El ambiente político se sigue tensionando. Esta vez es la bancada de diputados del PPD la que contribuye al ya complejo escenario político al anunciar que está recabando los antecedentes para solicitar al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad del partido de Jaime Guzmán.
La iniciativa se fundaría en que, a juicio de los diputados del PPD, la UDI estaría «amparando la violencia como método de acción política y por la vulneración de las normas establecidas en el artículo 19 Nº 15 de la Constitución Política, relativas al derecho de asociación». La citada normativa establece una serie de prohibiciones para constituir asociaciones, como el que sean contrarias a la moral, el orden público y a la seguridad del Estado, explicó el jefe de la bancada PPD, Ricardo Celis.
Quien añadió que el inciso sexto del mencionado artículo establece que «son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política». Y, además, señala que le «corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad».
Celis argumentó que fue el propio diputado de la UDI, Jorge Alessandri, quien «reconoció que, efectivamente, la sede (sobre la que recae la polémica) es de la UDI, con lo cual queda de manifiesto que existen militantes del partido involucrados en hechos de violencia».
Y añadió que la polémica suscitada, a raíz de que miembros del grupo «capitalismo revolucionario» habrían difundido videos realizados en Bulnes 80, resulta aún más grave, «si se considera que los partidos políticos en Chile reciben financiamiento estatal para financiar sus actividades y al estar utilizando sus sedes para almacenar elementos que se utilizan en actividades violentas, están utilizando recursos públicos para amparar actividades contrarias al ordenamiento jurídico y que vulneran la Constitución. La misma constitución que la UDI dice defender en las manifestaciones».
Además, la bancada opositora ofició al Servel para que investigue e informe sobre la militancia del líder del Movimiento Capitalismo Revolucionario y si el inmueble de Bulnes 80 corresponde a una sede comunal de la UDI.
LA UDI SE QUERELLA CONTRA IZQUIERDO
Hasta la Fiscalía de Las Condes llegó la presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline Van Rysselberghe, para interponer una denuncia contra el líder del movimiento Capitalismo Revolucionario, Sebastián Izquierdo, quien durante el fin de semana protagonizó una violenta movilización en apoyo al rechazo ante el plebiscito del 26 de abril.
Según contó la parlamentaria a los medios de comunicación durante la entrega de la denuncia, la idea es que el Ministerio Público pueda investigar si los actos protagonizados por Izquierdo durante la última movilización del 7 de marzo -donde amenazó de muerte a los partidarios del apruebo-, son constitutivos de delitos.
La denuncia llega en un contexto complejo para la UDI, ya que el diputado y miembro de este partido, Jorge Alessandri, aseguró que el lugar utilizado por la organización Capitalismo Revolucionario para la elaboración y almacenaje de escudos, “se trataría de la sede comunal de la UDI de la comuna de Santiago”.
Al respecto, Van Rysselberghe volvió a negar las acusaciones de Alessandri y dijo que “nunca hubo un contrato de arriendo, nunca hemos pagado un contrato de arriendo nosotros, desconozco quién es el propietario”. “No tenemos ninguna vinculación con la administración de ese lugar”, dijo luego.
VERSIÓN UDI CONTRATA CON DUEÑO DE LA SEDE
Pese a los dichos de la timonel de la UDI, el propietario del inmueble aludido, Jaime Gallegos, indicó al medio Interferencia que efectivamente su propiedad es utilizada por el partido gremialista.
Así se pudo comprobar durante la tarde, cuando diversos medios de prensa dieron cuenta de que en la recepción del edificio se identificaba a la oficina como “sede UDI”.
Un vínculo que, según Gallegos, “inició cuando se retiró Jovino Novoa”, pues, “llegaron otras personas de la UDI y me dijeron que querían el departamento por el valor estratégico que tenía para los quehaceres de ellos. De ahí que quedamos sin contrato”.
Desde marzo de 2014, Gallegos habría recibido pagos de Juan Arce, secretario de la UDI en Santiago, y del tesorero de la entidad, Julio Salinas.
Además de confirmar el vínculo, Jaime Gallegos aseguró que “son unos pésimos arrendatarios” porque “pagan cuando quieren, lo que se les antoja y no siempre el canon de arriendo”. (DF El Dinamo Interferencia)
