El principal traspié que sufrió el gobierno al intentar establecer la gratuidad —con letra chica— a través de una glosa presupuestaria que discrecionalmente establecía cuáles alumnos vulnerables tendrían acceso a educación superior gratuita no se produjo en la decisión adversa del Tribunal Constitucional. El gobierno de Bachelet tropezó primero cuando la reforma tributaria que impulsó —y que definió como condición necesaria para establecer los alcances de la gratuidad— falló en su diseño e implementación. Ahora que hay que modificar la ley que entregará el financiamiento para la gratuidad en la educación, mientras no se sepa cuánto dinero se va a recaudar, difícilmente se podrá establecer cuántos y cuáles alumnos podrán tener acceso a educación superior gratuita.
Después de haberlo convertido en el principal tema de la campaña de 2013, la reforma educacional que entregaría acceso gratuito a la educación superior a los chilenos se ha convertido en el principal dolor de cabeza del gobierno y en la mejor evidencia de que este gobierno hizo promesas sin haberse sentado primero a hacer los cálculos necesarios para saber cómo y de dónde sacaría la plata para cumplirlas. Apenas asumió el poder, el gobierno de Bachelet anunció que antes de anunciar los alcances de la gratuidad, se necesitaba promulgar una reforma tributaria que permitiera saber cuánto dinero habría disponible para avanzar hacia el ideal de gratuidad universal para la educación superior. Por eso, el gobierno impulsó con apuro, y poca rigurosidad, una reforma tributaria que buscaba que “los poderosos de siempre” pagaran más impuestos para que el gobierno pudiera financiar así su promesa de gratuidad.
Pero una vez aprobada la reforma tributaria, empezaron a aparecer otras necesidades y el gobierno comenzó a asignar parte de los recursos que se recaudarían a otras prioridades. Así, la promesa de que la gratuidad sería para todos fue llenándose de letra chica restrictiva. Además de ir reduciendo el alcance de los siete a los seis y después a los cinco primeros quintiles (la mitad que menos ingresos tiene), el gobierno también estableció que sólo los estudiantes que asistieran a un determinado tipo de establecimientos tendrían gratuidad. Pero ahora que el Tribunal Constitucional determinó que el criterio de selección definido por el gobierno es inconstitucional, la materialización de la promesa de gratuidad está en el aire. El gobierno insiste en que habrá gratuidad. Pero nadie sabe quiénes serán beneficiados y qué impacto tendrá esta nueva política pública en el sistema de educación superior en su conjunto.
Como si todo esto no fuera suficiente incertidumbre, resulta que ahora el gobierno debe enviar un proyecto de ley que reforme la reforma tributaria. Aunque Hacienda ha insistido en que este proyecto sólo busca corregir errores y simplificar el nuevo sistema tributario, basta con suponer que el gobierno seguirá cometiendo los mismos errores que ha cometido desde que asumió el poder para anticipar que estamos metiéndonos en un nuevo pantano. El enfriamiento de la economía nacional —y las malas noticias que vienen desde fuera, en particular respecto al precio del cobre— permiten anticipar que la situación económica en el país seguirá empeorando antes de que comience a mejorar. Como resulta poco sensato introducir un aumento en la carga tributaria cuando la economía está en declive, hay buenas razones para pensar que la reforma tributaria terminará siendo un poco más que una simplificación a la mala reforma aprobada en 2014. Como siempre ocurre cuando se discuten tributos, todos aprovecharán la oportunidad para introducir pequeñas modificaciones que favorezcan sus intereses con la, justificada, excusa de que eso ayudará a reactivar la economía. Así las cosas, después de que cierre esta nueva ventana de reforma tributaria que pronto debe abrirse, bien pudiera darse el caso que las arcas fiscales terminen con menos dinero de lo que inicialmente se esperaba y, por lo tanto, habrá menos recursos para financiar la gratuidad. Además, ya que las necesidades para financiar programas sociales aumentan cuando la economía se frena y crece el desempleo, la gratuidad en la educación deberá competir con otras prioridades (como salud, vivienda y subsidios a la pobreza) cuando se asignen los recursos adicionales que deberán entrar al sistema una vez que la nueva reforma tributaria entre en vigencia.
En cierta medida, ahora que se empieza a discutir de nuevo la reforma tributaria, volvemos al punto de partida que el propio gobierno estableció como condición para saber cuáles serían los alcances de la gratuidad. Veinte meses después de iniciado el mandato, el gobierno no sabe de cuántos recursos dispondrá para financiar su promesa de gratuidad y, en consecuencia, tampoco sabe cuántos alumnos se podrán beneficiar ni cómo se implementará el nuevo sistema de gratuidad universal en la educación superior chilena.
