El pasado 1 de junio el senador independiente por Magallanes,Carlos Bianchi, ingresó un particular proyecto de reforma constitucional al Senado. ¿Su contenido? Que se faculte a la Presidenta de la República para que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Constitución, “proceda a dictar los decretos y reglamentos que correspondan para una convocatoria a plebiscito ciudadano durante el año 2016, respecto a las materias que el Congreso Nacional y la Presidenta de la República acuerden someter a plebiscito”.
En el texto del proyecto, el parlamentario señala que “creemos necesario y de urgencia que el mundo político entregue al país una muestra importante de apertura hacia esta nueva sociedad que hoy día se considera marginada, pero que sin duda representa a una gran mayoría, y como muestra de dicha voluntad de apertura y de renovar nuestra democracia acuerde -tal como se hizo el año 1989- un llamado a plebiscito para que la ciudadanía de forma democrática se pronuncie sobre materias, que dada su importancia e incidencia en el esquema social de nuestro país, requieren el pronunciamiento de la ciudadanía en la que descansa el poder constituyente originario que nosotros como parlamentarios solo representamos”.
Al ser consultado por “El Líbero”, Bianchi señala que está “solo en este tema” y que “en la actual Constitución no existe la posibilidad de que se pueda llevar adelante un plebiscito nacional de los grandes temas país”. En ese sentido, agrega que frente al problema político que enfrenta hoy el gobierno esta opción puede ser una suerte de “válvula de escape” para evitar “conflictos sociales”.
La iniciativa del senador se da justo en momentos en que la Corte de Apelaciones decidió desaforarlo el pasado viernes a raíz de una investigación por presunto fraude al fisco y negociación incompatible que está impulsando el Ministerio Público.
De acuerdo a la investigación de la fiscalía, Bianchi habría utilizado su asignación parlamentaria para arrendar de forma irregular la casa de su cuñada como sede de la circunscripción, ocasionando un perjuicio al Estado de $ 45 millones.
