Cuarenta y siete decretos de estados de excepción constitucional de emergencia -43 han requerido del consentimiento del Congreso- se han aplicado en las regiones del Biobío y La Araucanía desde el 12 de octubre de 2021.
En aquella ocasión, el entonces Presidente Sebastián Piñera recurrió por primera vez a la medida para enfrentar actos de violencia, que hoy casi todos los sectores califican de terrorismo.
Han pasado dos años de aquella primera disposición presidencial, que coincidió con una fecha sensible para el mundo indígena y que en una etapa inicial encontró una fuerte resistencia de los parlamentarios de izquierda.
Al asumir el Presidente Gabriel Boric, quien siempre como diputado votó en contra, no renovó la excepción constitucional, que se interrumpió el 26 de marzo de 2022. Sin embargo, siete semanas después, el 17 de mayo de ese año, se vio obligado a reponer el estado de emergencia que permite desplegar a las FF.AA. en tareas de orden público y seguridad interna.
El hecho se convirtió en uno de los grandes giros políticos de la actual administración, cuyos principales líderes fueron críticos de la medida. De hecho, además de Boric, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), y la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), en pocos meses pasaron de ser detractores a ser la cara del gobierno en favor del estado de excepción, al igual que la vocera, Camila Vallejo (PC); el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS); el actual jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, o el mismo exministro Giorgio Jackson. Todos ellos votaron en contra de las renovaciones solicitadas por Piñera. La mayoría eran diputados, salvo Elizalde, que era senador.
En un principio, La Moneda justificó el giro señalando que era un estado de excepción “acotado”. Aquel matiz fue criticado por la derecha. Sin embargo, desde el mismo Ejecutivo admitieron después que ello no implicaba una restricción respecto del despliegue militar que ejecutaba la administración anterior.
Hoy, Boric ha usado esta herramienta constitucional más veces que Piñera y más que cualquier Presidente de la República en años de democracia. Esta semana se aprobó la última prórroga.
De los 47 decretos de estados de excepción para la Macrozona Sur, 36 llevan la firma de Boric. Si a ello se le suman dos solicitudes de renovación para controlar la crisis migratoria en el norte (medida que operó entre febrero y abril de 2022), en total son 38 decretos del actual Presidente.
Según la norma constitucional, el Mandatario puede decretar el estado de emergencia (una de las cuatro situaciones de excepción que contempla la actual Carta Fundamental) por 15 días y renovar por facultad propia por una quincena más, pero en las prórrogas sucesivas debe contar con la autorización del Congreso (de ahí la diferencia entre el total de decretos y las renovaciones visadas por el Parlamento).
El problema es que un mecanismo que es por esencia excepcional se transformó en una disposición permanente. Hoy, tanto en el gobierno como en el Congreso creen que la medida se extenderá por toda la administración de Boric.
“He sufrido una cierta decepción con la política de este gobierno respecto del pueblo mapuche. Pensaba que una nueva generación de izquierda podría tener una mirada distinta. Creo que tenían una mirada un tanto romántica de la situación… En ese escenario soy pesimista de que pueda terminarse con los estados de excepción”, manifestó el senador de La Araucanía Francisco Huenchumilla (DC).
“No vemos ninguna posibilidad de que el estado de emergencia se retire. Por el contrario, lo que se necesita es mayor inteligencia para desarticular a los terroristas”, dijo el senador Felipe Kast (Evópoli), quien representa a La Araucanía y preside la Comisión de Seguridad del Senado.
José García Ruminot, también senador por la Novena Región, cree que “mientras haya grupos armados operando, hay que tener el estado de excepción”.
“Hay incapacidad evidente para resolver el problema. Recordemos que ellos llegaron con soluciones mágicas, cuando la exministra Izkia Siches quiso visitar Temucuicui”, comentó el diputado Andrés Longton (RN), presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara.
“El estado de excepción ha permitido abordar los hechos de violencia rural y sus consecuencias en la población, por lo que hoy es inviable dejar de aplicarlo, pero, sin duda, no es la solución a los problemas más profundos de la región”, señaló José Francisco Montalva, delegado presidencial de La Araucanía.
“Vamos a mantenerlo hasta que sea necesario”, ha dicho constantemente la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).
Entre las razones para mantener el despliegue militar está la disminución de episodios delictivos o terroristas. También hay resultados positivos en materia de condenas y detenidos. Uno de los operativos más relevantes ocurrió el 13 de octubre en un control de ruta que terminó con la detención de cinco personas relacionadas a la Coordinadora Arauco Malleco, entre ellos el sobrino de Héctor Llaitul.
No obstante, la satisfacción de La Moneda no es compartida por algunos parlamentarios oficialistas, que ya comenzaron a descolgarse del apoyo a la medida.
Por ejemplo, los comunistas siempre fueron reticentes a lo que calificaban la militarización del territorio mapuche. No obstante, para no contradecir al gobierno, la línea oficial del PC asumió el deber de votar a favor de las primeras prórrogas decretadas por Boric. Solamente se liberó de la orden de partido a ciertas diputadas que habían sufrido la represión en dictadura.
Pese a ello, en las reuniones de comité político en La Moneda, el PC, a través de sus dirigentes, planteaba habitualmente la exigencia de poner un límite de tiempo. Originalmente, La Moneda barajaba como plazo septiembre de 2022, precisamente hasta el plebiscito constitucional. Sin embargo, con la llegada de Tohá a Interior y la necesidad del gobierno de dar un giro hacia una agenda de seguridad, el estado de emergencia quedó con calidad indefinida.
Ello derivó en una creciente disconformidad del PC y de algunos sectores del Frente Amplio, malestar que hizo crisis el 6 de junio de este año, cuando el gobierno, sin informar debidamente a las bancadas, anunció cambios operativos en el despliegue militar en el sur. Ese día, el PC acordó -como línea oficial- abstenerse, independiente de que algunos de sus diputados ya hace meses venían votando en contra. Desde entonces, los comunistas no han vuelto a apoyar los estados de excepción, al igual que algunos frenteamplistas más críticos con el derrotero del Ejecutivo.
Este desmarque de la izquierda ha rebajado la holgura con la que La Moneda solía aprobar las renovaciones, ya que a ello se ha sumado la decisión colectiva de la UDI de votar en contra, en señal de molestia por el manejo del gobierno en materias de seguridad. La última razón que esgrimieron fue el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones.
BALANCE OPERATIVO
El estado de excepción, sin embargo, no sólo ha generado esquirlas políticas, sino que también operativas.
La colaboración del Ejército con el orden público en la zona comenzó en 2020. Ese año la institución entregó 19 carros Mowag a Carabineros para usarlos en los caminos de difícil acceso, pero, dado que la policía no contaba con la expertise para su manejo, algunos vehículos se dañaron.
Por lo mismo, en marzo del 2021 personal del Ejército comenzó a entrenar a la policía para el manejo de estos carros y su mantención. En centro operativo para esto era la unidad de Carabineros, emplazada en Pailahueque.
En Interior hoy hacen un positivo balance de las operaciones entre Carabineros, el Ejército y la Armada. Según da cuenta el informe N°37 de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior, “la tendencia al alza de los eventos de violencia rural entre 2017 y 2021 fue quebrada en el 2022, registrándose una fuerte disminución de este tipo de eventos. Durante el 2023 ha continuado una tendencia a la baja, concentrada principalmente en la Región del Biobío. Sin embargo, en La Araucanía los hechos registrados son particularmente violentos e incluyen ataques incendiarios y usurpaciones de terreno que, muchas veces, tienen la presencia de individuos encapuchados utilizando armas de fuego”.
Carabineros reporta 340.248 controles: el 67% de ellos son vehiculares y el 33% de identidad, desde el 18 de mayo 2022 hasta el 8 de octubre del 2023. Simultáneamente se ha concretado la detención de 656 personas en el contexto de servicios por el estado de excepción, principalmente por robo de madera.
De acuerdo a este documento de Interior, “la variación 2022-2023 es incidida por la disminución de un 40% en el Biobío y contrarrestada por el aumento de un 12% en La Araucanía. Arauco fue la provincia que más incidió en la disminución de los casos a nivel de provincias con estado de excepción, con un decrecimiento del 37% de los casos”.
En el gobierno, además, destacan el aumento de condenas en terreno judicial. El ministerio y las delegaciones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos intervienen en 859 causas vigentes, con un total de 303 personas nominativamente imputadas, de las cuales 143 están en prisión preventiva. (La Tercera)
