La bancada de diputados de la DC presentó este martes una agenda de propuestas para regular la relación entre los ámbitos público y privado, en materia de probidad y transparencia.El documento contiene una serie de planteamientos que implican mayores sanciones y nuevas regulaciones en lo privado, como también elevados estándares para los parlamentarios y autoridades de gobierno.
Al respecto el saliente jefe de la bancada falangista, Matías Walker indicó que «hemos presentado un conjunto de propuestas que van más allá del tema del financiamiento a la política, que nosotros sostenemos en este documento que el financiamiento tiene que ser público, que tenemos que terminar con los aportes reservados, con los aportes de las empresas, yo creo que es lo que la ciudadanía nos está pidiendo».
Asimismo, Walker indicó que «es muy importante también avanzar respecto de las instituciones privadas, los directores de AFP que manejan los fondos previsionales de todos los trabajadores que puedan ellos hacer declaración de patrimonio, de intereses».
El diputado aseguró que esperan que tales propuestas sean discutidas en el Congreso, pero «con pleno respeto a las investigaciones que el Ministerio Público está desarrollando en este momento y a las resoluciones de los tribunales de justicia». «Pero nosotros buscamos proponerle al país la agenda de estándar de transparencia más exigente que pueda existir a nivel internacional», agregó.
Por su parte, el diputado y nuevo jefe de la bancada, Ricardo Rincón, expresó que «queremos poner el acento en que no podemos reducir esto en una discusión de lo público, no queremos caer en la típica actitud que tradicionalmente ciertos partidos de derecha impulsan frente a estos conflictos que es poner el acento en lo público y no regular lo privado».
De esta forma, la agenda de los parlamentarios DC incluye, por ejemplo, la profundización del sistema de financiamiento y transparencia de la política, eliminando los aportes de las empresas a las campañas políticas, estableciendo un aporte estatal para funcionamiento de partidos y elecciones.
A esto se suma el fortalecimiento y la creación de una fuerte institucionalidad del Servicio Electoral, el perfeccionamiento de la Declaración de Patrimonio e Intereses, obligatoria y con un estándar superior al actual de todas las autoridades políticas. Además, de la inhabilidad obligatoria en sala y comisión para todos los parlamentarios, que sean socios, parientes directos de los dueños y directores de empresas cuyos interesen sean objeto de un proyecto de ley.
Junto a ello se plantea el establecimiento de sanciones que impliquen la cesación inmediata del cargo de las autoridades de gobierno, parlamentarios y municipales, que resulten sancionados por conductas atentatorias a las normas de probidad.
Además, se agrega la profunda revisión e incremento de las penas aplicables a los Delitos Económicos y Tributarios existente en la legislación chilena y la creación del registro obligatorio de las empresas que desarrollan actividades de lobby.
Los diputados harán llegar hoy su propuesta a la Presidenta, Michelle Bachelet, quien esta tarde anunciará el Consejo Asesor Presidencial que trabajará en la regulación de la relación entre dinero y negocios. (Emol)
