La encuesta Plaza Pública Cadem de este lunes, dio a conocer que la aprobación y desaprobación a la presidenta Michelle Bachelet continúa manteniéndose en niveles similares a las semanas previas, pese al extenso paro que ha afectado al Registro Civil.
La aprobación a la mandataria alcanzó 28%, subiendo un punto respecto a la semana anterior y llegando a la misma cifra registrada el 9 de octubre.
En tanto, la desaprobación aumentó un punto al 63%, siguiendo la tendencia de las últimas encuestas.
Por su parte, la aprobación del gabinete ministerial subió un punto hasta el 21%, y la desaprobación bajó la misma cantidad a 65%.
La medición también consultó sobre el paro que sostienen los funcionarios del Registro Civil, el cual se extiende desde el pasado 29 de septiembre.
Al respecto, 58% indicó que no se ha visto afectado o afectada por la paralización, versus 41% a quienes sí ha perjudicado.
Asimismo, 65% opinó que los trabajadores deberían volver a trabajar antes de seguir negociando con el Gobierno, y 30% apoya que sigan el huelga.
En ese sentido, 52% considera que las demandas de los empleados son justas y pueden ser pagadas por el Estado, versus 36% que opina lo contrario.
Sobre el rol de las autoridades en la movilización, 68% cree que el Gobierno no está haciendo todos los esfuerzos necesarios para solucionarla, y 23% estima que sí.
A su vez, el gabinete ministerial registró variaciones, pues quienes aprueban su trabajo escalaron del 20% al 21%, y su desaprobación bajó entre la ciudadanía consultada del 66% al 65%.
En lo que dice relación con el tema del cambio constitucional, la cosa se mantiene en una progresión interesante, ya que quienes apoyan un cambio de la Carta Fundamental fueron del 71% al 77%, yquienes la rechazan bajaron del 18% al 14%.
Respecto de la prioridad de ese cambio, un 61% de los encuestados considera que el tema es muy o bastante prioritario, el 17% cree que esto es algo prioritario, y el 18% piensa que ese cambio es poco o nada prioritario.
En relación al mecanismo que debe utilizarse para cambiar la Constitución, los que piensan que el Gobierno, junto con el Congreso y los expertos deben redactar la nueva Constitución política y que esta sea aprobada a través de un plebiscito suman un 49%, y los que estiman que una Asamblea Constituyente de ciudadanos electos debe redactar y aprobar la nueva Constitución llegan al 43%.
