El Gobierno boliviano denunció que Chile ha incumplido el Tratado de Ottawa por el que se comprometió a desactivar para 2012 todas las minas antipersona ubicadas en la frontera con Bolivia.
“No se ha cumplido, lamentablemente Chile no ha desactivado (las minas). Hay campos minados no desactivados en la frontera cercana a los departamentos (bolivianos) de Potosí y Oruro”, dijo el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en declaraciones a la radio estatal.
Ferreira aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ha enviado “insistentes notas” al Gobierno chileno sobre este asunto, “pero Chile no ha dado ninguna explicación ni respuesta2.
La situación, según el ministro, “pone en riesgo la vida de las personas, el medioambiente y los animales, y no deja de ser un peligro”.
El Gobierno boliviano carece de un cálculo exacto del número de minas que quedan por desactivar, aunque Ferreira precisó que “solo se ha desminado una cuarta parte del total”.
Además, el titular de Defensa anunció que el canal Discovery Channel grabará un documental sobre este asunto, en colaboración con medios de comunicación bolivianos.
“Nosotros como ministerio vamos a apoyar para que puedan llegar al último rincón”, indicó el ministro, quien advirtió que ese documental “va a servir para mostrar a la comunidad internacional que Chile incumple el tratado de Ottawa”.
Según datos oficiales a septiembre de 2014, Chile eliminó el 46 % de los 181.814 artefactos explosivos sembrados en su territorio, en su mayoría fruto de los conflictos con los países vecinos en la años setenta.
El Gobierno de Michelle Bachelet ha expresado su compromiso de sacar las minas antipersonales en cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos antes del año 2020, tras obtener una prórroga por parte de los Estados miembros de la Convención de Ottawa.
La Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersona y sobre su destrucción, conocida como Tratado de Ottawa, fue firmada en diciembre de 1997 por 122 Estados y entró en vigor en marzo de 1999.
Ese tratado, suscrito en la actualidad por 162 países, obligaba a los Estados firmantes a destruir sus arsenales en un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor del acuerdo.
