La Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) informó de la realización de 2.670 informes anuales en promedio solicitados por diputados y senadores.
Durante el 2016, según El Mercurio, se elaboraron 2.807 informes de asesorías. De ellos, 1.201 corresponden a entregas a diputados y 568 a senadores. El resto fueron para comisiones legislativas y otras instancias del Congreso.
Sin embargo, según explicó el secretario general de la Cámara Baja, Miguel Landeros, a diferencia de los textos externos, los informes elaborados por la BCN tiene un carácter eminentemente técnico y no político.
«Los documentos de las asesorías externas tienen información política que solo pueden hacer los institutos afines«.
Cabe destacar que distinto a los recursos que se destinan a las asesorías externas, los informes de la BCN se realizan con los dineros ordinarios que cuenta la Biblioteca para el desempeño de sus funciones asignados a través de la Ley de Presupuesto.
Además, toda la información producida por la institución está alojada en su sitio web, excepto un 5% que por razones técnicas no se encuentra allí.
ASESORÍAS NO FISCALIZADAS DESDE 2014
La última vez que el Comité de Auditoría Parlamentaria fiscalizó el trabajo de los asesores externos pagados por los legisladores correspondió al periodo comprendido entre abril de 2013 y febrero de 2014.
El organismo -que a partir de mayo de 2017 renovó a sus integrantes- revisó los contratos, facturas, boletas y documentación de respaldo de las asesorías solicitadas por una muestra de 90 parlamentarios: 66 diputados y 24 senadores.
Tanto en las conclusiones correspondientes a los servicios contratados en el Senado como en la Cámara de Diputados, los auditores señalaron que no se encontraron situaciones de riesgo, más allá de algunas observaciones.
“El alcance del trabajo consideró pagos realizados en este periodo, verificándose un uso de esta asignación ajustado a los términos de la normativa emitida por el Consejo Resolutivo, en cuanto al destino, criterio de uso y documentación de respaldo”, se señala, concluyéndose que “en el desarrollo de esta auditoría no se constataron aspectos de riesgos significativos en los procesos analizados, no obstante se observan oportunidades de mejoras”.
Desde el Comité confirmaron que esa fue la última auditoría realizada a las asesorías externas. En este sentido, según información oficial del plan anual que propusieron los actuales integrantes del Comité -Priscila Jara, Fernando Sirriya y Carlos Tapia-, desde hace dos meses se encuentran desarrollando una nueva auditoría enfocada especialmente a este tipo de asesorías parlamentarias y cuyo universo comprende a colaboraciones de 2016.
Luego de esta semana, distintos reportajes dieron cuenta de que buena parte de los informes que asesores externos presentan como respaldos de sus trabajos poseen coincidencias o derechamente plagios a materiales publicados en internet. Se ha intentado internamente que los auditores amplíen, al menos en la Cámara de Diputados, el periodo de revisión. Esto debido a que el antiguo Comité -integrado por Eduardo Pérez, Bernardo Mateluna y Carlos Fuentes- no ha realizado auditorías a las asesorías externas contratadas por los diputados del actual periodo 2014-2018.
En el caso del Senado, la última auditoría consideró, entre otros, a los senadores Fulvio Rossi, Isabel Allende, Baldo Prokurica, Jorge Pizarro, Ignacio Walker, Lily Pérez, Juan Pablo Letelier, Andrés Zaldívar, Juan Antonio Coloma, Ximena Rincón, Hernán Larraín, Alejandro Navarro, Jaime Quintana, Alberto Espina, Carlos Bianchi y Jaime Orpis.
Aunque este último senador está procesado, entre otros delitos, por fraude al Fisco, al constatarse triangulaciones de fondos con las asignaciones para contratar asesorías, el Comité de Auditoría tampoco encontró anomalías en la revisión que se hizo sobre las asesorías contratadas por el parlamentario.
Para la realización de auditorías, los fiscalizadores seleccionaron una muestra de parlamentarios por sorteo, a quienes se les solicitó la documentación.
QUÉ SE FISCALIZA
A partir del 2015 se modificó la normativa respecto de la contratación de asesorías externas. En el caso de los senadores, se les comenzó a exigir el respaldo de estas colaboraciones por medio de informes escritos. Del mismo modo, a partir de entonces se restringieron las asesorías verbales, se excluyeron las asesorías de imagen y la contratación de encuestas y se definió que se remitiera al Comité de Auditoría Parlamentaria las copias de estos informes.
Sin embargo, quienes conocen la labor de estos fiscalizadores señalan que, pese a tener herramientas para fiscalizar, no está claro si tienen atribuciones para pronunciarse sobre los contenidos y calidad de los informes, y que la normativa no les otorga más facultades que las de formular observaciones y reparos ante las comisiones de Ética de las respectivas cámaras. Es decir, terminan siendo los propios diputados o senadores quienes deciden sobre el futuro de una observación o reparo efectuado a algún compañero de hemiciclo.
Tal como lo señaló esta semana el senador Larraín, “el Comité de Ética tiene como posibilidad de sanciones solamente la amonestación verbal o escrita. En los casos que hemos conocido, hemos aplicado exenciones y en otros hemos amonestado. Lo demás -como devoluciones de dinero- escapa a nuestra capacidad”.
las palabras del senador responden a que, según dice la normativa interna del Senado, el Comité solo sanciona en virtud del actuar moral del parlamentario. (Emol El Mercurio-La Tercera)
