El 4 de septiembre de 2022, el 62% de los electores rechazó la propuesta de nueva Constitución que había sido redactada por una Convención Constitucional integrada por una amplia mayoría de izquierda.
No obstante, a dos años exactos de ese histórico plebiscito que le dio un portazo a un texto que contenía varios aspectos refundacionales, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha seguido impulsando materias emblemáticas de esa fallida propuesta.
Temas como el aborto, el levantamiento del secreto del Informe Valech, la negociación ramal y el fin de las AFP son algunas de esas propuestas que en su momento causaron polémica y a las que el Ejecutivo ha buscado dar vida por otras vías.
“El Rechazo del 4 de septiembre fue la victoria de los chilenos y le demostraron a la izquierda que su obsesión con el cambio constitucional y su proyecto refundacional era una idea minoritaria en Chile. Lamentablemente, el gobierno de Boric no aprendió la lección y pretende seguir imponiendo su agenda estatista en pensiones, salud e impuestos, mientras todos los chilenos anhelan paz y libertad”, señala a El Líbero la exconvencional Ruth Hurtado (Republicanos), al ser consultada sobre las acciones impulsadas desde La Moneda para echar a andar proyectos que la ciudadanía rechazó el 4-S.
Los exconvencionales Bernardo Fontaine y Rocío Cantuarias también advierten intentos del Ejecutivo por reciclar algunos de estos temas.
NUEVO PROYECTO DE LEY DE ABORTO
La despenalización del aborto, procedimiento que actualmente es permitido en el país solo en tres causales, fue unos de los artículos del proyecto constitucional que causó más polémica y que, conforme a las encuestas de entonces, habría llevado a los electores a votar en contra del texto.
“Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”. Así había quedado plasmado en el artículo 61 de la propuesta.
El 1 de junio de este año, durante la Cuenta Pública, el anuncio más controversial del Presidente Boric fue precisamente su deseo de impulsar una norma para permitir más libremente el aborto.
“Como Presidente de la República estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos, pese a que algunos diputados hombres se opongan. Por ello es que durante el segundo semestre de este año ingresaremos un Proyecto de Ley de Aborto Legal que someteremos a la discusión correspondiente con el compromiso que anima a nuestro gobierno de avanzar y de no retroceder (…) porque las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir”, anunció el Jefe de Estado.
“En materia de derechos sexuales y reproductivos en septiembre del 2017 la Presidenta Bachelet promulgó la Ley 21.030, que permitió el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Han pasado 7 años y con ese tiempo prudente de evaluación hemos decidido mejorar su aplicación. Así hemos ingresado a Contraloría un nuevo reglamento para esta ley, con ello buscamos garantizar que la población conozca sus opciones, asegurar un derecho que está establecido en la ley, que la objeción de conciencia personal no obstaculice el aborto en estas tres causales y que el lugar donde se viva y la capacidad de pago no sean una barrera para que la atención sea oportuna”, había agregado justo antes.
NEGOCIACIÓN RAMAL
En la propuesta de Constitución de 2022, se consideraba el derecho a sindicalizarse. Esto estaba escrito en el artículo 47, el que en su punto 5 decía: “Se asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponde a las trabajadoras y los trabajadores elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán
aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de trabajadoras y trabajadores”.
Dos años después, el Presidente Boric anunció en su Cuenta Pública del 1 de junio que este año impulsará un proyecto de ley para posibilitar la negociación ramal o multinivel de sectores productivos afines.
“En homenaje a ellos me comprometo con el mundo sindical, tal como acordamos recientemente con la CUT, a iniciar un proceso de diálogo tripartito entre autoridades, trabajadores y empresarios, que culmine a fines de este año con la presentación al Congreso de un proyecto de ley de negociación colectiva multinivel. Esto nos permitiría extender el alcance de la negociación colectiva y otorgar mayor autonomía a las organizaciones sindicales y a los empleadores para resolver los desafíos de un mundo del trabajo que cambia rápidamente”, dijo.
Según ha trascendido, este es el nuevo “caballito de batalla” de la ministra del Trabajo Jeannette Jara, cuya figura se ha desgastado en la tramitación de la reforma de pensiones. En cambio, este nuevo tema, que es altamente valorado por la CUT, la sitúa en un nuevo escenario.
El proyecto de ley se presentaría en octubre y no se vislumbra una tramitación sencilla. De hecho, a fines de agosto, el gobierno dio inicio al mentado diálogo tripartito, pero la mesa comenzó con la ausencia de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC). Esto, porque el gremio afirmó que se trataba de “una mala política pública”.
“El artículo 47 del mamarracho, del texto rechazado, es equivalente al proyecto de ley que presentarán el mes que viene sobre negociación colectiva ramal . Es decir, se rechazó y ahora se impulsa nuevamente”, indica a El Líbero la ex convencional Rocío Cantuarias.
PENSIONES COMO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PÚBLICO
“La ley establecerá un sistema de seguridad social público”. Así se indicaba en el artículo 45 del proyecto de Constitución que rechazaron los chilenos hace dos años, propuesta que causó molestia en parte importante del electorado, pues a juicio de algunos esto abría la puerta a la expropiación de los ahorros previsionales individuales.
“El proyecto de la Convención buscaba establecer un sistema estatal de pensiones sin participación privada, un sistema de reparto estatal. La reforma que el gobierno presentó después del plebiscito, a pesar del contundente rechazo a la norma previsional de ese proyecto, buscaba también esa estatización: un sistema de reparto estatal para parte de las cotizaciones y pavimentar el camino para la estatización de la administración de los ahorros previsionales”, asevera el exconvencional Bernado Fontaine al ser consultado por El Líbero.
El economista advierte que el decidido rechazo ciudadano a la reforma, más la oposición de técnicos y parlamentarios, ha frenado al gobierno hasta ahora. “Pero es un tema inconcluso”, sostiene.
En noviembre del año pasado, en cadena nacional, el Presidente Boric presentó los contenidos del Proyecto de Reforma al Sistema de Pensiones, que propone el fin del modelo de las AFP y la existencia de un seguro social público.
Ese mismo mes, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo que “no hay nada más ideológico que seguir defendiendo la obra de la dictadura a través de las AFP”.
“El reconocimiento de un sistema de seguridad social público es una idea que volvemos a ver en el Proyecto de Ley de Reforma de Pensiones”, explica Cantuarias.
En enero la Cámara Baja aprobó la reforma -con 84 votos a favor, 64 en contra y 3 abstenciones- y la envió al Senado, donde el gobierno no tiene mayoría y donde se espera que la discusión se retome en enero.
«IGUALDAD SUSTANTIVA» A TRAVÉS DE LA LEY ZAMUDIO 2.0
A juicio de Cantuarias, “el fundamento ideológico de la idea de la igualdad sustantiva”, que estaba prevista en el proyecto constitucional que rechazó la mayoría de los votantes, se mantiene en el Poyecto de Ley Zamudio 2.0., al que el Presidente le dio suma urgencia en diciembre.
“Toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Es deber del Estado asegurar la igualdad de trato y oportunidades. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado”, se indicaba en el artículo 25 del proyecto que la ciudadanía se negó a aprobar.
Cantuarias se refiere al proyecto de reforma de la Ley Antidiscriminación, que pasó a comisión mixta en junio. Algunos parlamentarios de oposición consideran incluso que algunos de los preceptos de este texto vulneran diversos artículos constitucionales.
Este proyecto ingresó al Congreso impulsado por el entonces senador Álvaro Elizalde, actual ministro Secretario General de la Presidencia, así como por otros senadores de izquierda.
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DEL INFORME VALECH
Otra polémica que se generó en la opinión pública durante el funcionamiento de la Convención Constitucional emanó de la Comisión de Derechos Humanos de ese órgano, desde donde se propuso el levantamiento del secreto de la información y testimonios incluidos en la Comisión Valech.
Para finales de agosto de 2021, los convencionales debatían si en las normas transitorias del proyecto de Carta Magna se debía incluir el mencionado levantamiento. Finalmente esta idea no quedó en el borrador, precisamente por lo delicado del tema y por la controversia que causó. Incluso el expresidente Ricardo Lagos se manifestó contrario al alzamiento.
Pese a eso, en septiembre del año pasado, para la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre, el gobierno de Boric evaluó una serie de proyectos vinculados al tema de derechos humanos, entre los que incluyó levantar parcialmente el secreto de los testimonios que quedaron incluidos en el mencionado informe.
En la más reciente conmemoración del Día del Detenido y el Desaparecido, el pasado 30 de agosto, el Presidente de la República volvió sobre el tema y anunció el ingreso de indicaciones para levantar estos testimonios.
“Vamos a ingresar las indicaciones para levantar el secreto impuesto por ley a los documentos, testimonios y antecedentes del Informe sobre Prisión Política y Tortura, el Informe Valech, permitiendo el acceso por parte de los tribunales de justicia y el Plan Nacional de Búsqueda”, dijo el Mandatario durante un acto en el Cementerio General.
Esta propuesta del Ejecutivo deja de lado lo establecido en el artículo 15 de la Ley 19.992.
“Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo Nº 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido (…). El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior”, se indica en la ley.
La norma dice más: “Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo (…). La comunicación, divulgación o revelación de los antecedentes y datos amparados por el secreto establecido en el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal”. Esto último es “reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez sueldos vitales
LOS CONSEJOS DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
Otro de los temas que incluía el proyecto constitucional de la Convención y que esta administración recicló son los llamados “consejos de cuenca”. Según la propuesta, estos órganos serían “los responsables de la administración de las aguas, sin perjuicio de la supervigilancia y demás atribuciones de la Agencia Nacional del Agua y de las competencias asignadas a otras instituciones”.
El borrador que fue rechazado señalaba además que debían “integrarse, a lo menos, por los titulares de autorizaciones de uso de agua, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca, velando que ningún actor pueda alcanzar el control por sí solo”.
Pese a la no aprobación por parte de la ciudadanía, en marzo de 2023 en la Conferencia Mundial sobre el Agua 2023, en la ONU, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, presentó en esa instancia “un proyecto de ley para crear los consejos de cuenca”.
El anuncio suscitó diversas polémicas por parte de los usuarios de derechos de agua y entidades regantes. Incluso se acusó al Ejecutivo de intentar “usurpar” la gestión del agua y de actuar “al margen de la ley”.
El mes pasado la ministra volvió sobre este tema y anunció la intención de implementar “consejos de cuencas piloto”. El asunto continuó y en marzo de este año, con colaboración de la Universidad de Chile, se efectuó el lanzamiento del llamado Proyecto Anillo Consejos de Cuencas, instancia que buscaba “acompañar durante 3 años la conformación y puesta en marcha de los pilotos de consejos de cuencas en Chile”. (El Líbero)
