Los problemas para Dilma Rousseff suman y siguen. Es que la justicia finalmente decidió anular de forma cautelar el nombramiento de Luiz Inacio Lula da Silva como nuevo ministro de Casa Civil.
El ex mandatario alcanzó a ser secretario de Estado apenas 40 minutos.
El juez Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, tomó la decisión y sugirió que Rousseff podría haber cometido un delito y argumentó que si Lula asume el cargo de ministro, tendrá poder para realizar una «intervención indebida y odiosa» en la Policía, la Fiscalía y el poder judicial.
En su sentencia, el juez también señala que Rousseff podría haber incurrido en un delito de «responsabilidad» al nombrar a Lula, puesto que la ley veta al presidente de la República cometer actos contra «la probidad» de la administración pública.
La asunción de Lula se produjo en un clima de extrema polarización política en Brasil, especialmente tras la divulgación de una serie de audios que dejan al descubierto la intención del gobierno de proteger al ícono del Partido de los Trabajadores (PT) de las investigaciones derivadas del escándalo Petrobras.
El arribo de Lula al gobierno tenía como misión frenar la cada vez más probable impugnación de Rousseff y también diseñar un plan para reactivar la debilitada economía.
Sin embargo, la llegada del ex mandatario no fue bien recibida por todos. La oposición convocó a los parlamentarios y a la población a manifestarse en contra de la decisión.
Anoche había 1.500 manifestantes frente al palacio de Planalto, según cifras de la Policía Militar del Distrito Federal, mientras adentro la mandataria se reunía con parte de su gabinete. Medios locales daban cuenta de otras protestas en varias ciudades del país.
Las protestas aumentaron en la noche tras la publicación de los audios y se prolongaron esta mañana en medio de la juramentación de Lula.
