, uno relevante es que un organismo autónomo, con la enorme tarea de controlar el apego a la Constitución, ha hecho un esfuerzo por recuperar prestigio institucional. Por esa razón se oye hasta ingenuo el diputado del Frente Amplio que intenta demostrar el error del TC, porque la Cámara de Diputados había rechazado previamente la acusación constitucional contra la exministra Maya Fernández.
Apelar a esas consideraciones ha dejado al Gobierno y a sus partidos en un espacio entre el deseo frustrado de la impunidad y la vergüenza. Porque más allá de sus ideas matrices, que se han demostrado equivocadas en todo el mundo, ha incurrido demasiadas veces en la incompetencia para conducir el Estado.
Da pudor ver a La Moneda estrujando argumentos para eludir el principio y final del problema: se llevó adelante una compra con vendedoras sobre las cuales pesaba una manifiesta incompatibilidad. No sabemos (todavía, será cuestión de tiempo) si la docena de abogados que miraron los papeles se percataron de ello a tiempo y si quien tomaba la decisión final decidió pasar por encima de la norma.
Lo que viene ahora podría tener efectos en los próximos meses y quizás años: se está desnudando el quiebre ya no político, sino afectivo, entre el socialismo de toda la vida y el Frente Amplio. Tantos años de descalificación y pisoteo de la historia no podrían salirle gratis a la “nueva” izquierda.
El reproche del Partido Socialista es un poco más fino que responsabilizar al Gobierno frenteamplista de errores administrativos.
Uno de sus vicepresidentes reclama por la “chambonada”, pero a continuación hace ver que “aparecen dos ministras del TC designadas por este gobierno, que suman sus votos a la destitución”. Horas después, la senadora Vodanovic materializa la crítica, sin rodeos: “El partido del Presidente tiene que saber que el Partido Socialista ha sido extremadamente leal durante este gobierno”.
En todo caso, que la oposición no saque cuentas alegres, adelantando escenarios. La izquierda tiene una historia reiterada de unidad frente al adversario. Ella estará siempre dispuesta a comerse todos los sapos que sean necesarios —y con la mejor cara— para impedir un triunfo de la derecha. (El Mercurio)
Isabel Plá
