A través de un escrito presentado el jueves pasado, el abogado Juan Domingo Acosta -defensor de Bancard- pidió al fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, la declaración voluntaria del ex Presidente Sebastián Piñera, en el marco de la investigación por la eventual irregularidad en la compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar por parte del family office del ex Mandatario, Bancard, durante el juicio en La Haya.
En el escrito se señala el objetivo: «Colaborar en el esclarecimiento de los hechos que se investigan y demostrar la absoluta falsedad y ausencia de fundamentos de las imputaciones que se hacen en la querella que dio origen a esta causa, ofrezco se reciba la declaración voluntaria de don Sebastián Piñera Echeñique y pido señor fiscal regional que fije día y hora a este efecto».
Frente a esta solicitud de declaración, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick señaló que «dado que el Presidente Piñera -como públicamente lo ha señalado- quiere prestar toda su colaboración en la investigación judicial y es el primer interesado en que exista la mayor transparencia y que sea conocida por la opinión pública para que queden desvirtuado todos los hechos, es que se ha solicitado este escrito».
Una diligencia que a 48 horas de ser presentada aún no tendría respuesta por parte del Ministerio Público. Lo concreto es que de declarar, el ex Mandatario lo haría en calidad de imputado, según explican desde su entorno, ya que la querella presentada en noviembre pasado por el diputado PC Hugo Gutiérrez por eventual uso de información privilegiada, negociación incompatible, entre otros, está dirigida contra él.
«No existe ninguna alternativa que no declare como imputado; no porque la fiscalía lo considere o tenga pruebas para ello, sino que porque no hay otra alternativa. El solo hecho de que sea querellado obliga al Ministerio Público a tomarle declaración como imputado», señaló ayer a «El Mercurio» el abogado Juan Domingo Acosta.
En el documento, además, Acosta indica que «de conformidad con lo dispuesto en los artículos 300 letra a) y 301, ambos del Código Procesal Penal, fijo como domicilio, para los efectos de que se realice la diligencia ofrecida en lo principal, el ubicado en avenida Apoquindo 3000 piso 18, Santiago».
Lo anterior se debe a que por ley existe la obligación de ir a testificar, a menos de que haya excepciones, como en el caso del ex Presidente de la República, quien puede ser interrogado en el lugar donde trabaja o en su domicilio.
Una solicitud de declaración que se conoce a menos de 24 horas de que el ex Mandatario señalara que «los correos relevantes y pertinentes ya fueron entregados». Lo anterior, haciendo referencia a los e-mails solicitados en diciembre pasado por el Ministerio Público, entre los que figuran los del gerente de Bancard, Nicolás Noguera, y uno de los del hijo de Piñera, Sebastián Piñera Morel.
En paralelo, la fiscalía continúa con la ronda de citaciones en calidad de testigo en el marco de esta indagatoria. La carpeta investigativa contaría con una serie de declaraciones, como por ejemplo la del canciller del gobierno pasado, Alfredo Moreno. (El Mercurio)
